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La dueña de Castor niega relación entre el almacén y los terremotos de Castellón

El presidente del consejo de administración ha descartado la relación entre la actividad de inyección de gas y los movimientos sísmicos

Recaredo Del Potro ha declarado como imputado por las supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de la explotación del almacén de gas

Ha insistido en que no había "el más mínimo riesgo" para la seguridad de las personas y bieness ya que la intensidad de los seísmos era tres

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Enagás ultima el proceso de hibernación del almacén Castor

Vecinos se concentran en el juzgado mientras el presidente de la empresa propietaria del almacén de gas subterráneo Castor EFE

El presidente del consejo de administración de la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, Recaredo Del Potro, ha negado este lunes la relación entre la actividad de inyección de gas y los movimientos sísmicos que se produjeron en la Comunitat Valenciana, y ha apuntado que la sismicidad fue "natural" y que sólo se trató de una "coincidencia en el tiempo".

Así se ha manifestado Del Potro en su declaración como imputado en el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) en la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de Castor, según ha informado el abogado de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular, Jorge Casal.

Según ha explicado el letrado a los medios de comunicación, "como era de esperar, Recaredo del Potro ha eludido cualquier tipo de responsabilidad de la empresa y ha dicho que desde un primer momento Escal hizo los estudios de sismología que le fueron requeridos de forma exhaustiva y aprovechando los datos que habían adquirido con anterioridad de los estudios de la empresa que había explotado en su día la instalación petrolífera".

"Sí que ha reconocido que esos estudios se centraron exclusivamente en el entorno de la falla Amposta, y ha dicho que no podían tener conocimiento de la existencia de otras fallas", ha destacado Casal, quien ha dicho que "incluso ha negado que la supuesta falla Castor exista y que los movimientos sísmicos estuviesen relacionados con la actividad de inyección de gas".

Así mismo, el imputado ha señalado que la aportación de la inyección de gas a la energía que despliegan los sismos es de una milésima parte, por lo tanto, "una incidencia mínima".

No había riesgo

También ha declarado Del Potro que sobre los movimientos había un "perfecto" conocimiento por parte del Ministerio y de la Red Nacional de Alerta Sísmica, "los cuales estaban perfectamente informados de lo que estaba sucediendo e, incluso, el director de esta última entidad les manifestó que, por la magnitud e intensidad de los sismos, no había el más mínimo riesgo para la seguridad de las personas".

Ha dicho que la intensidad de los sismos es tres, que excluye cualquier riesgo para personas y bienes y, en definitiva, que la intensidad de los sismos en la zona de Vinaròs es equivalente a las vibraciones que experimenta la fachada de una casa cuando pasa un camión por delante", ha añadido el letrado.

El representante de Escal también ha manifestado que las únicas medidas que se adoptaron cuando empezaron a registrarse los sismos fue el seguimiento de los mismos y la comunicación al Ministerio y a la Red Nacional de Alerta Sísmica, y ha dicho que en ningún momento cesó la actividad, "ya que el 16 de septiembre cesa la inyección sencillamente porque se acabó el gas y había finalizado la actividad programada, pero no porque voluntariamente lo decidieran ni recibieran ninguna instrucción al respecto", ha indicado el abogado de Arca Ibérica.

Por otra parte, según el letrado, una de las sugerencias que hizo el Observatorio de Ebro cuando puso en conocimiento de la empresa la existencia de movimientos sísmicos es que paralizara la actividad o redujera el caudal de inyección a los límites por debajo de los cuales no se había producido ningún movimiento sísmico, a lo que la empresa "manifiesta que redujo el caudal de inyección incluso antes, aunque el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) dice que no se redujo el caudal de inyección, sino que incluso se aumentó, pero del Potro dice que se confunde caudal con volumen de inyección".

Los informes del IGME, en "entredicho"

Así mismo, Recaredo del Potro ha puesto en "entredicho" los informes del IGME sobre unas fallas que hasta el momento eran desconocidas, "pues dice que son datos interpretables". Respecto a la falla Castor, ha destacado que tanto por sus dimensiones como por su velocidad de desplazamiento "no es susceptible de generar ningún tipo de riesgo", según Casal.

Finalmente, el imputado entiende que, según los estudios que ha hecho la empresa, la sismicidad que se produjo en la zona fue "natural" y que sólo se trata de una "coincidencia en el tiempo" con la inyección de gas.

El letrado ha afirmado que no le convencen los argumentos esgrimidos por el representante de Escal, "pues hay claras contradicciones entre lo que manifiesta y lo que dicen los técnicos del IGME, que han declarado que había una relación directa entre la inyección de gas y los movimientos sísmicos".

Concentración

Un grupo formado por una veintena de integrantes de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia se ha concentrado a las puertas de los juzgados para protestar en contra del proyecto Castor y han protagonizado una sonora pitada cuando Recaredo del Potro se marchaba tras prestar declaración y sin querer atender a los medios de comunicación. El colectivo ha perseguido al imputado por varias calles mientras le gritaban 'no volem'.

La Plataforma ha anunciado que presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para pedir "la suspensión de los efectos perjudiciales por los daños que supondrá la entrada en vigor de la repercusión tarifaria que impone el Real Decreto de Indemnización a favor del proyecto y de Escal".

Este martes declarará como imputado José Luis Martínez Dalmau, consejero delegado de Escal UGS.

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