“Dar la vuelta al sistema sanitario catalán”. Es lo que pretenden una treintena de entidades que han presentado este miércoles un documento en el Parlamento con el objetivo de pedir la adhesión de los grupos políticos. Después de varios años de luchas contra los cierres de plantas o los recortes de sueldos, de indignación por el aumento de las listas de espera o por el crecimiento de la colaboración público privada, los activistas quieren pasar ahora a una fase de propuesta que pasa en primer lugar por la nacionalización del sistema sanitario catalán.
“Hay que cambiar la orientación para evitar puertas giratorias”, explicó Ángeles Martínez Castells, presidenta de 'Dempeus per la salut pública'. Concretamente, la propuesta es poner fin a los consorcios sanitarios, que han dado lugar a varios casos de conflicto de intereses, y transferirlos progresivamente a un Servicio Nacional de Salud de Cataluña.
El texto recoge también las principales reivindacions los últimos años como el rechazo de cualquier copago. Los firmantes también inciden en la necesidad de reforzar la atención primaria y hacer de ella “el instrumento básico para una atención global e integrada”. Por otra parte, piden una mayor participación de los ciudadanos y del personal sanitario en la gestión de los centros y de los diferentes órganos de gobierno.
Pero el documento no sólo hace propuestas sobre la gestión sanitaria sino que sugiere también cambios en la manera de tratar a los pacientes. “Habrá que iniciar un proceso de reversión de la actual tendencia medicalizadora motivada por una visión biologicista de la salud y por la cultura del consumo”, indica el manifiesto. En opinión de los firmantes, es necesario abrir un debate social y profesional para cuestionar esta tendencia que “no se traduce en resultados en la salud de los ciudadanos”. En este sentido, las entidades quieren “fomentar el uso adecuado de los medicamentos, de las tecnologías y herramientas terapéuticas” y cuestionan “la omnipresencia de la industria farmacéutica”.
También insisten en la necesidad de no considerar la salud como sólo una cuestión individual sino de tomar más en consideración los determinantes sociales de la salud. Por ello, recalcan que “los gobiernos, a todos los niveles, deben ser responsables de poner 'salud en todas las políticas”. En este sentido, exigen la recuperación de la Agencia Catalana de Salud Pública, suprimida el año pasado con el acuerdo de CiU y ERC.
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