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El “innecesario” peligro del ATC para más de 200 municipios

Un informe de Greenpeace valora los diferentes riesgos a los que se enfrentarían localidades de seis comunidades autónomas en caso de construirse el llamado ‘basurero nuclear’.

Los posibles accidentes durante el transporte de residuos, el hecho de que sea “casi imposible” prevenir una evacuación y la invulnerabilidad de los contenedores son algunos de las contingencias que señala la organización ecologista.

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Mapa de los residuos nucleares del ATC

6.700 son las toneladas de residuos nucleares que recogerá el Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos, si se construye finalmente en la localidad conquense de Villar de Cañas. La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se ha posicionado fuertemente en contra del proyecto promovido por el anterior Ejecutivo regional presidido por María Dolores de Cospedal, pero el Gobierno de Mariano Rajoy sigue firme en su trance de ubicar en la región la infraestructura.

Greenpeace ha hecho público un informe, ‘El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios’ en el que enumera una lista de posibles peligros que entrañaría la instalación para un altísimo número de localidades en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Madrid, Valencia, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha. El informe se basa en las rutas propuestas por la Empresa Nacional de Residuos Radiaactivos hacia el llamado ‘basurero nuclear’.  La organización afirma que las “irregularidades, incertidumbres y riesgos” que se asocian a la instalación son muchos y que el Consejo de Seguridad Nuclear ya ha tramitado el informe para la autorización previa para su emplazamiento, sin tener toda la información disponible.

La organización ha facilitado un mapa interactivo para que los vecinos puedan consultar si su municipio sería vulnerable durante el traslado de los residuos nucleares. Entre los riesgos que señala la organización, se encuentran los posibles accidentes que se podrían provocar durante el transporte de residuos, algo “inherente” al transporte. En este sentido, señalan que en Estados Unidos hubo 58 accidentes entre los años 70’ y los 90’, mientras que en el Reino Unido el total ha ascendido a los 768 desde 1958. Greenpeace señala que, incluso aunque se tomen las medidas ante una emergencia radiológica, no siempre son suficientes porque la contaminación radiológica atiende a diversas circunstancias ambientales.

La organización señala también que los contendores en los que se transportarían los materiales no son invulnerables, ya que los requisitos que se siguen se han puesto en cuestión al no “reproducir de forma realista el escenario  de un incendio prolongado”. Además, la prevención de un sistema de evacuación es “casi imposible”, al igual que la descontaminación para la población de las diferentes rutas. Por otro lado, el informe señala que mientras se transportan los residuos se irradia a muchas personas. Aunque las dosis son pequeñas, afectan a un gran número de personas, indica el informe.

Finalmente, Greenpeace señala que el riesgo para la economía es una realidad, ya que la “mala reputación” que precede a la radiactividad puede provocar un deterioro de las propiedades inmobiliarias, así como un perjuicio al turismo, algo que ha sido estudiado en Estados Unidos. Ante esto, el informe señala que mientras se lucran las eléctricas, lo pagan los ciudadanos, ya que el coste de las instalaciones lo afronta la empresa pública Enresa. Además, señalan que el Tribunal de Cuentas español ya ha alertado de un déficit de casi 1.500 millones de años.

Greenpeace señala que si no se construye el ATC se ahorraría dinero, riesgos y también se podría encarar un plan de gestión de residuos radiactivos y un desmantelamiento nuclear “seguro y democrático”. Por esto, la organización en conjunto con la Plataforma en contra del Cementerio Nuclear en Cuenca y Ecologistas en Acción solicita finalmente la paralización inmediata de este proyecto. La organización propone una moratoria que paralice los premisos hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan las evaluaciones de peticiones de información técnica de calidad que permita tomar decisiones relacionadas son la gestión de estos residuos. Finalmente, señalan que estas decisiones deben someterse a un proceso de participación pública.

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