Sanidad se suma al 'striptease' administrativo: Publicará camas disponibles y esperas en urgencias
El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha presentado este martes la ampliación del convenio firmado con Transparencia Internacional junto al presidente de esta organización en España, Jesús Lizcano.
Una colaboración que Alcaraz ha valorado como “una guía para consolidar las políticas de transparencia y regeneración democrática de la Generalitat”.
El conseller ha recordado que la Valenciana fue la primera comunidad autónoma que firmó un convenio con Transparencia Internacional “que hemos cumplido íntegramente 6 meses antes del plazo estimado y ahora nos autoimponemos nuevos mecanismos de control para mejorar la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información de la administración por parte de la ciudadanía”.
Los nuevos compromisos tienen que ver, por una parte, con sumar nuevas obligaciones de publicidad activa. En concreto, se incorporan al convenio, con un plazo de dos años para que estén operativos, indicadores en materia de gestión de políticas sanitarias como la publicación de los datos trimestrales de las listas de espera de pacientes por patologías y especialidades.
También el listado de las camas de todos los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, e información sobre del tiempo medio de espera en el servicio de urgencias desde que entra el paciente hasta que es diagnosticado y tratado.
Por otro lado, en materia de control y rendición de cuentas, se incorpora la creación y gestión del Buzón Responsable y de Buen Gobierno en el que ya está trabajando la Conselleria de Transparencia.
Se trata de un instrumento de participación ciudadana, una herramienta telemática que facilitará una presentación ágil y anónima de las comunicaciones como medio para asegurar el conocimiento de aquellas conductas no éticas o ilegales realizadas por el personal empleado público o altos cargos de la Generalitat.
Para ello, se prevén mecanismos que aseguran la confidencialidad de la identidad de la persona que hace la comunicación y también se reconocen una serie de derechos a las personas a las que se atribuye una conducta que no se ajusta a las reglas éticas. Este buzón podría estar operativo en el primer semestre del año que viene.
En tercer lugar, se impulsará antes de final de año la aplicación de los llamados Pactos de Integridad, un proyecto piloto para prevenir la corrupción en los contratos públicos. También en este caso, la Generalitat será la primera administración autonómica en ponerlo en marcha.
En concreto, Transparencia Internacional, como representante de la sociedad civil, será la encargada de supervisar el proceso de construcción de un colegio público en la Comunitat Valenciana.
Una supervisión que consistirá en realizar un estudio y evaluar los mecanismos de transparencia, integridad, conflicto de intereses, resoluciones, etc. que intervienen sobre la contratación pública en este proyecto. Se trata de asegurar, ha dicho el conseller, una correcta gestión del dinero público.
El presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, ha certificado que la Generalitat ha cumplido con los 13 compromisos iniciales que contempla el convenio, en el que el Consell se compromete a dotarse de una política de funcionamiento transparente que vaya más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones sobre publicidad establecidas en la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
Por ello, Lizcano ha valorado “los nuevos retos y desafíos que el Gobierno valenciano está asumiendo en el empeño por asegurar el derecho a saber de la ciudadanía”.
València y Alicante suspenden en transparencia
Por otra parte, Lizcano ha recordado que, a nivel de contratación pública, desde el año 2014 hay una obligación legal por parte de todas las administraciones y entidades públicas de publicar sus contratos en un lugar común que es la plataforma central del sector público.
En este sentido, ha comentado que hacen diversos análisis para comprobar el grado de cumplimiento de esta normativa a nivel estatal, y del último ralizado se desprende que de los 110 ayuntamientos más importantes de España, el 49% no cumplen este requisito, entre ellos los de València, Alicante, Sagunt y Torrevieja.
Sí que cumplen esta normativa la Generalitat, Les Corts, las diputaciones de València, Castellón y Alicante y las universidades públicas.
