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Bruselas: cita con la justicia

Puigdemont y sus exconsejeros, en Bruselas.

Trasladarse a Bruselas y afrontar allí un proceso no ha sido una decisión sencilla para los miembros del Gobierno catalán que este viernes enfrentarán la primera de las vistas que podrían darse en este procedimiento; sin embargo, el auténtico protagonista de la cita judicial no será otro que el juez encargado del caso que tendrá sobre sus hombros uno de los mayores desafíos profesionales que cualquier jurista pueda imaginar: resolverá no tanto sobre una entrega extradicional como sobre el concepto que en Europa debemos tener de la democracia y de los derechos fundamentales, también tendrá que pronunciarse sobre si los hechos descritos en la reclamación son constitutivos de diversos delitos conforme al ordenamiento Belga y, más aún, si en el caso de entregar a los políticos catalanes tendrían garantizada la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial, el derecho de defensa, el derecho a un proceso con las debidas garantías, etc.

Todo el peso de la tradición democrática belga, de las garantías procesales del ordenamiento belga, del derecho comunitario y de los tratados internacionales estarán sobre los hombros y la mesa del Juez y será él quien, en una primera vista, tendrá que decidir sobre temas esenciales, tales como: la atipicidad de los hechos descritos y que la Audiencia Nacional ha prefijado como delitos de rebelión y sedición, la inexistencia de determinados hechos que se presentan como malversación y se presentan como si fuese un delito de corrupción, la imputación adicional, sin siquiera haber sido solicitado por el fiscal ni constar en las actuaciones, de delitos que no forman parte del procedimiento, la proporcionalidad de la reclamación, la vulneración de la presunción de inocencia por parte de las autoridades políticas españolas, la falta de imparcialidad y competencia de la juez reclamante, el carácter o no de persecución política, la criminalización de la protesta, la configuración de un concepto de violencia diferente al admitido desde una perspectiva europea, etc.

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Los fracasos del independentismo

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Diada de 2017.

1641, 1873, 1931, 1934 y 2017. Cinco fechas separadas por 376 años. Cinco fechas donde Catalunya intentó separarse de España y donde, en cada una de ellas, fracasó. Algunas sangrientas y esta última, aún en desarrollo, sin muertos y con encarcelamientos. Los tiempos han cambiado en Europa y ya no se admiten hechos violentos en el corazón de la misma. Ahora, por suerte, se trata de conseguirlo e impedirlo en democracia y con democracia.

Esto implica un sistema legal instituido en España, el statu quo, compuesto por los diferentes poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- que se va a defender de cualquier subversión con todas las armas que el Estado de derecho le permite, incluso retorciéndolo un poco y forzándolo, como apreciamos, con encarcelamientos de cuestionable legalidad, dado que las leyes tienen un aspecto interpretativo que queda al arbitrio de los jueces. Así vemos cómo el Tribunal Supremo da tiempo a la defensa allí donde la Audiencia Nacional encarcela inmediatamente. En el mejor de los casos, existen instancias superiores que están habilitadas para corregir las desviaciones de jueces que puedan dejarse llevar por afanes alejados de la justicia. A su vez, el Gobierno de España en manos del PP, apoyado por dos partidos políticos PSOE y Ciudadanos, se vale del artículo 155 de la Constitución que le permite intervenir la autonomía de Catalunya para rechazar la declaración ilegal de independencia. Situación inédita desde la instauración de la democracia.

Por parte del bando independentista constatamos cómo han sabido aprovechar los resquicios de dicho Estado de derecho y encontrar la manera de forzarlo, aun cuando las fuerzas no eran las suficientes, ya que si bien contaban con una mayoría parlamentaria -algo exigua por otro lado-, no lo era en número de votos ni podían aducir un consenso social claramente mayoritario, requisitos imprescindibles para una decisión de este calibre. El mejor ejemplo de dicho forzamiento de la legalidad lo vivimos los días 6 y 7 de septiembre en el parlamento de Catalunya con una votación que no respetó el propio reglamento de la cámara, seguido de la imposición y realización de un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Y también en las posteriores dos declaraciones de independencia, la del 10 de octubre -que sí que no- y la del 27 de octubre con la declaración unilateral de la independencia –previa consideración por parte del Govern de renunciar a ella y convocar elecciones- y el nacimiento de la nueva República Catalana. Es decir, que se hizo nacer a la República de un modo claramente precario y sin contar con la mayoría del pueblo catalán. El entusiasmo que provocaba este ideal les hizo confundirse con respecto a la realidad en la que vivían. ¿Solo una confusión o un error político?

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Balfour: Los "negros" son los palestinos

Mujeres palestinas de Gaza lloran por la muerte de varios integrantes de una familia, entre ellos niños.

Al cumplirse cien años de la infame "Declaración Balfour" corresponde  analizarla y, de paso, establecer las consecuencias de la misma así como las responsabilidades que de ella deberían desprenderse, porque pocos actos políticos han conllevado tanto daño y sufrimiento marcando no sólo el pasado sino, también, el presente y parte del futuro del pueblo palestino... pero también del israelí aún cuando su Gobierno no quiera admitirlo.

Arthur James Balfour, que fue Primer Ministro Británico y luego Ministro de Exteriores, envió el 2 de noviembre de 1917 una carta a Lord Lionel Walter de Rothschild, entonces líder de la comunidad judía del Reino Unido, en la que, en su posición de Ministro de Asuntos Exteriores Británico, mostraba el apoyo del Reino Unido para el establecimiento de un Estado Judío en Palestina en perjuicio del pueblo palestino, carta que se conoce como "Declaración Balfour".

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Problema de mayorías

Pleno del Parlament

Mirada con cierta distancia, la cuestión catalana es un asunto de mayorías en la que poco tienen que ver las reglas constitucionales o los procedimientos jurídicos. Hasta ahora, en votaciones con garantías, la causa independentista nunca ha obtenido una victoria aplastante, de hecho, en la que hace dos años se planteó como plebiscitaria (y decisiva), el apoyo indubitable a la independencia cosechó el 48% de los votos. Este porcentaje, que puede fluctuar un poco por arriba y un poco por debajo de la mitad de los electores, es el que genera el problema actual.

El independentismo asegura ser mayoritario, el Gobierno asegura que, por el contrario, la llamada “mayoría silenciosa” es la auténtica fuerza hegemónica. A ciencia cierta nadie sabe quién tiene razón, probablemente dependa del momento en el que esto se evalúa. La única cuestión cierta es que el independentismo no tiene una mayoría entre el 60 o 70 por ciento que lo haga incontestable. Eso lo sabemos todos los que vivimos en Catalunya, lo saben muy bien los que luchan por la causa independentista y saben que para lograr sus objetivos necesitan engrosar el colchón de partidarios. El Gobierno central se entera de esto a ratos.

Después de las reacciones internas y externas a los hechos acaecidos el 1-O parece haber tomado nota de que procediendo de esa forma hace un favor al independentismo y a su necesidad de mayorías amplias. Por eso ahora la táctica es la del terror a la debacle económica, pues de esa el Gobierno puede afirmar que la provocan los propios políticos catalanes independentistas. En este tira y afloja muchos, incluido el Rey con su no estáis solos dirigido a los catalanes no independentistas, justifican su posición en las mayorías, pero nadie tiene una carta ganadora. La carta sería esa mayoría del 60 o 70 porciento pues, a fin de cuentas, un régimen, cualquiera sea, tiene pocos números para sobrevivir mucho tiempo si un porcentaje así de la población está en contra.

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Madrid puede ser Ankara

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La aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno ha abierto no solo una crisis política sin precedentes sino, también, un debate jurídico que, estoy convencido, tendrán que resolver instancias judiciales supranacionales. Aplicar un artículo como el 155 de la CE, y hacerlo en la forma en que lo ha hecho el ejecutivo de Rajoy, necesariamente conlleva una disfuncionalidad jurídica que tiene escaso o nulo encaje constitucional. Me explicaré.

A estas alturas todos conocemos perfectamente la redacción que el Constituyente dio al tan maltratado artículo 155 pero lo que nadie tiene claro, y es ahí donde surge el conflicto o la disputa legal, es el alcance de dicha medida, cómo se debe aplicar, quién debe controlar su adecuada aplicación y qué sucede cuando, como en el presente caso, afecta directamente a Derechos Fundamentales tales como los recogidos, por ejemplo, en el artículo 23 de la CE que establece: “ Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” o como los reconocidos en el artículo 20.1.c) en materia de derecho a “ comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

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Deriva nacionalista española y secuestro del derecho

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Sede del Tribunal Constitucional.

Una de las consecuencias de la crisis catalana ha sido la hiperinflación jurídica de los discursos políticos y periodísticos. Estado de derecho, soberanía nacional, indisoluble unidad de la nación española… Es difícil encontrar manifestaciones sobre esta crisis que no usen o abusen de términos jurídicos. Los partidos mal llamados constitucionalistas, numerosas instituciones del Estado y especialmente los medios de comunicación apuestan por cargar sus discursos con referencias al derecho y a la Constitución.

Esto debería ser lo normal en una sociedad democrática. Diríase que, finalmente, el derecho como disciplina y como ordenamiento ocupa el lugar que se merece. Mucho me temo que lo que está sucediendo es en realidad una reducción del derecho al legalismo y de la Constitución a las interpretaciones más rígidas de algunos de sus artículos, sin tener en cuenta ni el contexto, ni la función del derecho en las sociedades democráticas. Se ondean artículos de la Constitución como si fuesen preceptos sagrados con una única interpretación posible. Basta con leer la prensa u observar imágenes de manifestaciones recientes para ver cómo se utiliza la Constitución como arma de un proyecto nacionalista español que, además, marca una línea entre un “nosotros” -los que se adhieren a esta interpretación rígida y reaccionaria del derecho- y un “ellos”, unos enemigos, en el que están, estamos, los demás. El derecho parece secuestrado por unos sacerdotes que rechazan una lectura abierta y dinámica del mismo. Se da un uso político del derecho -y en no pocas ocasiones, vulgar- que poco tiene que ver con lo que es un sistema jurídico democrático. Se presentan como indiscutibles y prácticamente como pertenecientes a la naturaleza de las cosas determinadas interpretaciones restrictivas de los derechos por parte de jueces y fiscales, como si estos fueran actores neutros y no personas, en muchos casos, con una visión del derecho contaminada por la política.

Esto da en parte la razón a los que dicen que el problema no es el PP sino el Estado. Es cierto que la deriva restrictiva de derechos y recentralizadora la están ejecutando el Gobierno y también instituciones como el Tribunal Constitucional, la fiscalía, el Tribunal de Cuentas e incluso la Corona. Pero no podemos obviar que el problema está sobre todo en una derecha nacionalista que, con el apoyo del PSOE y medios de comunicación, ha ido transformando la función que a estas instituciones les encargaba la Constitución impidiendo su evolución en sentido democrático.

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No creo en las casualidades

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Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Hace años aprendí que en el mundo de Derecho no existen las casualidades; ni mucho menos pude imaginar, entonces, que quienes deben aplicarlo se pudieran incluir en dicha premisa.

Una parte importante del Poder Judicial se ha aprestado con gran entusiasmo a participar en la resolución del conflicto político de Catalunya, sin ni siquiera pestañear ante la inadmisible instrumentalización que nuestro Gobierno ha hecho del mismo. En un Estado democrático y de derecho, no sólo los jueces debieran haberse cuestionado este dudoso y aberrante papel en el marco de un problema político, sino que deberían haber aplicado prudentemente el principio de mínima intervención que rige el derecho penal; éste establece que habrá de intervenir cuando no haya la más mínima duda de la comisión de delitos y que éstos sean graves. Siempre habrá de atenderse a otras herramientas menos lesivas, antes de acudir al derecho penal; por eso, se afirma, esta rama del derecho es la última ratio, el último lugar al que hay que llegar.

Sin embargo, desde el primer momento en que nuestro presidente del Gobierno hizo dejación de sus funciones políticas y activó la maquinaria judicial a través de la Fiscalía General del Estado, nos adentramos en la peligrosa senda de la politización de la Justicia, que abriga la máxima expresión del derecho penal como herramienta para reprimir el movimiento independentista en Catalunya.

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He venido a votar no, pero voy a votar sí 

Cargas en calle Sardenya con Diputació a la salida del colegio Ramon Llull.

9:00 AM, 1-O, Escola Mediterrani, Barcelona.

No se han abierto las puertas y unas cuantas personas, mayoritariamente mujeres, protegen la entrada para garantizar que se pueda votar.

Como en tantas otras escuelas que visitamos y testimonios que recogimos, la Policía Nacional hace acto de presencia con poco respeto al manido principio de que la primera garantía ha de ser la Seguridad Ciudadana. 

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Resetear el sistema

Borrell, a Puigdemont: "No empuje el país hacia el precipicio"

Mientras hablamos de la posible independencia o secesión de Catalunya no queremos ver que el problema excede con creces ese ámbito territorial; lo que está sucediendo allí no es más que un síntoma de algo mucho mayor que si no somos capaces de identificarlo, analizarlo, asumirlo y buscar soluciones nos llevará hacia un escenario que, estoy seguro, la mayoría de quienes habitamos en la península ibérica no estamos dispuestos a enfrentar. No depende de nuestros gobernantes solucionar este problema, de hecho están demostrando no estar a la altura de las circunstancias, sino de todos como sociedad el responsabilizarnos de que el destino nos pertenece y que somos los ciudadanos quienes tendremos que decidir qué precio estamos dispuestos a pagar bien por resolver y superar el problema, bien por encapsularlo o bien por ignorarlo bajo un manto de represión.

Negar que existe una voluntad amplia, dentro de la sociedad catalana, que busca un horizonte mejor a través de la independencia es no querer ver la realidad, pero entender que eso se fundamenta exclusivamente en un problema nacionalista es no querer ver el trance ante el que nos encontramos. El problema real, que no el síntoma, no son los catalanes sino el agotamiento de un modelo de convivencia. Éste ha resistido, bien o mal,  por espacio de 40 años y fue pensado para una salida ordenada de una larga dictadura pero no tuvo ni tiene en consideración una serie de realidades que, en 1978, no parecían urgentes ni importantes y que ahora centran el debate y, sobre todo, el malestar.

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Los sirios lo tienen claro: ni Asad ni ISIS

A estas alturas de polarización interesada del conflicto sirio, resulta cada vez más complicado recordar algunos puntos de partida que, sin embargo, son imprescindibles para avanzar hacia una solución justa. Ni la geopolítica internacional ni la fugacidad de la actualidad están para grandes principios, y menos para matices, pero insistir en ellos es un imperativo tanto ético como político.

Así lo siguen entendiendo, a pesar de las dificultades generales y ambientales, algunas instituciones públicas como el Ajuntament de Barcelona y el CIDOB, que los días 27 y 28 de septiembre acogieron un encuentro protagonizado por un grupo de activistas e intelectuales sirios cuyas voces son silenciadas a diario por la realpolitk de la guerra contra el ISIS. Lo que quedó claro tras escuchar a Yassin al Haj Saleh, Iyad al Abd Allah, Karam Nachar, Leila Shami, Laila Alodaat, Roshak Ahmad y Yassin Swehat, es que la solución no puede venir ni del causante del mal, la dictadura de Asad, que reprimió el levantamiento del pueblo sirio por la democracia en 2011, ni de su consecuencia buscada, la yihadización del conflicto; y que la mera presentación de este escenario bipolar colapsa de antemano la discusión sobre el único futuro posible: una Siria democrática, plural y libre. Las líneas mayores desde las que abordar la situación según estos activistas son las siguientes:

1. La memoria es un arma de resistencia. Para hacer la revolución hay que saber de dónde se viene. El pueblo sirio ha sufrido durante más de cuarenta años la dictadura de los Asad, padre e hijo, que ha organizado la represión de forma similar a como ha combatido la revolución: mediante la militarización del conflicto y la alienación del pueblo. El complejo político-militar del clan de los Asad, que no es otra cosa que un Estado policial tribalizado, ha sometido a la población durante más de cuatro décadas a un régimen de control social en el que no ha quedado espacio para la disidencia. Siria se ha convertido en Asad o nada, de modo que los sirios han sido tratados como extranjeros en su propio país, y cualquier atisbo de oposición se ha considerado un complot foráneo para destruir la nación. El instrumento para hacer efectiva la descomposición social ha sido, sistemáticamente, el sectarismo, un sectarismo polimorfo: de clase, de género, étnico, cultural, confesional, regional.

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