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Los tejemanejes de Enrique Ortiz con el urbanismo de Alicante

Grabaciones policiales revelan cómo el empresario, que ha confesado en Gürtel haber financiado al PP, buscaba con populares y socialistas influencias para sacar adelante el plan de Rabassa, por cuya anulación reclama ahora 20 millones

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Un empresario pide perdón por financiar ilegalmente al PP: "Fue un error"

El empresario alicantino Enrique Ortiz pasa delante de los medios EFE

Conversaciones interceptadas por la Policía en la investigación del caso Brugal, en la pieza separada del Plan Parcial de Rabassa, sacan a la luz los tejemanejes del empresario Enrique Ortiz para que el proyecto saliera adelante. Ahora, ocho años después el proyecto es pasado, el propio Ortiz, que ha admitido en su declaración en una de las causas del caso Gürtel el pago irregular de actos del PP en las campañas de 2007 y 2008, ha renunciado a seguir tramitando la Actuación Territorial Estratégica (ATE), y el juzgado de instrucción número 6 ha cerrado la investigación de Rabassa por “no haber quedado suficientemente justificada la comisión del delito” que dio pie a la causa.

Ortiz ha rechazado el proyecto y acusa, en el escrito de renuncia, a la actual administración de declarar nulo el proyecto para frenar su tramitación. Le reclama 20 millones de euros, a través de siete de sus empresas interesadas en el proyecto, según han informado fuentes conocedoras de la reclamación. A modo de ejemplo, sólo mediante una de ellas, Urbanika Proyectos Inmobiliarios, Ortiz reclama a la Generalitat y al Ayuntamiento “con carácter solidario” una indemnización de 6,7 millones de euros por “alteración de las condiciones de participación de la mercantil” en la actuación de “nueva urbanización, como consecuencia de la declaración de nulidad del Programa de Actuación Integrada y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabassa”. No obstante, las empresas de Ortiz presentaron la renuncia cuatro días antes de que finalizara el plazo para solventar los errores detectados en el proyecto y sin que existiera la declaración de nulidad.

Tramitación acelerada

Lo que no expone el empresario alicantino es que, según las conversaciones recopiladas por la Policía, él y la jefa de Urbanismo de la alcaldesa popular Sonia Castedo, Isabel Campos, intentaban tramitar por vía de urgencia el proyecto en otoño de 2008.

En una de las conversaciones que mantienen, en torno a las 21.45 del 23 de octubre de aquel año, Ortiz se queja de que una arquitecta municipal se va de vacaciones 10 días a Egipto sin firmar un informe que necesita. Campos le tranquiliza y le dice que hay tiempo y que están a la espera de que se solucionen “los errores” del documento, que está “lleno” de fallos.

“Enrique, joder, es que tampoco trabajamos bien!”, se lamenta Isabel Campos, que puntualiza que “hasta los anexos estaban mal. Está todo mal, hay un montón de cosas”.

El constructor propone incluso enviar por avión el documento para que lo firme si hace falta en Egipto. “Es que date cuenta tú, ¿sabes lo que me da miedo a mi? Que vaya eso a manos de un juez loco que tome la medida cautelar de pararlo y ya no se puede aprobar”, argumenta el empresario.

La jefa de Urbanismo le indica que el pleno que debe estudiar el caso será el 21 de noviembre y que “antes no estará lo de Oti –Oti García Pertusa-”, que debía tomar posesión de su cargo, y que la técnico que se iba de viaje ya había avisado: “hacedlo que me voy”.

Ahí, Ortiz pregunta si la arquitecta es quien debe firmarlo, y Campos matiza: “claro, porque a quien ha puesto en Planeamiento, nuestra chica, es a Miguel Ángel Cano. Y Miguel Ángel sí que no te lo hace... de ninguna manera. Tiene que ser ella”.

Y plantea Ortiz: “¿no puede irse y dejarlo... no, si mañana ya no está”, se responde, asumiendo la imposibilidad. En ese punto, Isabel Campos vuelve sobre la cuestión: “si hubiera estado todo bien, se lo hubiera dejado firmado hoy...”.

Problemas con el agua

En otra de las conversaciones, Enrique Ortiz se queja a Angel Franco (PSPV) de que la Confederación Hidrográfica del Júcar había puesto impedimentos al Plan Rabassa. Por ello, pide al entonces dirigente socialista alicantino que le consiga una entrevista con el presidente de la Confederación, porque “hicieron un informe en contra de lo de Rabassa...”. “Ya subsanamos lo que nos pidieron del agua”, alega.

El objetivo del constructor era que Franco intercediera ante el presidente para que aceptara una entrevista con él y plantearle la posibilidad de entrar a “hablar con ellos y decirle que si necesitan que ponga dinero para ampliar la desaladora o lo que sea, pues ofrecerme e intentar hablar con ellos y que sean partícipes”.

Ángel Franco le asegura que conoce “razonablemente bien” al presidente de la Confederación y que le puede “propiciar” un encuentro. Ortiz, que ve reticente a Franco, le propone: “Si no quieres llamar tu, que llame a alguien o lo que sea”. No obstante, el socialista le indica que no se preocupe que le hará la gestión.

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