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Los expertos advierten contra la reapertura del Castor

Los técnicos que asesoran al Ministerio de Industria advierten del peligro de seísmos si se reabre la plataforma

La UE, a petición de varios grupos ecologistas, estudia el asunto pero no tiene previsto intervenir

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El Ayuntamiento de Vinaròs pide el cierre definitivo de la planta Castor

El Ayuntamiento de Vinaròs pide el cierre definitivo de la planta Castor

El informe técnico impulsado por el Ministerio de Industria tras los seísmos registrados en Castelón, frente a la costa de Vinaròs, considera que habrá nuevos seísmos en la zona si el Gobierno autoriza la reactivación de las inyecciones de gas.

Así lo desvela la Cadena Ser, que ha tenido acceso a un avance del informe que será entregado la próxima semana al Gobierno de España. En el informe, encargado al  Instituto Geologico y Minero no se aclara si debe paralizar o no la plataforma, pero advierte que los seísmos de baja intensidad reaparecerán con la reapertura de las inyecciones de gas en la zona.

La existencia de una pequeña falla provocaría que nuevas inyecciones generaran terremotos que podrían superar los 3 grados en la escala Richter. Es más, aunque los expertos no entrarían a valorar si el almacén de gas puedo o no volver a operar, los técnicos tampoco garantizarían que terremotos de más de 4 grados en la escala Richter –los que son claramente sentido por la población- puedan suceder.

La UE, en vigilancia

La Comisión Europea (CE) ha subrayado que sigue con atención la investigación de las autoridades españolas sobre el proyecto Castor, cuyos trabajos se encuentran interrumpidos hasta que se concluyan análisis científicos.

"Vemos que la situación se está gestionando cuidadosamente y nosotros por nuestra parte seguiremos atentos a cualquier preocupación que puedan tener los ciudadanos tras la conclusión de los procedimientos a nivel nacional", señalaron a Efe fuentes de la Comisión.

El vicepresidente y comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, recibió esta semana una carta de denuncia de una docena de organizaciones civiles y ecologistas españolas sobre ese proyecto.

Las mismas fuentes dijeron tener conocimiento del cese de las operaciones de la plataforma situada frente a las costas de Castellón hasta la conclusión de un análisis científico sobre el incremento de la actividad sísmica.

Igualmente apuntaron estar al corriente de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Castellón por posible negligencia administrativa de aprobar las operaciones.

"En vista de los procedimientos iniciados por las autoridades españolas, responsables primeras en la aplicación del derecho de la Unión, no vemos razón para que la CE intervenga en este momento", dijeron.

El Ministerio de Industria español publicó el pasado 26 de septiembre una resolución por la que ordenaba a Escal suspender todas las actividades de inyección o extracción de gas a raíz del aumento de la actividad sísmica en la zona.

El proyecto Castor, situado en el mar a unos 25 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón) y con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

Toda industria extractora de gran dimensión, como las grandes canteras a cielo abierto y grandes instalaciones de extracción de gas o de petróleo están obligadas por las normativas europeas a llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental.

La CE ha defendido hasta ahora que el proyecto de Vinaròs también cumplió los requisitos exigidos por la directiva sobre hábitats, que protege a la fauna y flora de un territorio afectado, y la directiva sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Ésta última fija las obligaciones que deben cumplir las actividades industriales con un elevado potencial de contaminación, de manera que establece un procedimiento de autorización para esas actividades y determina los requisitos mínimos que deben incluirse en todo permiso, en particular respecto a los vertidos de sustancias contaminantes.

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