ERC salva a Mas-Colell de la reprobación por privatizar ATLL
De nada ha servido que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulara el concurso que privatizó en 2012 la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), encargada de la captación del agua que después consumen casi cinco millones de catalanes. ERC ha vuelto a salvar hoy de la reprobación al conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, el ideólogo de la operación.
El último pleno del curso ha revivido la petición de reprobación que ya planteó ICV-EUiA hace dos años, en uno de los primeros plenos de la legislatura. Hoy era el grupo de Ciutadans (C's) quien la proponía. El resultado ha sido el mismo, y la privatización de ATLL sigue sin acarrear consecuencias políticas.
CiU lleva arrastrando la fracasada privatización de ATLL, la mayor de la historia de la Generalitat, durante toda la legislatura. Privatizada en 2012, el consorcio ganador de ATLL, formado por Acciona, el banco de inversión BTG Pactual y las familias Rodés y Godia-Torreblanca, abonó aquel año a la Generalitat cerca de 300 millones, lo que alivió las finanzas públicas redujo en medio punto el déficit de aquel año. El volumen total de la operación ascendió a 1.000 millones.
Pero ni Agbar, la empresa que competía por ATLL, ni el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat consideraron que la privatización se hizo debidamente. Los tribunales dieron la razón a Agbar en las medidas cautelares, y en su pronunciamiento sobre el fondo de la privatización, el TSJC anuló el concurso, aunque no entregó ATLL a Agbar, como pedía la compañía.
En 2013, el diputado de ERC Marc Sanglas fundamentó su voto contrario a la reprobación en que no había una sentencia judicial que indicase si la privatización se había hecho bien. También descartó pedir responsabilidades políticas mientras la “chapuza” de la privatización de ATLL no representara un coste para la Generalitat.
Pese a que la oposición considera que hoy sí se cumplen estas dos condiciones (Mas-Colell reconoció que deberá indemnizar a Acciona con 326 millones si el Supremo le obliga a cumplir con la sentencia del TSJC que anuló el concurso), Sanglas ha argumentado que el recurso ante el Supremo que presentó la Generalitat hace que todavía no sea el momento de pedir responsabilidades políticas y de revertir la privatización.
No obstante, Sanglas ha mostrado su compromiso para que ATLL vuelva a ser pública en cuanto se aclare el “embrollo judicial” en el que se encuentra. “No nos oponemos a que ATLL sea pública, nos oponemos a que lo sea en este momento”, ha recalcado Sanglas. “El momento es ahora”, le ha replicado Isabel Vallet de la CUP, que ha recordado ejemplos de recuperación del agua por parte del sector público como el de la ciudad de París.
Los republicanos también se han alineado con CDC y Unió para evitar que la sindicatura de Cuentas y el Síndic de Greuges emitan sendos informes sobre los efectos económicos que tendría para la Generalitat una indemnización. La moción propuesta ICV-EUiA incluía la elaboración por parte de la Sindicatura de una estimación sobre si una resolución interpretativa de los departamentos de Economía y Territorio supone una sobregarantía para Acciona y, por lo tanto, resulta susceptible de aumentar los 326 de indemnización que dijo Mas-Colell. ERC y CiU la han tumbado.
La moción de C's obligaba al Govern a explicarse sobre si había firmado indemnizaciones con Acciona en concepto de lucro cesante, costes financieros o inversiones realizadas, e incluía encargar una auditoría independiente. Tampoco ha prosperado.
“Si ATLL se hubiera quedado en manos públicas no se tendría que pagar por ninguna chapuza ni ningún despropósito”, ha sentenciado el diputado de ICV-EUiA, Salvador Milà. Por su parte, el promotor de la moción de C's, José Manuel Villegas, ha afeado a Mas-Colell la falta de información sobre el documento de garantías que firmó la Generalitat. “Me resisto a pensar que ustedes firmen documentos de esa envergadura sin hacer un cálculo de lo que estaban arriesgando en dinero público”, ha añadido Villegas.
Como hoy, desde 2012 el Govern lleva escuchando calificativos de “chapuza” por parte de toda la oposición, incluida de ERC, por privatizar ATLL, así como acusaciones de malvender el patrimonio público. Y como hoy, siempre que se ha tratado la cuestión en el Parlament, ERC se ha alineado con CiU para rechazar responsabilidades políticas e impedir que ATLL vuelva a manos públicas.
