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Un condenado y siete encausados en las listas municipales de la provincia de Córdoba

Cinco fuerzas políticas (PP, PSOE, IU, Unión Cordobesa y un partido local) llevan en sus candidaturas para las elecciones municipales en la provincia de Córdoba a personas con causas penales abiertas.

Rafael Gómez, ‘Sandokán’, se presenta estando ya condenado por cohecho en el Caso Malaya pero no es el único ejemplo de un procesado que forma su propio partido para optar a la alcaldía.

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Candidatura de Unión Cordobesa que encabeza el empresario Rafael Gómez condenado por el Caso Malaya. (Foto. UCOR)

Candidatura de Unión Cordobesa que encabeza el empresario Rafael Gómez condenado por el Caso Malaya. (Foto. UCOR)

Aunque de un tiempo a esta parte la lupa mediática y de la ciudadanía está puesta sobre la respuesta que los distintos partidos políticos dan a los casos de corrupción y otros procesos judiciales en que se ven envueltos sus miembros, sigue habiendo casos de candidaturas para las próximas elecciones municipales que están integradas por personas investigadas y con causas penales abiertas relacionadas con sus cargos.

En Córdoba y su provincia, se contabilizan al menos ocho casos en las listas de cinco fuerzas políticas. El más llamativo es el protagonizado por el empresario y actual concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez ‘Sandokán’, que vuelve a presentarse como cabeza de lista de Unión Cordobesa (UCOR) -el partido creado a su imagen y semejanza- pese a estar condenado a seis meses de prisión por un delito de cohecho en el Caso Malaya desde su actividad privada.  Gómez espera aún la sentencia firme del Tribunal Supremo, al que recurrió tanto él como la Fiscalía, pero el retraso del alto tribunal ha posibilitado que el empresario concurra a la alcaldía de Córdoba.

Gómez, además, está encausado por un presunto delito fiscal por impago de unos 70 millones de euros a Hacienda desde sus empresas. Y, fuera de las causas penales, el empresario es el mayor deudor del Ayuntamiento al que aspira al deber 20 millones de euros de una multa por construir ilegalmente unas naves.

Pero el caso de Rafael Gómez no es el único en la provincia de Córdoba de un candidato a la alcaldía que se presenta con su propio partido pese a estar encausado en procesos judiciales. También es el caso de la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo por el PSOE, Luisa Ruiz, detenida en la denominada ’Operación Rocket’ e imputada por un delito contra la administración pública, fraude y falsedad documental en relación a la gestión de los Fondos Miner. Ruiz puso su cargo a disposición del PSOE, quien la descartó para formar parte de la candidatura socialista a las municipales. Pero la exalcaldesa ha creado su propia formación política, Unión Democrática Peñarriblense, con la que se presenta como cabeza de lista a la alcaldía de su pueblo.

En otra población de la provincia cordobesa, Encinas Reales, a falta de uno, hay dos candidatos enfrentados e imputados. Se trata del actual alcalde, Juan Víctor Prieto (PP) y del portavoz socialista y exalcalde, Gabriel González, quienes se denunciaron mutuamente por supuestas irregularidades en la gestión de obras públicas. Ambos tuvieron que declarar ante el juez en calidad de imputados en un caso altamente politizado. El candidato del PSOE repite en estas elecciones municipales como número uno de su lista pese a que se le imputan dos supuestos delitos de prevaricación y malversación por la gestión de los fondos Proteja de la Junta de Andalucía en la localidad. Mientras, el actual alcalde del PP ha cedido la cabeza de la candidatura pero ocupa el segundo puesto de los populares para los comicios del 24 de mayo, a pesar de que se le imputa un presunto delito de malversación por las obras de la casa de la cultura.

Encausados en otros procesos judiciales

En Nueva Carteya, el número cuatro de la lista de IU, Francisco Pérez, se encuentra procesado por un presunto delito de tráfico de influencias y revelación de secretos en el caso de un supuesto amaño para hacerse con una plaza de bombero en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, de forma fraudulenta, según ha hecho constar el juez instructor del caso. La dirección provincial de IU ha obligado al candidato a firmar un documento interno en el que se compromete a no tomar posesión de su acta de concejal si sale elegido el 24 de mayo. 

Una cabeza de lista que sigue al frente de su candidatura pese a encontrarse incursa en una investigación penal es la actual alcaldesa de Almodóvar del Río. María Sierra Luque (IU), imputada por un presunto delito de prevaricación al conceder una licencia urbanística, todo ello dentro de un proceso judicial en el que fue denunciada por el Club Náutico de la localidad, con quien ha mantenido varios pleitos abiertos. 

Por su parte, en el municipio de La Rambla, el actual alcalde Juan Jiménez (IU) fue imputado por haber cometido presuntas irregularidades en contratos de empleo público entre 2011 y 2012. Jiménez ha sido apartado de la cabeza de la candidatura que presenta Izquierda Unida en este municipio pero sí forma parte de la lista como reconocimiento a su labor de alcalde en estos cuatro años. 

En Puente Genil, el denominado ‘Caso Edu’ relacionado con irregularidades en cursos financiados por la Junta de Andalucía puso contra las cuerdas al exalcalde y parlamentario andaluz por IU, Manuel Baena. Imputado policialmente, Baena se dio de baja como militante en la fuerza de izquierdas, pero de cara a las elecciones municipales vuelve a integrar simbólicamente la lista de IU en su pueblo.

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