Los trabajadores del Gobierno de Aragón llevan 9 años esperando un Plan de Igualdad obligatorio por ley
Los trabajadores del Gobierno de Aragón llevan nueve años esperando un Plan de Igualdad que evite situaciones de discriminación por razón de sexo. La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además del Estatuto Básico del Empleado Público, obliga a las empresas de más de 250 empleados y a todas las administraciones públicas a desarrollar un plan de igualdad. Sin embargo, a pesar de esta normativa y del tiempo transcurrido, este no se ha redactado ni tiene visos de que se vaya a convocar la comisión reunida en su día.
Desde la sección de personal de CCOO denuncian que la ausencia de un plan provoca situaciones de desigualdad “soterradas”, “difíciles de detectar”, pero recurrentes en la Administración Pública.
“Se piensa que en la Administración no se producen situaciones de desigualdad, porque la manera de seleccionar a la gente no discrimina y hombres y mujeres cobran lo mismo, pero la realidad es que la maternidad penaliza y que el 80 % de las jefaturas están cubiertas por hombres”, afirma el secretario general de la sección sindical de CCOO, José González.
Uno de los casos más frecuentes que llegan al sindicato afectan a las mujeres embarazadas. Actualmente, solo si la fecha del examen coincide con la del parto se contempla la opción de repetir la prueba otro día. “Si no estás ingresada o no has dado a luz ese mismo día, tienes que ir al examen, si no lo haces, porque por ejemplo has dado a luz unos días antes, pierdes la convocatoria”, aclara. Y lo mismo ocurre si el examen consiste en tres pruebas y has aprobado las anteriores, como puede ocurrir en una oposición a agente de la protección de la naturaleza, en la que una de ellas consiste en correr 1.000 metros, algo que difícilmente se puede hacer si el embarazo está avanzado.
Recuerdan también el caso de la trabajadora que ocupaba una plaza de interina en la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que fue cesada el mismo día que terminaba su permiso de maternidad. Esta situación llevó a CCOO a denunciar al Gobierno de Aragón ante la Inspección de Trabajo por despido ilegal “por discriminación por razón de sexo”. A este respecto, González cuenta que recientemente han presentado alegaciones, porque el “inspector de trabajo adujo que los funcionarios no eran de su ámbito”.
En este sentido, desde CCOO denuncian que, dentro de la administración, hay también profesiones feminizadas y sectores donde apenas hay mujeres, como ocurre en el mantenimiento de carreteras, donde de los 400 empleados que hay, solo doce son mujeres. Esto es así, porque, por una parte, hay menos mujeres que opten a este tipo de plaza, y, por otra, porque a la hora de seleccionar a gente para cubrir sustituciones se sigue con la filosofía de que “los hombres hacen mejor los trabajos físicos”.
Estas situaciones quedarían resueltas con un Plan de Igualdad para los empleados del Gobierno de Aragón, que concrete medidas correctoras en el marco de la Ley de Igualdad. De hecho, esta normativa obliga a las administraciones públicas a desarrollarlo y a actualizarlo en cada legislatura, algo que, a nivel estatal, sí que se ha hecho, indica González.
55.000 funcionarios y laborales sin Plan de Igualdad
Sin embargo, en Aragón, no se ha aprobado ningún plan para los 55.000 funcionarios y laborales dependientes del Gobierno de Aragón. En 2011, con el Gobierno del PSOE-PAR, se constituyó la Comisión para empezar a redactar el plan para trabajadores de la administración, a excepción de sanitarios y docentes, pero, ante las elecciones de 2012, no se volvió a convocar y el plan volvió a quedarse sobre papel, sin que siquiera llegara nacer.
No obstante, sí que se desarrolló en algunas empresas públicas de Aragón, como en la antigua Sirasa –en la actualidad Sarga tras su fusión con Sodemasa- y en el CITA de Montañana, lo que indica para CCOO que es una cuestión de “voluntad política”.
“Ellos no quieren analizar la foto, porque va a determinar que sigue habiendo machismo en las administraciones, a pesar de que es un sitio donde la aplicación de la igualdad sería mucho más fácil”, ha manifestado.
La primera Ley de Igualdad de Aragón
El Gobierno de Aragón tiene marcado como objetivo de esta legislatura aprobar una ley de igualdad que dote a la Comunidad de un marco legislativo que combata la discriminación y promueva las condiciones para hacer “real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres”. Es una cuestión “prioritaria”, recalcan fuentes del Ejecutivo.
El próximo 30 de septiembre tendrá lugar la última reunión del proceso de participación de este texto, en el que ha participado un centenar de personas. Después, el anteproyecto de ley deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno para su tramitación en las Cortes.
El borrador, con el que se comenzó a trabajar, incluye la promoción de la igualdad en las políticas públicas en ámbitos como la contratación y la educación; medidas de conciliación y corresponsabilidad; participación social de las mujeres, entre otras.
Aunque desde CCOO ven con buenos ojos una ley que pueda mejorar algunos supuestos de la norma estatal, no entienden por qué el Gobierno de Aragón ha antepuesto su elaboración a la redacción de los planes de igualdad. Al final, estos planes son la aplicación práctica de la ley, los que incluyen medidas correctoras, como, por ejemplo, poner los cursos de formación en horarios de conciliación.
Además, una nueva ley necesitaría de nuevo el desarrollo de unos planes de igualdad, por lo que se volvería al punto de inicio, cuando con el marco legal actual se podría haber hecho, apunta.
“Qué mejor ejemplo podría dar el Gobierno de Aragón diciendo que tiene un plan de igualdad para sus empleados y no tenemos ni uno, en ningún ámbito, ni en sanitario, educativo ni en el resto”, concluye.
