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El juzgado investiga a Rafael Blasco por prevaricación, malversación y apropiación indebida en una nueva pieza del caso Cooperación

Se trata de la quinta pieza de la investigación en la que está implicado el exconseller popular y se indaga la contratación irregular de servicios informáticos de la Conselleria entre 2008 y 2011

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El exconseller popular de Cooperación Rafael Blasco

El exconseller popular de Cooperación Rafael Blasco EFE / Juan Carlos Cárdenas

El Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye dos piezas separadas del conocido como caso Cooperación, ha formado una pieza más sobre la supuesta trama de amaño de contratos por servicios informáticos en la que incluye como investigado al exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión.

En el auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano la jueza dictamina que se tiene también por investigados a Agustina Sanjuan, Marc Llinares, Augusto César Tauroni, Javier Murcia, Luis Mira y Juan Bautista Julià.

En esta nueva pieza, la quinta, se investigan los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o apropiación indebida a través de la contratación irregular de servicios informáticos de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre los años 2008 y 2011.

El pasado mes de octubre, la titular de este juzgado ya detectó la supuesta trama de amaño por valor de más de un millón de euros en la época en la que Rafael Blasco estuvo al frente.

Los contratos supuestamente amañados beneficiaron al empresario Augusto César Tauroni, encarcelado igual que Blasco por el desvío de fondos destinados al tercer mundo.

La instructora considera que se amañaron contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Tauroni.

Según el auto del pasado mes de octubre, hubo "una clara vulneración de los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que inspiran la contratación Pública".

En el auto de este viernes se encarga, entre otras diligencias, que la Conselleria actualmente de Igualdad informe al juzgado sobre la identidad de los trabajadores que llevaron a cabo los trabajos correspondientes a varios servicios informáticos contratados.

También solicita expedientes de contratación o información a la extinta fundación Ceimigra y a las empresas Ceteck e Indra.

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