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Comisión de investigación de 'Taula': del apoyo del PP al veto en las declaraciones

El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad crear un grupo de trabajo para esclarecer el presunto blanqueo de 50.000 euros en el seno grupo municipal popular.

Pese a ello, la comisión se ha cerrado hasta septiembre y solo han comparecido cuatro personas de las 30 vinculadas a los populares citadas a declarar.

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Reunión de la Comisión de Investigación del caso Taula en el Ayuntamiento de Valencia.

Asunción Barberá, hermana de Rita BArberá, en la Comisión de Investigación del caso Taula

La  primera comisión de investigación creada en el seno Ayuntamiento de Valencia para esclarecer el presunto blanqueo de 50.000 euros en el seno del grupo municipal popular, que investiga el juzgado como consecuencia de la Operación Taula, lleva camino de pasar a la historia por su escasa utilidad para lograr aportar algo de luz al caso.

Esta comisión, formada por un representante de cada grupo político del Ayuntamiento (Ciudadanos, PSPV, Compromís, València en Comú y PP), se creó a propuesta de Ciudadanos con el voto a favor de todos los partidos, incluido el PP.

Sin embargo, pese al apoyo explícito de los populares al proceso, la realidad es que desde el primer momento se han mostrado reacios a colaborar en las comparecencias, puesto que solo los funcionarios y el personal eventual están obligados a personarse.

De hecho, de las 30 personas vinculadas al partido citadas a declarar desde que arrancó la comisión el pasado 10 de mayo, tan solo cuatro han asistido y han contestado a las preguntas de los miembros de los diferentes grupos.

Así lo hicieron en la primera sesión Asunción Barberá, la hermana de la exalcaldesa Rita Barberá, quien negó tener conocimiento del presunto blanqueo, y los exasesores del exvicealcalde Alfonso Grau, Arantxa Martí, quien se negó a aportar los 1.000 euros al grupo, y Jesús Gordillo, quien aseguró que el polémico asesor municipal, Luis Salom, le enseñó a él y a otra persona en plena calle uno de los dos billetes de 500 euros con los que supuestamente se produjo el blanqueo.

Ese mismo día, se negaron a comparecer el propio Alfonso Grau, al considerar la comisión de investigación "un circo", y las exasesoras Nuria Diego y Patricia Iserte.

Así pues, desde aquella primera sesión hasta la última celebrada el pasado 19 de julio tan solo ha acudido y ha respondido a las preguntas el mencionado Salom, quien aseguró que algunos exasesores le acusan por su "notoriedad".

De esta forma, entre los que ni tan siquiera se presentaron a declarar están, además de Grau,  la exalcaldesa Barberá, la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro o la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

Tampoco se han presentado ninguno de los nueve concejales populares investigados, Sus asesores, aunque sí se presentaron al estar obligados, no contestaron a las preguntas planteadas y se remitieron a su declaración judicial.

Llama la atención que a pesar de votar a favor de la constitución de la comisión, los ediles del PP ya anunciaron antes de iniciarse la misma que no iban a comparecer puesto que el caso está judicializado y, según comentaron, no procede hacer nuevas declaraciones por recomendación del juez y de los fiscales, además de que el Ayuntamiento tiene acceso al sumario en el que figuran sus comparecencias judiciales.

También han añadido que consideran la comisión "un juicio paralelo" que solo busca "rédito y ensañamiento político".

Sobre la posibilidad de modificar el reglamento para obligar a los concejales a comparecer en futuras comisiones de investigación, fuentes municipales han asegurado que es algo que escapa "a las competencias del Ayuntamiento".

Precisamente, este viernes se hizo público que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al Tribunal Supremo que abra causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por este caso.

La comisión se reanudan en septiembre

Tras el escaso éxito de la primera fase de esta comisión de investigación, las comparecencias se reanudarán a partir del 13 de septiembre.

En este caso, las personas llamadas a declarar estarán vinculadas, a empresas y a la Mesa de Contratación del Ayuntamiento.

Entre los que podrían figurar están los responsables de las compañías encargadas de construir el centro cultural de La Rambleta, o de rehabilitar las torres de Quart.

El objetivo es determinar si existieron presuntas mordidas del 3% por las adjudicaciones de estos contratos, tal y como se desprende de algunas de las conversaciones telefónicas que se hicieron públicas de la exconcejala de Cultura, María José Alcón.

Por otra parte, el Ayuntamiento, a propuesta del PSPV, ha solicitadp a los servicios jurídicos municipales que determinen si el Consistorio puede personarse como acusación particular o popular en esta pieza.

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