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El juez halla indicios de prevaricación y cohecho contra el concejal de Urbanismo de Marbella

El magistrado Gómez Torres también aprecia en Pablo Moro un posible tercer delito contra la ordenación del territorio, tras una denuncia del Seprona de la Guardia Civil.

Se investiga si el concejal pudo recibir algún tipo de recompensa, dádiva o soborno, a cambio de no paralizar las obras ilegales.

IU pidió en el pleno del viernes su dimisión y el PSOE que comparezca públicamente.

El portavoz del PP respaldó al edil: "Se trata de ver si falta un papel o no".

La alcaldesa guarda silencio y deberá decidir si lleva a un imputado en su lista electoral.

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Pablo Moro

Pablo Moro, tras declarar ante el juez el pasado jueves / Foto: marbellaconfidencial

El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro, afronta una difícil travesía judicial tras su declaración como imputado de este jueves por no paralizar una serie de obras ilegales que se acometieron en el club Funky Budha Beach de la playa de El Pinillo entre febrero y julio pasado. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, Miguel Ángel Gómez Torres, aprecia indicios de tres presuntos delitos contra él: prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.

Así se desprende del auto dictado por el magistrado el pasado 24 de octubre, previo a su declaración y al que ha tenido acceso marbellaconfidencial. El instructor sostiene, sobre la "relevancia penal" de los hechos denunciados, que éstos "se califican indiciariamente como constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio", reza el documento de siete folios de extensión.

Gómez Torres, tras hacer constar la "verosimilitud" de los indicios criminales, argumentó la necesidad de "llamar inmediatamente a declarar en calidad de imputado" al edil de Urbanismo, sin que ello supusiera ninguna "infracción de garantías constitucionales", en contra del escrito que presentó el abogado del edil, Enrique Sánchez, jefe de la asesoría jurídica municipal, como letrado externo y alto cargo de confianza  del PP.

El instructor apreció numerosas irregularidades

El auto, donde el instructor aprecia "todas estas irregularidades" en la actuación de Moro por omisión de sus obligaciones para cumplir con la legalidad urbanística, al dejar de firmar dos decretos y otros dos borradores de decreto, ha supuesto un jarro de agua fría para el equipo de gobierno que preside Ángeles Muñoz. Ha sido la respuesta del juez a la defensa, que había tratado, sin éxito, de revocar la imputación tras recibir la notificación para que Moro compareciera.

En su resolución para mantener y argumentar con solidez la imputación de Moro, el titular del Juzgado 5 añadió un tercer delito a los que denunció en su momento el grupo municipal socialista en el Consistorio marbellí. Se trata del delito contra la ordenación del territorio.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se personó en los terrenos y levantó acta de  denuncia de diversas irregularidades, al haberse ejecutado sin licencia. Parte del suelo es no urbanizable y ocupa zona de deslinde marítimo-terrestre.

Hasta ahora no había trascendido que el abogado que representa a la acusación popular, Jaime Olcina, había formulado denuncia por delito de cohecho contra Moro en agosto, cuando se dirigió a la Fiscalía de Málaga, además del ya sabido tipo penal de la prevaricación, por hacer caso omiso a un total de cuatro informes- tres de ellos del inspector Manuel del Río- que instaban la paralización de las obras. Se trata del funcionario apartado de su puesto y finalmente repuesto por la alcaldesa, al anular el decreto del coordinador de Personal, Carlos Rubio.

No fue hasta el 8 de septiembre, después de tener conocimiento de su imputación, cuando Moro firmó un decreto imponiendo a Adventure Beach S.L. una multa coercitiva de de 21.990 euros. Al juez le llama la atención que el borrador de decreto que Moro recibió de Disciplina Urbanística, para proceder a dicha sanción, tenía fecha de 13 de agosto y el 18 de ese mismo mes se devolvió sin firma. Fue el único de los decretos devueltos sobre numerosos asuntos que no llevaba la rúbrica del edil.

El juez Gómez Morales investiga ahora si el concejal de Urbanismo pudo recibir algún tipo de dádiva o recompensa por parte de algún responsable de la empresa Adventure Beach S.L. encargada de la explotación del polémico club de playa. De esa forma se podrá esclarecer finalmente si Moro cometió la modalidad del llamado cohecho pasivo, que personaliza la autoridad o cargo público que recibe la recompensa, dádiva o soborno, según han informado fuentes judiciales consultadas.

IU pide la dimisión de Moro y el PSOE una comparecencia

El candidato de Izquierda Unida y concejal, Miguel Díaz, pidió este viernes durante el pleno ordinario la dimisión de Moro porque, según dijo, "Marbella no puede tener un concejal de Urbanismo imputado, como en la era GIL". En su opinión "resulta intolerable que en un municipio paradigma de la corrupción urbanística Moro siga en su puesto un minuto más, después de que un juez ratifique su imputación".

El concejal no adscrito, Enrique Piñero, se sumó a la petición de dimisión, mientras que el portavoz del PSOE, denunciante de los hechos, José Bernal, pidió una comparecencia pública de Moro para aclarar este asunto. El también candidato socialista acuso al concejal de Industria, José Eduardo Díaz, de "connivencia" y se preguntó si este concejal advirtió a la junta de gobierno local en la que se dio la licencia al Funky Budha sobre las órdenes de paralización que recaían sobre el recinto.

Moro guardó silencio durante la sesión plenaria, a pesar de la petición insistente de la oposición para que diera explicaciones. También permanece callada hasta ahora la alcaldesa. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, defendió la actuación y presunción de inocencia del edil de Urbanismo y se refirió a que "era una obra legalizable y está legalizada".

Romero explicó que "estamos hablando de un mero trámite, de si falta un papel o falta otro", minimizó. A tenor de sus palabras no parece que Romero, abogado de profesión, haya leído el auto del juez instructor fechado el 24 de octubre pasado.

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