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Justicia o barbarie

Breivik lleva a Estrasburgo la demanda contra Noruega por su régimen en prisión

¿Un acusado por hechos abominables tiene derecho a una defensa? Esa pregunta se la formuló el abogado noruego, Geir Lippestad, tras el asesinato de ochenta personas en julio del 2011 por parte de un joven de extrema derecha. La matanza, perpetrada en nombre de la lucha contra "la multiculturalidad y la invasión musulmana", se produjo en el centro de Oslo y en el campo de las juventudes laboristas en la isla de Utoya. Anders Breivik, el autor confeso y convicto de estos terribles hechos, lo escogió a él para llevar su defensa.

Geir Lippestad era un destacado miembro del mismo partido laborista afectado por tan crueles hechos. Ante la dura contradicción de la propuesta, el abogado consultó a su compañera Signo y ella le dijo: "Soy enfermera. Si me hubieran llamado del hospital para ir a curarlo, lo habría hecho. Ese es mi trabajo. Tú eres abogado, haz el tuyo".

Lippestad, que personificaba todo aquello que Breivik odiaba de Noruega, aceptó el caso y lo vivió como un acto de reafirmación de los valores de democracia y dignidad de todas las personas, que incluye también el derecho a la defensa ante los tribunales.

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¿Dónde está Santiago Maldonado?

Ecologistas piden al Gobierno argentino esclarecer la desaparición del activista Santiago Maldonado

La historia de la desaparición forzada de personas vuelve a suceder en Argentina. En el corte de una ruta de la zona de Esquel en la Patagonia —durante una manifestación en la cual los mapuches reclamaban la libertad de su líder Jones Huala y la propiedad de unas tierras que originariamente pertenecían a este pueblo y que fueron compradas por Benetton a una sociedad inglesa— se encontraba apoyando la acción un joven artesano de 28 años, Santiago Maldonado. La Gendarmería Nacional recibió la orden de intervenir y reprimió a las pocas personas que participaban en la manifestación. Todos los participantes pudieron escapar cruzando un río, excepto Santiago Maldonado, que según algunos testigos fue capturado. Desde ese día —primero de agosto— no se sabe nada más de él, negando el gobierno el haberlo detenido. Todo hace prever la muerte de este militante. Los primeros días el aparato mediático al servicio del gobierno trató de desviar la atención afirmando que alguien lo había visto a más de 1.500 km de distancia o sugiriendo que habían sido los mismos mapuches los que lo habrían secuestrado o que se habría ido fuera del país. Táctica muy conocida en la época de los setenta del siglo pasado donde la dictadura decía que los 30.000 desaparecidos estaban en Europa descansando.

El operativo represivo estaba conducido por el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo cual demuestra la importancia que se le da a la lucha de los mapuches y a la voluntad decidida de terminar con la misma.

Los mapuches son uno de los pueblos originarios que habitaban en la Patagonia mucho antes de la constitución de lo que después fue la República Argentina. Ocupaban una parte de estas extensísimas tierras hasta que fueron prácticamente aniquilados y sometidos en el siglo XIX por la operación que se denominó la 'Conquista del Desierto', llevada adelante por el general Julio A. Roca. A los cautivos que sobrevivieron los utilizaron como mano de obra esclava en trabajos del campo, siendo las mujeres separadas de sus hijos y repartidas para servir en las casas de la oligarquía. Constan avisos de este reparto en los diarios de la época que atestiguan de estos hechos. La Campaña del Desierto y sus consecuencias ha sido calificada posteriormente como un genocidio de los pueblos originarios y su objetivo final fue apoderarse de las tierras mapuches, las cuales fueron distribuidas entre los generales y oficiales victoriosos y un pequeño número de hacendados que hoy representan la oligarquía terrateniente argentina. Sus nombres son bien conocidos.

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Teoría de la conspiración bis

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Uno de los puntos de recuerdo a las 15 víctimas de los atentados de Catalunya en Barcelona.

La reacción de algunos medios ante los atentados de Barcelona no deja de ser sorprendente pero, y más grave aún, parece una repetición de un "modelo comunicacional" utilizado después de los atentados del 11M en Madrid. La estrategia es bastante sencilla: en lugar de abordar el auténtico problema y atribuir la responsabilidad de esos crímenes a quienes los cometieron, se utilizan los atentados para atacar a determinadas personas con la finalidad de, luego, obtener un rédito político.

La denominada "teoría de la conspiración" que se instaló en una serie de medios de comunicación a partir del 11 de marzo de 2004 no sirvió para esclarecer ni uno de los hechos relacionados con esos atentados, pero sí para que una serie de personas viesen cuestionada su profesionalidad con un daño reputacional irreparable provocando, incluso, hasta el suicidio de la esposa de un comisario de Policía.

Al amparo de esa "teoría de la conspiración" –que para muchos sonará a viejuno, pero que se instaló aquí a partir de los atentados yihadistas de 2004– se estructuraron varias de las defensas de algunos de los máximos responsables de dichos atentados y, también, la defensa de aquellos que eran los máximos responsables de nuestra seguridad en 2004 que, por cierto, son los mismos que tienen tal competencia en la actualidad.

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Aprender (y aprehender) el sistema: el suyo, y el nuestro

Vista general del Congreso de los Diputados.

Uno de los retos principales a los que se enfrentan los sistemas democráticos en la actualidad viene determinado por la 'juridificación' de lo político. Y es que, en los últimos tiempos, buena parte de la esfera de debate se ha venido trasladando al mundo de lo jurídico con una clara pretensión de restringir el margen de lo discutible en democracia.

Detrás de esta mudanza en los planos de discurso subyacen múltiples y complejas causas, algunas de las cuales están insertas en la propia naturaleza del Estado constitucional contemporáneo. Así, la primera y más inocua es la que se infiere de la evolución de un sistema donde la Constitución se erige también en un programa positivo de máximos, con principios y valores que encuentran su concreción en el reconocimiento de una profusión de derechos que han de ser promovidos y sustentados por el Estado, lo que ha supuesto la expansión sin precedentes de lo normativo a esferas antes vedadas a la acción del Derecho. Si, mientras en el Estado liberal la Constitución pretendía ser un mero marco procedimental para la conformación de mayorías cambiantes y reversibles, en el Estado Social y Democrático la Carta Magna se rearma con su normatividad para intentar proyectarse, desde su sede, hasta el último rin

cón del Estado con la esperanza, a veces ingenua, de poder realizar con éxito los objetivos sociales que solemnemente proclama. Evolución del constitucionalismo que ha de recibir nuestro respaldo (al menos el de quien escribe estas líneas), por cuanto intenta amortiguar las contradicciones del sistema liberal que sus propios teóricos ya habían perfilado: que de poco sirve reconocer los derechos civiles y políticos si no existe, mediante, una acción jurídica a favor de un mínimo de justicia social que les dé soporte.

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No hay memoria sin feminismos, no hay feminismos sin memoria: Mujeres Libres 80 años después

Cartel de Mujeres Libres atribuido a Baltasar Lobo.

La organización de mujeres anarquistas nació en Madrid durante la primavera de 1936, con la aparición de su revista homónima. Las libertarias Amparo Poch, Lucía Sánchez y Mercedes Comaposada fueron sus principales impulsoras. El grupo se amplió mediante la fusión del Grup Cultural Femení de Barcelona, nacido en 1934, con el grupo madrileño que ya había iniciado la publicación de la revista y la expansión de las agrupaciones por el centro de la península. El crecimiento del colectivo aumentó notablemente, hasta que consiguieron alrededor de 28.000 asociadas y unas 170 agrupaciones durante la Guerra Civil.

La Federación Nacional se creó hace ochenta años en Valencia en su primer congreso, entre el 20 y el 22 de agosto de 1937 en su local situado en la Calle de la Paz, 29. Las militantes definieron la fundación de la federación como "un acontecimiento histórico", a partir del que se buscaba "crear una fuerza femenina consciente y responsable que actúe como vanguardia de la Revolución". De hecho, en este congreso se declararon como el primer caso de una organización política femenina. Como acto de clausura del Primer Congreso Nacional, se celebró un mitin en el teatro Apolo de Valencia que contó con la participación de Federica Montseny, primera mujer ministra de la historia del Estado español, quien declaró: "A la Federación Mujeres Libres le toca cumplir una gran labor revolucionaria". En conmemoración de este aniversario, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha organizado entre el 8 y 10 de septiembre en Madrid unas jornadas de formación que contarán con la participación de reconocidas historiadoras sobre esta cuestión.

Autónomas pero muy cercanas al resto de grupos anarquistas, Mujeres Libres se alimentaba tanto de los ideales y recursos, como de las acciones y esperanzas que nacían en el seno de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). A pesar de sus fuertes vínculos, la organización femenina no fue admitida como rama autónoma dentro del movimiento libertario. Los motivos giraban en torno a la desunión que su entrada podía suponer, generada mayoritariamente por la hostilidad existente con la FIJL. La crítica y la escasez de cooperación que recibieron del resto del movimiento hizo que las militantes lo atribuyeran a la perdurabilidad de prejuicios machistas y a la aversión de dejar en manos de mujeres tareas consideradas de dominio exclusivo del hombre.

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Un caso no es una causa

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Puri García, portavoz de Juana Rivas, lee una carta que le ha hecho llegar la mujer de Maracena que huyó con sus hijos.

El caso de Juana Rivas, o la causa de su "asesora judicial", ha abierto un debate vivísimo acerca de varias cuestiones, que se han pretendido resolver unívocamente desde un peculiar altavoz, "la asesora judicial" de Juana, quien ni siquiera es abogada pero que se considera muy legitimada para dictar estrategias –aunque sean ciertamente disparatadas– bajo el manto de la defensa de las mujeres. Feministas lo somos muchísimas, pero muy pocas personas se apresurarían, en "apoyo" a mujeres maltratadas, a despeñarlas por la senda de la inmolación bajo la bandera feminista. ¿La justificación? Que se debe actuar al margen de la ley porque ésta no funciona ni sirve para protegernos.

Bajo este prisma, el sistema de protección a la mujer sería una mera entelequia, una utopía no cumplida y tanto la Administración como la Justicia, como las abogadas de oficio que han defendido a las clientes de esta "asesora judicial" han sido inoperantes, perezosas o indolentes. El planteamiento, por tanto, sería: la ley es insuficiente y el sistema entero es inoperante. De ahí, se justificaría una suerte de desobediencia civil, muy sui géneris, en la que la afectada por tal injusticia, Juana Rivas, se daría a la fuga y, lisa y llanamente, incumpliría el dictado de cuatro jueces de Granada –una jueza del Juzgado de 1ª Instancia y tres magistrados de la Audiencia Provincial–.

¿Cuál es la ley que echa de menos? ¿Qué reclama que realicen nuestros representantes políticos ante el órgano legislativo contra la violencia de género? En el orden penal, se establece en los artículos 153 y 173 del Código Penal una extensa y desarrollada punición de aquellas conductas de violencia machista que han generado daño físico o psíquico en sus parejas. Así mismo, se encuentra todo un elenco de medidas de carácter familiar que, llegado el caso, podría afectar a la relación entre los hijos y sus padres condenados o sospechosos de maltrato machista.

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Charlottesville Primera Enmienda

Un detenido en la manifestación neonazi del pasado sábado en Charlottesville.

Las reacciones surgidas a raíz de los graves y alarmantes sucesos acaecidos este fin de semana en Charlottesville (Virginia) han sido bastante unánimes y, la mayoría de ellas, en la línea correcta de oposición al nazismo, al racismo y a esos supremacistas que creen representarnos a todos los blancos; la más lenta y menos consistente de las reacciones ha sido la del propio Trump y es comprensible que se haya debatido entre sus deberes como presidente y el cariño y respeto que le ha debido tener a su padre.

En todo caso, y con independencia de las reacciones, igual es momento de  analizar si este tipo de manifestaciones son o no legales en Estados Unidos y si vamos a tener que acostumbrarnos a las mismas o no. Intentaré hacerlo de manera muy resumida.

¿Pueden este tipo de energúmenos manifestarse legalmente por las calles de cualquier ciudad de los Estados Unidos?

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Las mentiras reiteradas del exjuez Garzón

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El exjuez, Baltasar Garzón.

En un artículo publicado a La Vanguardia el día 31 de julio, dice el señor Baltasar Garzón que "la postverdad es la mentira emotiva, cuando lo que ha ocurrido en realidad tiene menos importancia que la percepción que se puede tener del hecho en sí". En el supuesto que nos atañe, lo que ha ocurrido y, según él, tiene menos importancia, son las torturas que varios militantes independentistas sufrimos a manos de la Guardia Civil en el verano del 1992, poco antes de los Juegos Olímpicos. Un delito de lesa humanidad.

Con un comienzo de artículo como el citado, el exjuez Garzón ha desaprovechado una ocasión de oro para hacer una autocrítica y desmarcarse de las cloacas del Estado, de las cuales en algún momento de su vida quiso sacar provecho para hacer carrera política. Hay que recordar que él trabajaba para la Audiencia Nacional, la instancia judicial heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, que continuó cumpliendo con las mismas funciones sin ninguna revisión, limpieza o ruptura.

El motivo por el cual el pasado mes de julio unos cuantos encausados dimos el paso de esperarlo en el Parlamento de Cataluña es que él había sido el responsable judicial de la operación en el marco de la cual fuimos torturados. Un responsable innegable, puesto que fue quien ordenó nuestras detenciones. Es difícil aceptar que un juez que ve los cuerpos llagados de muchos de los detenidos sencillamente no pueda pensar que pasa algo de este tipo. Le hicimos esta pregunta el día que vino a nuestro Parlamento y él no la quiso contestar. ¿Era ingenuo o era cómplice?

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Hamza Talçin, jurisdicción de conveniencia

Recep Tayyip Erdogan

La detención en España del escritor y periodista turco Hamza Talçin no solo es una mala noticia sino la constatación de algo que algunos venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo: España se ha convertido en una jurisdicción de conveniencia en materia de extradiciones, un territorio cómodo del cual resulta relativamente sencillo, conseguir la entrega de personas reclamadas por cualquier país. Hamza Talçin, seguramente, desconocía este dato cuando tomó su vuelo con destino a Barcelona, no así las autoridades turcas que, incluso, cuentan desde 2009 con un convenio de cooperación en materia penal con España.

El foro de conveniencia, o la jurisdicción de conveniencia, es un fraude de Ley pero viene usándose en materia de extradiciones desde hace ya varios años y la razón no es otra que España, a través de la Audiencia Nacional, ha rebajado los criterios legales para la concesión de las extradiciones hasta límites intolerables en cualquier otro Estado democrático y de derecho; el caso de Hamza Talçin es un buen ejemplo porque ha viajado y vivido en diversos países pero no es hasta llegar a España cuando termina detenido y encarcelado y no es el único caso, ya en 2013 nos tocó defender al activista Bahar Kymyongur que, finalmente, conseguimos no fuese entregado a Turquía. Su delito consistió en manifestarse en el Parlamento Europeo en contra de las políticas de Erdogan pero Turquía lo reclamaba por pertenencia a organización terrorista, a una que ni tan siquiera existía tal cual hace ahora con Talçin.

En el caso de Hamza Talçin el proceso al que se enfrenta viene determinado por lo previsto en la Ley de Extradición Pasiva y, por tanto, existen dos fases de marcado carácter jurisdiccional y otras dos de eminente contenido político.

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Los niños, primero

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Juana Rivas

Un amigo me preguntó: "¿cómo abogado, qué opinas de lo de Juana Rivas?" La respuesta fue más bien de intuición jurídica porque, entonces, existían una serie de elementos del caso que desconocía, pero básicamente le expliqué que me parecía que no tenía razón, ni era la forma de actuar y que la problemática de niños con padres en distintos países es tan compleja que los jueces ni pueden ni van a hacer excepciones porque se rompería el finísimo equilibrio y la tenue cooperación jurídica internacional que existe sobre el tema. No iba desencaminado, pero ahora que he podido leer sobre el caso no sólo ratifico mi primera impresión sino que, además, creo que se está haciendo un flaco favor a la Justicia y, sobre todo, al sistema de protección internacional y nacional de los menores, que es lo que realmente está en juego. Y me explicaré.

Es efectivo que Juana Rivas es una mujer que ha sufrido maltrato y así consta en una sentencia de conformidad del año 2009, por la cual su entonces marido fue condenado a la pena de tres meses de cárcel. Posteriormente reanudaron la convivencia y tuvieron un segundo hijo. También es cierto que presentó en su día dos denuncias por amenazas que fueron archivadas y que cuando se traslada a España con los menores y decide no cumplir el régimen de visitas de los niños, presenta, ante un Juzgado español, una denuncia por amenazas que habría sufrido en Italia.

Es decir, no se debe ni se puede ignorar que estamos ante una mujer que probadamente fue maltratada y que probadamente ha presentado otras denuncias por amenazas, éstas últimas archivadas. Sin embargo, aquí lo que realmente se está discutiendo, y es el motivo por el cual todos y cada uno de los juzgados y tribunales por los que ha pasado el caso le han quitado la razón a Juan Rivas, es el derecho de los niños a disfrutar con su padre los periodos que el convenio regulador le ha atribuido a dicho progenitor. Ni el interés de la madre ni el del padre son los que están en juego sino el de los menores.

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