“Campamento abuelo Carlos”, la lucha vecinal en Huelva para evitar el desahucio de dos ancianos
Un tenderete que da sombra permanente y un par de tiendas de campaña están colocados de forma permanente desde el pasado viernes frente a una hilera de viviendas en la barriada Marismas del Odiel de Huelva, una serie de casas aún sin estrenar que forman parte del programa “Casa por Casa” de la Junta de Andalucía, adjudicadas a sus futuros propietarios, pero de las que todavía sólo hay una ocupada.
En ella vive desde este viernes un matrimonio de 85 y 77 años de edad, Carlos Albendiz y Dolores Flores y su hijo, aunque lo han hecho tirando la puerta abajo para ocupar una vivienda que tienen adjudicada hace cinco años, obligados por el incendio que destruyó completamente el pasado jueves la casa en la que vivían.
Los acontecimientos se precipitaron la pasada semana, como explica a eldiario.es/andalucia uno de los promotores del campamento, Ramón López, que concreta que “la casa en la que vivía era infrahumana, como la de la mayor parte de las personas que se les ha adjudicado aquí una vivienda, bastó para que una rata royese los cables eléctricos para que se provocase un cortocircuito que hizo que se quedasen sin nada”.
A partir de ahí, tomaron la decisión de entrar por la fuerza en la vivienda que consideran que es suya, porque la tienen adjudicada desde hace varios años, aunque la Junta apunta a que todavía no han terminado la tramitación necesaria para poder vivir en ella legalmente. Como alternativa, Fomento asegura a este diario que se le ha ofrecido ocupar en una vivienda de la Junta mientras todo se termina de aclarar en despachos.
Hasta llegar a la situación actual, este matrimonio vivía en la barriada de Santa Lucía, en unas viviendas muy humildes que la Junta va a permutar por las ya terminadas. El viernes pasado se llegaron a vivir escenas de tensión en torno a la casa que ocupa el matrimonio, con agentes policiales cuya labor fue rechazada por los vecinos, y visita posterior a la vivienda de los delegados de Gobernación y Fomento, Francisco José Romero y María José Bejarano.
Ambos le ofrecieron ocupar una vivienda de la Junta mientras todo se aclara. Ellos sostienen que les dijeron que podían irse a un albergue, versión que rechaza el Gobierno andaluz. Todo ha desembocado a que haya apostadas a las puertas de la urbanización una veintena de personas de forma permanente en distintos turnos, mientras el matrimonio y su hijo se han instalado en su nueva casa, aunque aseguran que la Policía les ha impedido que instalen una puerta nueva que un partido político onubense les ha regalado. La Policía Local, además, reclamaba este lunes la documentación a los periodistas que intentaban acceder a la vivienda para hablar con sus moradores.
“No sé cómo agradecerlo”
Carlos, a sus 85 años, lleva ya bastante tiempo jubilado de su trabajo de conductor de camiones y autocares, que recuerda que inició el 3 de enero de 1953, una fecha que no podrá olvidar, porque en su primer día de trabajo tuvo un accidente y volcó la carga de pescado que llevaba por culpa de una nevada a la altura de la localidad onubense de Niebla.
Su precaria situación económica le hizo vivir en una de las casas que ahora se van a permutar por las de la Junta, pero el proceso no ha terminado todavía. No obstante, en medio de la alegalidad de su situación, asegura que “no sé cómo agradecer a la gente lo que está haciendo por nosotros”, destacando lo espontáneo que ha sido el movimiento social que le está dando amparo.
No obstante, lamenta que la Policía no le esté permitiendo cambiar la puerta de su casa, sustituyendo a la que rompió para entrar “en mi propia casa”, y confía en que todo se termine por arreglar.
Junta dice que no han terminado la documentación
Desde la Junta de Andalucía se ha explicado a eldiario.es/andalucia que la situación se quiere normalizar cuanto antes, pero poniendo el acento en que “ellos son adjudicatarios de las viviendas, no propietarios”, un matiz que se basa en que este matrimonio, como el resto de los adjudicatarios, no han querido pedir la subvención indispensable para poder compensar el valor de la vivienda permutada (unos 20.000 euros) por la que van a ocupar (unos 70.000).
Aclara la Junta que para que un bien público pase a manos privadas, como en este caso, es indispensable que pidan una subvención por la diferencia de precio que les será concedida automáticamente. Pero los adjudicatarios no quieren, porque eso les generaría un gravamen en la declaración de la RENTA del año siguiente de unos 10.000 euros por parte del Gobierno central, y muy pocos pueden hacer frente a ese desembolso.
Como solución, se ha registrado una Proposición no de Ley para que el Gobierno tenga en cuenta casos excepcionales como el de este matrimonio y se pueden acoger a exenciones fiscales concretas.
Mientras el Gobierno se pronuncia, se les ha ofrecido una vivienda en la barriada de La Hispanidad, que han rechazado, y en estos días se les ofrecerá una segunda más cerca de donde han vivido hasta ahora. Todo, con el fin de ganar tiempo, evitar un desahucio y proceder a la ocupación de la casa de forma totalmente legal.
