Dos años del veto ruso: juegos de guerra con el mercado agrario
El día 7 de este mes se cumplen dos años desde que el Gobierno ruso decidiera vetar las importaciones de una serie de productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea, entre los que se incluye frutas y verduras, carnes, pescados y lácteos.
Era una represalia por las sanciones (en los sectores bancario, energético y de defensa) tomadas por distintos países, entre ellos los comunitarios, por el apoyo de Moscú a los separatistas prorrusos sublevados en el este de Ucrania.
Lo que en un principio parecía que iba a ser para un año se ha ido ampliando y en el mes de junio el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, anunció la prórroga por un año y medio más, hasta finales de 2017, del embargo que no sólo afecta a la UE, sino también a Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Noruega, y desde 2015 a Albania, Montenegro, Liechtenstein y Ucrania.
En España, Andalucía es la comunidad autónoma que más productos hortofrutícolas exporta, con 3.076 millones, el 64 % del total, en los primeros cinco meses de 2016. Para ella, Rusia suponía un 10 por ciento del total de sus ventas al extranjero, además de un gran mercado potencial. Tras el susto inicial, la solución apuntaba a buscar mercados alternativos.
Algo siempre difícil, según Miguel Cobos, secretario general de UPA-Andalucía, porque “donde queremos ir o no hay poder adquisitivo, o no hay costumbre de consumir esos productos o ya hay otros proveedores situados”.
Cuando se cierra un país a diversos productores todos hacen lo mismo y el mercado se satura de tomates, pimientos, naranjas…, con lo que los precios, ya de por sí reducidos, bajan hasta dejar de ser rentables.
En 2014, cuando se conoció la prohibición, otros productores, grandes abastecedores de Rusia, como Polonia o Holanda colapsaron el mercado europeo congestionándolo, de forma que se podían encontrar cajas con el etiquetado de destino a Rusia en Mercamadrid, según explica Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG Andalucía.
De hecho, desde que comenzó el veto, en 2014, los precios han bajado un 23 por ciento, según Francisco Vargas, responsable nacional del sector de hortalizas de Asaja y presidente de Asaja Almería. En 2014 y 2015 el precio se redujo un 10 por ciento y en 2016 un 3 por ciento. Además la rentabilidad del producto tiene una tendencia a la baja, con un descenso del 11 por ciento desde 2014.
Los productos andaluces que se ven más afectados son el tomate, en concreto, y los hortofrutícolas en general, y por provincias Almería, Granada y Huelva.
Las ayudas públicas para retirar los productos del mercado y hacer que suba el precio no están dando muchos resultados. De hecho, de los 22 millones de kilos que Europa asignó a España para su retirada solo se han alcanzado nueve millones de kilos.
El entramado para la retirada es complejo, según Vargas. Por un lado, los agricultores se topan con la burocracia, siempre farragosa, y por otro, cuando la retirada de producto se destina a ONGs, estas no cuentan con infraestructura para recibir los alimentos perecederos. Si, por otro lado, el destino de esos alimentos es el vertedero, éste les sale más caro al agricultor que el dinero que va a recibir de Bruselas por su retirada. En conclusión, gran parte de los alimentos acaban en el mercado, complicando la situación al resto del sector.
Miguel Cobos insiste en que “nos encontramos en una situación injusta que está teniendo repercusiones sociales y en el empleo” y “como siempre por problemas políticos que no han tenido que ver con la agricultura”.
Asegura, que “estamos pagando el pato” por los conflictos de otros y esa salida de menos productos al mercado ruso “está haciendo que llevemos dos años con precios inferiores. Mayor oferta, misma demanda”.
Pide a la UE que presione para que se levante el veto, que negocie, que busque aliados, y que cuando haya sanciones políticas se aseguren de que lo paguen políticamente y las consecuencias de sus actos no afecten a sectores tan sensibles como el agroalimentario.
Los productores hortofrutícolas españoles han padecido el veto no sólo por la supresión de las ventas directas a Rusia, sino también por las cantidades que eran enviadas a otros países europeos para posteriormente reenviarlas a la Federación rusa.
COAG Andalucía en una reunión con la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, planteaba la situación crítica del sector hortofrutícola, debido a la coincidencia de diversos problemas, que han afectado seriamente a su rentabilidad, entre ellos el veto ruso, que se une a la crisis de precios, incremento de los costes de producción, apertura del mercado europeo a competidores de terceros países y desajustes de calendarios de producción debido a incidencias meteorológicas.
Ante ello critican la ineficacia de los mecanismos comunitarios de gestión de crisis, que en muchos casos, no se utilizan, ya que las empresas de comercialización, presionadas por la distribución comercial, acaban mandando todo el producto al mercado, incluso sin asegurar un precio al productor.
Así, por ejemplo, hay empresas que, para no perder cuota de mercado, han liquidado productos a un precio inferior al de retirada por el veto ruso, como ha ocurrido con el pepino, vendido a 0,07-0,08 euros.
Y a río revuelto, los beneficiados son el resto de países que no se ven afectados, como Marruecos, el norte de África, incluso Turquía, que aprovechan para hacerse con un mercado, a pesar de tener productos de peor calidad que el español.
Es la geopolítica de una Europa, que hace un cóctel de sus medidas defensivas, económicas y sociales. Una mezcolanza que el consumidor ruso puede ver en las estanterías de sus supermercados, que cambian el origen de sus productos dependiendo de las rencillas de sus dirigentes.
