'Stop manta', la campaña de dos ayuntamientos de la costa andaluza que disuade de comprar al inmigrante
Nueve de la noche en el paseo marítimo de Islantilla (Huelva) que separa la playa de los complejos hoteleros y urbanizaciones de segunda residencia. Decenas de 'manteros' esperan que el coche patrulla de la Policía Local pase de largo para desplegar sus productos. A sus espaldas, varios carteles que, bajo el lema 'Stop manta', tratan de disuadir a los turistas y visitantes de comprarles sus artículos. El centro comercial, a solo unas decenas de metros, sigue abierto y con un continuo entrar y salir de gente. Igual que los puestos de los inmigrantes de origen africano, en los que se paran continuamente residentes y veraneantes.
“La gente tiene libertad para comprar donde quiera”, dice uno de los senegaleses. La mancomunidad, que componen los ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina, ha puesto en marcha este verano esta nueva campaña que asocia la actividad de estos inmigrantes con “redes de delincuencia”, “talleres clandestinos” y, principalmente, “perjuicio al comercio local”, como reflejan los carteles, tanto en español como en inglés.
Los agentes que patrullan la zona explican que “es muy difícil de erradicar” esta forma de venta ambulante. La “falta de personal” hace imposible que los 'manteros' vuelvan a ocupar el paseo para tratar de vender sus productos. “Nos mandan las cajas de Turquía y, lo mismo que los dueños de las tiendas, tratamos de ganar algo de dinero para pagarnos la luz, el agua, etc. Cuando no hay trabajo, tenemos que buscarnos la vida”, explican los africanos, procedentes de Senegal, Guinea Conakry o Malí, que proceden de Sevilla durante estos meses estivales, según comentan.
La responsable del área de Turismo de la Mancomunidad de Islantilla, Sandra Villafaina, incide en que la campaña pretende “concienciar a la gente de a quién está comprando realmente”. Según explica, llevan varios años tratando de atajar este fenómeno y que han acudido a esta vía disuasoria tras comprobar que era “imposible” controlarlo por lo que “hemos optado por dirigirnos directamente al ciudadano”, esperando un cambio de actitud en el comprador.
Aún sin resultados de esta campaña, Villafaina señala que las investigaciones de la Guardia Civil han constatado con anterioridad a su puesta en marcha que “existe toda una trama detrás de estas ventas” y que los inmigrantes “desembarcan” en la zona en furgonetas para luego aportar la recaudación a otras personas.
Acerca de si la campaña pueda estar de alguna forma criminalizando a personas en situación irregular que no tiene otro medio de subsistencia, Villafaina señala que “aquí no estamos ganando del pobrecito que trata de ganarse un dinero”, dice, sino que se está provocando “un daño” a los comerciantes de la zona y unas “molestias” a las personas que tratan de acceder a la costa o que estén descansando junto al mar, que “tienen que soportar un continuo tránsito de gente tratando de venderles cosas en la playa”.
La representante de la mancomunidad añade que, hace ya tiempo, se optó por permitir, con el pago de una cuota, que hasta 23 puestos se pudieran colocar a los pies del centro comercial con “productos artesanos”, en virtud de “un acuerdo” con los empresarios del lugar, incluso dando pie a que igualmente lo hicieran los propios negocios con tienda para bajar hasta el paseo para vender sus artículos. Ambas partes, tanto empresarios como artesanos, se han mostrado “en contra” de la venta ambulante por parte de los inmigrantes de origen africano.
“Qué bueno si como sociedad de verdad nos preocupa la explotación. Para mí, hay un grito evidente y no se oye: vías legales y seguras. Las mafias son el fracaso de nuestros estados”, opina Sonia Díaz, responsable de la ONG Oxfam Intermón en Andalucía. “Claro que hay desprotección para todos, sobre todo para las personas a las que abocamos a arriesgar literalmente sus vidas y además después condenamos a estar situación irregular. Sobra decir que, por ende no pueden conseguir empleo regular y, en círculo vicioso, no pueden regularizar su situación, y todo les conduce al trato policial (detenciones, antecedentes...)”.
“Pequeños comercios, consumidores, y migrantes estamos más cerca entre sí del imaginario que asumimos (que sirve a otros intereses, no podemos ser sus aliados, y lo estamos siendo). Sin duda alguna, no somos competencia entre nosotros. Ninguno de los tres colectivos amenaza con excluir a otro. El de consumidor/a es el más ”riesgoso“, porque depende de cómo consumimos podemos estar afianzando un modelo que nos excluye: al pequeño comercio, a la gente que migra, y a los consumidores”, opina Díaz.
La campaña, en todo caso, tiene precedentes muy similares en el también municipio costero de Fuengirola (Málaga) o en la costa de Tarragona.
