El jurado popular por la 'patera de la muerte' arrancará el 19 de septiembre en Audiencia Provincial

La Sección Segunda ha señalado el juicio contra A.N.B., quien enfrenta una petición fiscal de 90 años de cárcel, en tres sesiones, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, que han precisado que se está intentando localizar a los testigos de los crímenes, quienes fueron internados en el CIE de Algeciras (Cádiz) tras el rescate.

El ciudadano camerunés está acusado de matar por “motivos religiosos” a seis personas que viajaban junto a él en esta patera a la deriva y a quienes habría arrojado por la borda al mar tras golpearles en repetidas ocasiones con tablones de madera arrancados del fondo rígido de la embarcación.

A.N.B. cometió presuntamente los seis homicidios en compañía de un amigo de “fuerte complexión” que también iba a bordo de la embarcación en la madrugada del 5 de diciembre de 2014 aunque, en el transcurso de la investigación, el coacusado falleció mientras estaba ingresado en el centro penitenciario de El Acebuche de Almería.

El Ministerio Público, en su escrito de calificación provisional, considera al único procesado por la conocida como 'patera de la muerte' presunto autor de seis delitos de homicidio con la agravante de motivos religiosos o creencias de la víctima e interesa por cada uno de estos delitos penas individuales de 15 años de prisión.

Según recoge, A.N.B. perpetró supuestamente los crímenes ya que “culpaba” del “oleaje y del temporal que estaba haciendo zozobrar la patera en alta mar” a los “rezos de un pastor católico a bordo, y a los amuletos y cinturones tribales de protección espiritual” que portaban algunos de los ocupantes de la embarcación.

Cabe recordar que los supervivientes de la travesía, quienes habían partido de la costa de Nádor (Marruecos), narraron al ser rescatados por efectivos de Salvamento Marítimo que, en la travesía, perdieron la vida entre 15 y 30 personas, entre ellos al menos siete bebés.

El Ministerio Público indica que el procesado se puso de acuerdo con su amigo fallecido y se “armó” supuestamente con unos tablones de madera que había arrancado del fondo rígido de la zódiac “con la intención de quitar la vida” a los que profesaban “creencias a las que eran contrarios”.

En primer lugar, según detalla, habrían comenzado a “golpear en la cabeza al pastor”, a quien “hirieron de gravedad para, luego, arrojarlo al mar”.

A continuación, A.N.B. procedió presuntamente a “revisar” a los pasajeros “para comprobar si portaban amuletos o cinturones tribales espirituales”. A quienes se los encontró, “los golpeó igualmente con los palos, arrojándolos al mar para acabar con sus vidas”.

SIN CUERPOS Y SIN IDENTIDAD

El fiscal le imputa la muerte directa de seis seres humanos, cuyos cuerpos --remarca-- “nunca pudieron ser encontrados” y cuya identidad “no se pudo averiguar” al tiempo que subraya que el procesado “era consciente de que las víctimas no podrían sobrevivir y que fallecerían, bien ahogadas, bien de frío, o bien debido al menoscabo de la integridad física que les había producido”.

“A.N.B. era consciente de la baja temperatura del agua, lo embravecido del mar, la lejanía de la costa, y la ausencia de embarcaciones cercanas que los pudieran auxiliar, así como de que la gran cantidad de ropa que llevaban los pasajeros debido al frío, una vez mojada, supondría demasiado peso y les hundiría, impidiéndoles flotar”, añade.

La Policía Nacional detuvo al procesado y a su amigo un mes después de los hechos cuando ambos estaban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras (Cádiz) al que habían sido trasladados, junto una gran parte de los 29 rescatados, entre ellas una menor de tres años, única niña superviviente.

El arresto se produjo, en principio, por la muerte, de entre siete y diez personas que habrían sido arrojados al mar. De la embarcación desaparecieron además, según las primeras declaraciones de los testigos, 21 de sus 50 ocupantes, entre ellos al menos siete bebés, aunque la instrucción judicial llegó a elevar esa cifra a 30 personas.

Las primeras pesquisas de los investigadores confirmaron que la embarcación había partido desde Nador en la tarde del día 3 de diciembre con unas 50 personas y que casi la mitad de la expedición había perecido durante la travesía, con lo que se estableció un dispositivo para su localización por parte de las autoridades marítimas que sólo fructificó a los días cuando se encontró un cuerpo frente a las costas de Motril (Granada) que fue recuperado por Salvamento para su identificación.

Los supervivientes fueron atendidos por Cruz Roja y posteriormente trasladados al CIE, donde los agentes obtuvieron una primera declaración de uno de los testigos en la que se apuntaba a una discusión entre los viajeros durante el trayecto.

No obstante, los investigadores no pudieron obtener mas datos y decidieron no continuar con el interrogatorio ya que este se encontraba visiblemente traumatizado por lo sucedido y no pudo explicar los motivos por los que habían fallecido quienes habían sido sus compañeros de travesía

“ATERRORIZADOS”

Avanzadas las pesquisas, varios testigos afirmaron que, antes de que fuesen arrojadas por la borda, los dos ciudadanos cameruneses habían sustraído a las víctimas alrededor de 1.500 euros, cantidad que coincidía con el dinero que uno de los dos llevaba consigo al ser rescatados. Además, los agentes observaron cómo los rescatados no se relacionaban con ellos y, además, mantenían una actitud temerosa hacia ellos.

Finalmente, tres de los testigos explicaron a los agentes cómo se habían producido los hechos y relataron que, si bien el empeoramiento de las condiciones meteorológicas había producido malestar en la embarcación, el detonante de la disputa se produjo cuando un pastor nigeriano, cristiano, comenzó a rezar por miedo al naufragio.

Concluidas las declaraciones, los testigos supervivientes no pudieron dar a los investigadores un número concreto de víctimas dado que los hechos ocurrieron de noche, con mala visibilidad y, sobre todo, debido al “terror” que experimentaron por lo que estaba sucediendo.

La investigación fue desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de Almería y de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Algeciras.