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Los 255 recortes de Cospedal

Imagen: EFE

255 medidas pactadas entre Ministerio de Economía y Hacienda y comunidades autónomas. Medidas hechas desde el Ministerio que preside Cristóbal Montoro para reducir el déficit. Algunas comunidades decidirán obedecer parte de ellas, otras desde un primer momento se han opuesto a las mismas, y en Castilla-La Mancha se entiende que Cospedal apoyará una gran parte de ellas.

Estas medidas se hicieron llegar a mediados del pasado mes a las comunidades autónomas y si bien no son pautas para seguir al 100%, sí indican caminos y rutas a tomar para reducir el déficit de las autonomías. Durante los últimos días de julio el trabajo de las comunidades autónomas fue cuantificar cuánto se ahorrarían concretamente con cada medida, dato que posteriormente entregarían al ministerio. Son 255 propuestas de recortes de gastos o de aumento de los ingresos que el ministerio debe ahora aceptar, rechazar o modificar, en función también del déficit que presenta cada comunidad. Es decir, determinadas medidas se pueden aceptar para unas comunidades y para otras no.

Estas 255 medidas se encuentran en un documento único firmado por todas las comunidades. No indica qué comunidades apoyan más o menos las medidas ni tampoco el déficit a cumplir por cada una de ellas, por lo que no se puede estimar si una comunidad tiene serios problemas para cuadrar su balance o si por el contrario no necesitará ningún recorte más.

80 medidas del total están destinadas a la sanidad, principalmente al copago de todo tipo de servicio sanitario. Copago por asistir a una consulta médica, copago por una receta médica, copago por el transporte sanitario, por la atención en urgencias, por faltar a una cita médica, por la atención hospitalaria o por no recoger unas pruebas o unos análisis que se hayan pedido o se hayan hecho. Entiéndase siempre por copago que el paciente tendrá que pagar para acceder a esos servicios, aunque siempre se buscarán precios que todos los pacientes puedan pagar.

Desde alguna comunidad se ha propuesto incluso el pago de las tasas hosteleras de los hospitales, es decir, que las comidas y alimentos de los enfermos en los hospitales empiecen a pagarlas los propios enfermos y no sean suministradas por el centro.

En referencia a la sanidad, también se plantea como propuesta el alquiler de instalaciones a empresas privadas en vez de adquirir o construir las que se requieran, o una medida llamada “regulación más clara de la atención sanitaria a inmigrantes”, que no se entiende muy bien a qué se refiere pero se supone que es una medida de ahorro.

No sólo en sanidad se proponen recortes. Revisar y aumentar el precio del transporte escolar por niño, implantación de nuevas tasas judiciales, la ampliación de jornada a los trabajadores públicos, o en docencia, recortes en los pagos de complementos a los profesores, aumento del ratio de alumnos por clase (lo que haría que hiciesen falta menos docentes) o aumento de las tasas universitarias. Por ejemplo sí es sabido que las medidas referentes a educación fueron impulsadas desde la Comunidad Valenciana, cuya consejera de educación empezará a aplicarlas en el próximo curso escolar y valoraba que “hay que premiar el esfuerzo de los alumnos” para en el futuro, en vez de conceder becas en función de las necesidades de los alumnos, hacerlo en función de las notas que obtuvieran.

Estas medidas actualmente se están discutiendo entre comunidades autónomas y Ministerio de Economía y Hacienda, y de ser aceptadas para una comunidad serían aprobadas en otoño para entrar en vigor a partir de 2015. La idea actualmente es filtrarlas en función de cada comunidad y eliminar también las que se consideren más duras.

Esta lista fue creada a instancias de Bruselas, que pidió a España más esfuerzo en reducir el déficit. Pidió una lista de elementos de gasto buscando ganar eficiencia financiera. De ahí surgieron varias reuniones entre Ministerio y comunidades autónomas para trazar un único documento que contuviera las medidas aplicables.

Montoro también comentó que “mientras una comunidad cumpla con la línea de gasto, no tendrá de qué preocuparse”. Destacaba además que las comunidades tendrían independencia para decidir qué medidas adoptar en caso de necesitar alguna, siempre que consiguieran llegar a la cifra de ahorro estipulada. No obstante el gobierno sí tendrá potestad para imponer una medida en caso de que una comunidad se niegue a aceptar alguna para reducir su déficit.

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