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Mercasevilla, daños colaterales del caso ERE: de prejubilados a investigados

El juzgado empezará el 2 de junio a tomar declaración a nueve de los 40 extrabajadores del mercado de abastecimientos que se acogieron al plan de prejubilación de 2007

La sociedad, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla, les reclama los "excesos en la indemnización" que les fue abonada

En 2009, la Junta se desligó de la financiación del ERE al descubrirse la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo a fondos autonómicos

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Mercasevilla reclama "los excesos pagados" a los prejubilados del ERE de 2007 "previa conciliación"

Nunca pensaron que aquella conversación entre los entonces gerentes de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) y dos empresarios del grupo hostelero La Raza les llevaría a dejar de cobrar la prejubilación que habían acordado con la empresa y, posteriormente, a tener que declarar en los tribunales como investigados. Aquel cohecho, resuelto ya por el Supremo, derivó en lo que desde hace años se conoce como el caso de los ERE al descubrirse las primeras prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo promovidos en el mercado central de abastecimientos en 2003 y 2007. Pero hay otra parte, la de 33 extrabajadores reales que se acogieron en 2007 al segundo de los planes. Nueve de ellos, a quienes Mercasevilla abonó premios por servicios por valor de más de 281.000 euros, están siendo llamados por percibir "excesos en la indemnización "acordada.

Estos nueve extrabajadores de Mercasevilla empiezan a declarar este próximo 2 de junio como investigados, según la nueva nomenclatura judicial. "Ahora resulta que los únicos responsables de que el plan de prejubilación de 2007 de Mercasevilla fuera declarado nulo y fraudulento somos los trabajadores que nos acogimos a él", lamenta Antonio Pastor, uno de los afectados. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró "fraudulento y nulo de pleno derecho" aquel acuerdo y exoneró a la sociedad de tener que pagar a los exempleados.

En su caso, "los importes abonados son superiores a la indemnización máxima" y "se está procediendo a las reclamaciones de los excesos pagados, previa conciliación", señala al respecto la última memoria económica de Mercasevilla, correspondiente a 2015. El colectivo de afectados anunció recientemente su idea de elevar el conflicto al Tribunal Europeo, defendiendo que aceptaron de buena fe acogerse al ERE y están afrontando un recorrido judicial, algunos de ellos como investigados. Su recurso al Tribunal Constitucional fue inadmitido.

Un ERE de 9 millones de euros

Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla y la sociedad estatal Mercasa, promovió en 2003 un plan de prejubilación con los representante sindicales y la Junta de Andalucía, que dio como fruto la prejubilación de unos 40 trabajadores. En 2007 se promovió un nuevo plan de prejubilación en las mismas condiciones que el anterior, de 9'04 millones de euros, que afectó a 63 trabajadores si bien solo 40 se acogieron al mismo. Siete de ellos han fallecido en este tiempo. "Tanto la empresa como los representantes sindicales nos garantizaron la fiabilidad del plan, la Junta lo respaldaba, tanto legal como económicamente, como hizo con el anterior", recuerda Pastor.

"La empresa lo que ofreció a los trabajadores fue un plan de prejubilación y la sentencia del TSJA se centraba una y otra vez en un ERE. La sentencia dice que la empresa no puede ser obligada a pagar unos pagos que resultan ilegítimos y abusivos, pero sabía los costes reales que suponían el plan de prejubilación y, si no tenía la certeza de la financiación de la Junta, no tenía que haber llevado a cabo este plan", explica Pastor.  En la sentencia se advierte de que el ERE no tuvo una "defectuosa tramitación" sino que hubo "falta de control del contenido del acuerdo alcanzado entre la representación de la empresa y los trabajadores", culpando la autoridad laboral al haber sido "homologado por la Delegación Provincial de Empleo".

Lo que vienen a decir las sentencias contrarias a los intereses de estos prejubilados, dictadas por los juzgados de lo social, es que tienen derecho a percibir de Mercasevilla sólo "el importe que corresponda por indemnización (...) a razón de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades", descontándose las cuantías ya percibidas. Los acuerdos del ERE en materia de indemnizaciones "resultan totalmente desmesurados por superar con mucho las indemnizaciones previstas para los supuestos de extinciones contractuales por despido improcedente, máxima indemnización legal prevista", señalan las sentencias. En noviembre de 2014, el TSJA ratificó a Mercasevilla  como única responsable del ERE de 2007 pero lo rebajó a 2,5 millones.

La "conformidad" de Guerrero

Tras acogerse al ERE de 2007, las rentas de estos extrabajadpres quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento, sometido ya entonces a investigación judicial por la anterior gestión de Mercasevilla y la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias financiadas con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, que permitió descubrir acuerdos laborales supuestamente fraudulentos (caso de los ERE).

Los extrabajadores recuerdan que, entre 2007 y 2008, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" y compromiso en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones, si bien su sustituto, Daniel Rivera, resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio". Desde entonces, estos prejubilados reclaman los compromisos de pago de dicho procedimiento. En ese sentido, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señaló  en abril de 2014 que "no sería descabellado concluir" que la Junta de Andalucía se desligó de la financiación del ERE acordado en 2007 al saltar en 2009 a la luz pública que la directiva de la compañía había solicitado comisiones ilegales al grupo hostelero La Raza.

Pero desde la primera sentencia, la Justicia no le ha dado la razón a estos trabajadores. Fue eel Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla el que se pronunció por primera vez al respecto, zanjando que Mercasevilla era "el único responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas en el ERE" y tachando de "irrelevante el compromiso personal" formalizado por Guerrero en sus documentos al carecer de "todo trámite administrativo". Aquella sentencia fue recurrida al TSJA tanto por los extrabajadores, que defendían que Guerrero firmó compromisos similares que sí están siendo atendidos por la Junta, como por Mercasevilla en el mismo sentido, que finalmente ha ido ganando los recursos.

"Pues sí, nosotros convencimos a la empresa para que nos hiciera un plan a medida, a la Junta para que no lo pagara, introducimos a personas que no conocíamos ni formaron nunca parte de la empresa, pagamos las comisiones al señor Lanzas. En fin, todo lo referente al caso ERE de Mercasevilla ya tienen a sus responsables, los trabajadores", concluye irónicamente este afectado.

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