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La PAH ya ha ganado

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Este sábado 22 de febrero se celebrará en Barcelona la asamblea estatal de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que se esperan unas 400 personas. Tras la asamblea, celebraremos el 5º aniversario de la PAH. A la cita están convocadas las más de 200 PAH hoy existentes y, aunque por motivos económicos no todas podrán acudir, de un modo u otro todas estarán presentes.

Más de 1.000 desahucios parados. Se dice rápido. Más de 1.000 personas realojadas por la Obra Social de La PAH. Miles de daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales conseguidos en estos años, conquistados con gran esfuerzo, batallando caso a caso, semana tras semana, gracias a miles de heroínas y héroes anónimos que se dejan la piel en este movimiento.

Da vértigo mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado: cosas que hace 5 años nos decían que eran imposibles. El respaldo de la opinión pública. Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social que recogió un millón y medio de firmas. El apoyo de los jueces, del Parlamento Europeo y hasta de Naciones Unidas. Nuestra denuncia ha llegado a la prensa internacional, desde el New York Times o la BBC hasta Al Jazeera, pasando por Japón, Rusia o Finlandia.

Sin embargo, no podemos ser autocomplacientes. A pesar de todas las “pequeñas grandes victorias” de las PAH, aún no hemos logrado cambiar la ley en el sentido de los mínimos recogidos en la ILP. Pese a llevar ya acumuladas 500.000 mil ejecuciones hipotecarias, siguen aumentando los desahucios, con una banca rescatada y sobreprotegida por los poderes públicos.

El sistema es estructuralmente corrupto y la puerta giratoria entre los ministerios y los consejos de administración no ha dejado de funcionar, a costa de aumentar la desigualdad y los recortes en servicios básicos. El robo y el expolio se han instalado oficialmente en nuestras administraciones, bajo la forma contemporánea de la esclavitud llamada “deuda”.

Eppur si muove
. Aunque pueda sonar a provocación, o a ingenuidad, nos atrevemos a afirmar que la PAH ya ha ganado. Ha ganado porque ha logrado lo más difícil: romper la versión oficial que nos condenaba a la soledad, al miedo y a la fatalidad. Una sociedad deprimida y culpabilizada no se moviliza, y eso el poder lo sabe. Por eso nos repetían todo el día grandes mentiras como que “los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “tenemos lo que nos merecemos”, “hay políticos corruptos porque en este país ya se sabe que todo el que puede roba”, o el clásico “no hay alternativa”.

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Sufragios, cooperación e inteligencia

Pierre Bourdieu

Afirmaba Pierre Bourdieu que a la teología neoliberal, al fin y al cabo una forma de fundamentalismo utópico, hay que oponer lo que Ernst Bloch denominaba «utopía reflexiva». Ante todo, esta postura exige una toma de conciencia de las posibilidades reales de la sociedad que se pretende transformar. Requiere también rechazar el fatalismo que confía en que las contradicciones del mundo bastan por sí mismas para cambiarlo. E implica igualmente repudiar el «activismo por el activismo, puro voluntarismo basado en un exceso de optimismo». Ponerse al servicio de este «utopismo racional», huyendo de toda claudicación ante la hegemonía conservadora e investigando, con los aperos de las ciencias sociales, lo que las sociedades pueden ir dando de sí para su evolución en sentido anticapitalista, tales habrían de ser, según Bourdieu, los deberes del intelectual crítico.

Sus observaciones sirven asimismo para señalar los retos y los riesgos a los que se enfrenta la izquierda transformadora. Combatir el integrismo liberal, ya plenamente infiltrado en las instituciones políticas y paulatinamente presente en la cultura popular, requiere ponderar con exactitud cuáles pueden ser las estrategias para el cambio, sin incurrir en el derrotismo descreído pero sin caer tampoco en un voluntarismo irrealista.

¿Cuál es el modo de conjurar ambos peligros?

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Un paso más en la deriva de la Fiscalía: el 'caso Valdeluz Agustinos'

El fiscal jefe superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix Blázquez, acaba de realizar unas declaraciones acerca de la no obligación de denunciar por su parte aquellos casos que atentan contra la libertad sexual de menores y en los que los padres del menor deciden no iniciar acciones legales.

Estas declaraciones se enmarcan en el hecho de que el Instituto Madrileño de la Familia y del Menor, a través del Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual de Madrid (CIASI), estaba conociendo y tratando el caso de una menor de 17 años, quien manifestó allí haber sido víctima de presuntos abusos sexuales por parte de uno de sus profesores.

De 2007 a 2008, este órgano de protección del menor de la Comunidad de Madrid estuvo realizando el seguimiento del caso, hasta que concluyó que lo relatado por la menor era verosímil y recomendó a los padres de la niña que lo denunciaran. Los padres nunca lo hicieron.

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La complicidad del PP con la barbarie

El jurista milanés Cesare Beccaria recordaba, ya en el siglo XVIII, que la mejor forma de prevenir un delito residía en “la persuasión de no encontrar lugar sobre la tierra en el que haya de quedar sin castigo”. Con esa finalidad, el llamado principio de justicia universal se abrió paso a lo largo del siglo XX para poner coto a la impunidad de crímenes tan abominables como los de genocidio o lesa humanidad. En el fondo, la idea era simple: esos hechos son atentados graves que por su crueldad ofenden no solo a sus víctimas, sino a la humanidad entera. En su nombre, así, pueden ser perseguidos desde cualquier rincón del mundo, con independencia de quién sea la víctima, su autor, o de dónde se hayan cometido.

El origen más cercano de ese principio jurisdiccional se encuentra en la conformación de los tribunales de Núremberg y la toma de conciencia de que los actos de barbarie, como los vividos en Auschwitz, no podían repetirse. Bajo ese signo civilizatorio, se aprobaron también documentos cruciales como la Carta de la ONU, la Declaración Universal del 1948, que pretendían convertir los derechos humanos en auténticos muros de contención frente a los poderes arbitrarios de todo tipo. En ese momento, esa necesidad de imponer un “nunca más” como imperativo categórico global fue asumida por muchos de los Estados que ahora se muestran diplomáticamente enojados cuando se abren investigaciones que les involucran en crímenes de esa índole. En verdad, no tuvo que pasar mucho tiempo para constatar como esas normas se aplicaban asimétricamente a los derrotados y a quienes, a pesar de sus fechorías, resultaron victoriosos. Tras el horror nazi, la impunidad de otros crímenes horrendos como los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki, Dresden o las posteriores purgas estalinistas, mostraron el cinismo que sustentaba un sistema dual a medida de las grandes potencias. En Tokio, un juez disidente de la Corte sobre los crímenes de guerra de Japón llegó a exclamar, no sin razón, que “solo las guerras perdidas constituyen crímenes internacionales”.

Con todo, la promesa del “nunca más” quedó en pie y su eco se proyectó en el futuro. Del mismo modo que el mercado tendía a traspasar fronteras, empezaba a cuajar el anhelo de que la protección de los derechos humanos también pudiera hacerlo. El Convenio de Ginebra, la Convención contra la Tortura o la Convención contra las desapariciones forzadas, fueron piezas claves para consolidar su capacidad expansiva y extraterritorial. Con ese mismo propósito, se pusieron en marcha tribunales supraestatales ad hoc, como el de la ex-Yugoslavia, y órganos permanentes como la Corte Penal Internacional. Estos intentos, no obstante, pronto se mostraron claramente deficitarios para la consecución de la justicia. Uno de los principales motivos era su fuerte atadura a las relaciones de poder existentes en el orden internacional. Basta con observar, por ejemplo, las circunstancias políticas que rodearon su creación o las llamativas reservas a la jurisdicción universal formuladas por países como EEUU o Rusia para entender que ésta no era más que una versión encubierta de la vieja “justicia de los vencedores”.

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Reino de España y proceso político catalán

“Mostrad un precipicio a un caballero polaco y veréis como se lanza a él inmediatamente”. El secretario general de los socialistas catalanes se ha creído la broma de que los catalanes son iguales a los polacos, aunque él parece serlo, en el sentido que le da Balzac en una de sus novelas. Cuando la Infanta fue llamada a declarar como imputada, tuvo la ocurrencia de declarar solemnemente: “Ahora más que nunca hay que reforzar la Corona”. El líder del PSOE, su patrón, que no es polaco pero también es suicida, ha dejado bien claro que la Monarquía no se toca y que es necesario salvarla para evitar que se hunda el tinglado que tienen montado con el PP. Solo falta que culminen su complicidad mediante un gobierno de coalición, un posible efecto de las elecciones generales de 2016 si las cosas continúan como ahora, pues será la manera de que ambos gobiernen aunque más de la mitad se haya abstenido y ellos sumados pueden obtener una mayoría merced al sistema electoral que les favorece. Así podrán continuar disfrutando de un poder político pero muy devaluado. Nos ofrecen un futuro que nos llevaría de la actual crisis profunda al precipicio. Como Louis XV, “después de mí el diluvio”. 

El Reino de España hace aguas. Han conducido el país a una situación insostenible. Un sistema económicamente fracasado, políticamente excluyente, socialmente injusto, moralmente miserable. La base del sistema es la Monarquía y ahora se tambalea. Durante años ha mantenido una imagen de dique protector frente a los sectores deseosos de volver al Estado autoritario. Pero la renta obtenida por su (dudosa) defensa del marco formal democrático cuando el 23F (la tentativa golpista de 1981) se les ha agotado. Las nuevas generaciones no asumen los miedos pasados, pero sí pasan factura de los maltratos presentes. Se indignan de los privilegios de la Corona, de las oligarquías políticas que no representan hoy a la gran mayoría de la población, de la corrupción y la impunidad de las elites del poder económico y político, del enriquecimiento y la ostentación de los financieros que empobrecen a la mayoría, de las reformas laborales y del paro, de los desahucios y de la deriva represiva del gobierno, del menosprecio a la ciudadanía a la que se le permite votar de vez en cuando pero con la condición que los cambios se pueden hacer siempre que nada cambie y si hay cambios significativos, como el aborto, vienen los poderes fácticos, como la Iglesia, para volver al peor de los pasados.

El PSOE ha perdido una nueva oportunidad histórica. En el pasado tuvo la posibilidad de construir una democracia sobre bases sólidas. Su victoria aplastante en 1982 sobre una derecha fragmentada y sin brújula después del 23F le hubiera permitido desarrollar una segunda transición, pues la primera fue formalmente superestructural y afectó muy poco a las bases económicas y culturales de la dictadura. Tuvo miedo, optó por “que España funcione” e hizo suya la consigna decimonónica de Guizot, propia del capitalismo salvaje, “enriqueceos, enriqueceos”. A pesar de todo hubo progresos democráticos, especialmente en relación a los derechos civiles, y sentó algunas bases del Estado del bienestar en educación, sanidad y protección social. Pero invisibilizó la memoria histórica, estimuló la economía especulativa y la desindustrialización, frenó el desarrollo democrático que permitía la Constitución y facilitó la regresión reaccionaria de la Iglesia y de otros aparatos del Estado como la Judicatura.

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La Europa de los mercaderes

Mientras la Troika se pasea por los países del Mediterráneo exigiendo acelerar  la reforma del mercado laboral para conseguir mayor productividad y competitividad,el malestar y las protestas crecen. En el maletín, los llamados "hombres de negro" llevan un compendio de medidas estándar como bajar los salarios, aumentar la edad de jubilación, potenciar los contratos basura, agilizar el despido libre, elevar el IVA y seguir por la senda de las privatizaciones. Un recetario completo implantado de forma indiscriminada en la zona Euro. En su conjunto, el paquete se conoce como "políticas de austeridad", cuyo fin sería disminuir el déficit fiscal, hacer frente a la recesión y estimular el crecimiento económico. Medidas consideradas el factótum para sortear la crisis que enfrenta el capitalismo transnacional, sea cual sea la situación y circunstancia. El Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo están convencidos de su eficacia y las defienden a ultranza, a pesar de su fracaso. Nada parece indicar que vayan a entrar en barbecho o sean cuestionadas.

La Troika ha subrayado el error de cálculo de su práctica en Grecia. Los objetivos no se han logrado, provocando un efecto bumerán, más pobreza, desigualdad y un recorte sustantivo de los derechos políticos, sociales y económicos. Ninguna de las medidas diseñadas por los "tecnócratas y expertos", privatizaciones, despido de funcionarios, recortes en sanidad y educación, bajada de sueldos y salarios, han revertido la situación o indican un repunte en el medio plazo. El Fondo Monetario advierte que la deuda pública en relación con el PIB -en la actualidad del 186%- sólo bajará al 130% en 2030. Y por si fuera poco, los ingresos obtenidos por la venta de las empresas públicas no han cubierto las expectativas, situándose en 46.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones menos que los presupuestados.

Según la OCDE, entre 2009 y 2011 Grecia ha reducido su déficit público estructural desde el 12,8% hasta el 1,8%, es decir, seis puntos anuales. En un año, explica Sebastián Dullan, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, "Grecia ha reducido su déficit el doble de lo que Alemania hizo en cinco años". Lo dicho para Grecia se puede validar, con matices, en España y Portugal. En el primer caso en 2009 se bajó del 9,5 al 1,2 en 2012; y en el segundo, pasó del 9,5 en 2010 al 2,2 en 2012. Algo similar ocurre con los salarios reales. En Grecia han caído un 13% entre 2009 y 2011, mientras que en Portugal y España un 10% y un 7% respectivamente en tres años. El problema no ha sido la negligencia a la hora de aplicar las políticas de recortes y de austeridad, sino todo lo contrario: la celeridad en su puesta en práctica acelera y profundiza la crisis.

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Reconocer el totalitarismo y denunciarlo

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Hay un montón de buenas definiciones sobre qué es el periodismo y cuál es su función en la sociedad. Pero, entre todas ellas, hay una que me gusta especialmente. Es de Albert Camus: "Reconocer el totalitarismo y denunciarlo. No mentir y saber confesar lo que se ignora. Negarse a cualquier clase de despotismo, incluso provisional".

De eso va este blog, Contrapoder. Este viernes, lo presentaremos en Madrid, a las 19.00 horas en el Café Molar (calle de la Ruda, 19). Allí estaré junto a Ada Colau, Rafael Escudero, Jaume Asens, Isabel Elbal, Sebas Martín, Gerardo Pisarello y Gonzalo Boye (estáis invitados). Son algunos de los responsables de Contrapoder, que ya lleva algunas semanas en marcha, y también miembros del Observatori DESC, una plataforma que busca defender los derechos humanos en el sentido más amplio del término. No sólo se mueven por la libertad o el derecho al voto. También por el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación o a la salud.

Los objetivos de Contrapoder, o el Observatori DESC, también se podrían resumir con la frase de Camus: reconocer el totalitarismo y denunciarlo. En los tribunales, donde el Observatori está utilizando la acusación popular para combatir la corrupción en casos como el de Bárcenas. O en la calle, donde Ada Colau y la PAH han demostrado que se puede hacer frente a la injusticia de los desahucios. O en eldiario.es, a través de este blog que, desde la opinión y el análisis, ya está aportando un enfoque jurídico muy cualificado a debates como la justicia universal, la independencia de la fiscalía o la Ley de Amnistía.

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¿Más beneficios fiscales a las pensiones privadas mientras se recortan las públicas?

Con la entrada en vigor de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, se ha desvinculado la actualización de las pensiones del IPC, pasando a depender del llamado Factor de Revalorización Anual. Este año suben sólo un 0,25%, lo que supone ya una pérdida de poder adquisitivo real para los pensionistas.

Lo paradójico de esta situación es que, mientras este nuevo recorte estructural prevé ahorrar 809 millones € en 2014, según se indica en la propia memoria económica de la reforma, en el mismo ejercicio el Estado dejará de ingresar más del doble de la mencionada cifra (1.657,43 millones) como consecuencia de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados. Algo parecido ocurrió en 2010, cuando se congelaron las pensiones para ahorrar 1.300 millones € y los citados beneficios superaron los 2.000 millones €.

Debe recordarse que el actual régimen tributario favorece las aportaciones de las rentas más altas, que pueden invertir más dinero y aplicar una reducción a la base imponible general del IPRF muy superior, como consecuencia de los tipos marginales más elevados. Por poner un ejemplo, por cada 1.000 € invertidos en estos planes, una persona que gane 300.000 € deja de pagar a Hacienda unos 500 €, mientras que otra que cobre 17.000 €, se ahorra aproximadamente 250 €.

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Justicia universal: malos tiempos para la lírica judicial

Debo confesar que no he sido nunca un acérrimo partidario de la jurisdicción universal, acaso por escepticismo acerca de la posibilidad de celebrar un juicio en condiciones cuando los hechos han ocurrido en otro país y todas las pruebas de las que uno puede echar mano en la vista oral están fuera de nuestro territorio.

Sin embargo, quizá esta perspectiva, en la medida en que refleja la mirada que debe tener siempre toda acusación al enfrentarse a un caso -la prosperabilidad de la pretensión penal en la vista oral-, olvida un aspecto que, a la luz de la experiencia habida en España, es fundamental: el efecto de remover obstáculos y -por qué no- conciencias en el país donde se han producido los hechos y que, hasta que la causa no ha sido abierta por la justicia española, no ha realizado el menor esfuerzo en la averiguación de los delitos.

Desde esta perspectiva, podría hablarse de una cierta idea romántica de  justicia, que se simboliza en esa dama cuyos ojos están vendados y sostiene una balanza, sin ver quién o qué está a un lado u otro.

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La venganza y la política de alejamiento de presos

Mucho y -creo que- muy mal se ha hablado sobre la política de “dispersión de presos” en relación con las personas condenadas por la comisión de delitos de terrorismo, concretamente relacionadas con ETA.

Para ser rigurosos, esta denominación no solo no refleja la situación jurídica de los afectados por tal medida política, sino que simplifica las consecuencias de lo que ello significa desde el punto de vista humano. En efecto, no se trata tanto de “dispersión” cuanto de “alejamiento” de los presos con respecto a su lugar de residencia social o familiar.

Esta medida fue implantada hace 24 años por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, militante histórico del PSOE. Desde entonces, los dos partidos políticos que han gobernado en España han aplicado con rigor tal medida, con excepción del periodo entre 1.996 y 1.998 en que el Gobierno de José María Aznar decidió el acercamiento al País Vasco de 135 presos, como gesto en un marco de negociación nunca confesado. Recibió el apoyo unánime de todas las fuerzas representadas en el Parlamento.

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