Hoy se cumple uno de los aniversarios más tristes de la ciudad de Barcelona. El 4 de Febrero de hace 9 años tuvieron lugar los hechos que dieron inicio al proceso sobre el cual se ha realizado el largometraje documental 'Ciutat morta', que durante al menos una semana generó un terremoto social, político y mediático sin precedentes en lo que a la [in]justicia se refiere.
El caso del 4F es absolutamente paradigmático, ya que en el mismo se dieron muchos de los peores defectos e irregularidades que desgraciadamente encontramos cotidianamente. Perfiles étnicos y estéticos en las actuaciones policiales; denuncias de torturas o malos tratos que no se investigan adecuadamente; procesos de instrucción de algunos juzgados que no buscan el esclarecimiento de los hechos; presunción de veracidad de los agentes la policía en el orden penal a pesar de que su testimonio debería tener el mismo valor que el de cualquier persona; políticos que no asumen su responsabilidad y que deciden mirar hacia otro lado ante irregularidades y denuncias de torturas en los cuerpos policiales o funcionariales que dirigen; y así un largo etcétera.
Tan sólo unos días antes de este triste aniversario y tan sólo unas semanas después del revuelo causado por la emisión de 'Ciutat Morta' en TV3 hemos recibido varias sentencias de personas que fueron detenidas en las manifestaciones posteriores al desalojo de Can Vies. En ellas han sido condenadas un total de 5 persones a penas que van desde los 8 meses a los 3 años y 9 meses de prisión basándose el juzgado penal nº 28 de Barcelona tan sólo en el relato policial, a pesar de haber sido plenamente contradictorio. Un ejemplo extraído de una de las sentencias de cómo a pesar de las contradicciones basta el relato policial para condenar a una persona por resistencia a la autoridad: “En tal sentido, que el agente recordase un primer codazo a diferencia del resto de testigos, o no recordase que el caporal también cayó al suelo, como éste y el sargento explican, deviene útil para considerar que el testimonio policial no puede derivar de un aprendizaje espúreo, de una falsedad mutuamente preparada, sino de la naturalidad con la que se recuerdan hechos comúnmente vividos pero desde perspectivas algo distintas, como no podía ser de otra manera”. Sin embargo, a la hora de valorar el testimonio otorgado por una vecina que vivía justo enfrente de donde se produjo la detención y la cual declaró que desde su ventana vio la detención y que no se produjo ningún tipo de resistencia: “No se duda sobre que la misma viera al hoy acusado rodeado de agentes, ni que la misma se sintiera intranquila, pero resulta más que discutible que, realmente, esta mujer observase la detención desde el principio y con todo detalle”.
Ensalzar el relato policial y degradar el relato de ciudadanos ante los tribunales. A pesar de las contradicciones. Porque no puede ser de otra manera, tal y como indica el juez. No tiene sentido que unos agentes realicen un atestado falso. Tampoco es lógico que se cometan torturas por parte de una policía democrática. Es más fácil confiar en nuestros policías que investigar hasta el final una denuncia por torturas o la posibilidad de que agentes de policía hayan realizado un atestado falso o falseado. No estamos ante casos puntuales, ni manzanas podridas. Existe un grave y profundo problema en nuestro país que hunde sus raíces en la falta de control real a la policía por parte de aquellos que tienen encomendada esta tarea: responsables policiales y políticos de la misma, el poder judicial y la fiscalía. Es más sencillo mirar hacia otro lado que asumir la posibilidad de que el sistema falle.
Estos días también se cumple otro triste aniversario. El 6 de Febrero de hace un año al menos 15 personas murieron en la Playa del Tarajal de Ceuta mientras intentaban acceder a nado desde Marruecos. Murieron, tal y como denunciaron los supervivientes desde el primer día, como consecuencia de la actuación de la Guardia Civil que disparó balas de goma a las personas que estaban en medio del mar. Hay un proceso en curso, pero ni tan sólo 15 muertes han logrado que los responsables políticos y judiciales hayan dimitido. Ni siquiera que éstos hayan sancionado a los guardias civiles que actuaron.
Sin embargo, si algo ha conseguido 'Ciutat Morta' es que hoy sea un poco más difícil mirar hacia otro lado. El proceso de reparación del daño social y colectivo que ha supuesto para las afectadas por este caso y para afectadas por otros casos ha sido histórico. El hecho de que más de medio millón de personas vieran el documental así como la indignación social que ha suscitado, supone un claro ejemplo de reconocimiento de la verdad. Está la verdad oficial, sustentada en las sentencias y en la democracia formal. Y la verdad de las afectadas, que se transmitió en el documental, como si ante una tercera sentencia estuviéramos. Y al igual que en el caso de Ester Quintana o de Juan Andrés Benítez, la verdad oficial fue social y colectivamente quebrada.
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