Cremades denuncia a presidenta de la JUR por filtraciones sobre el Popular

El despacho Cremades y Asociados ha presentado una denuncia contra la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, por las presuntas filtraciones sobre la situación del Banco Popular, apenas días antes de la operación que acabó con la venta de la entidad al Santander.

En una nota de prensa, el bufete explica su decisión de denunciar a König ante el Director General de la Oficina Europea de la Lucha Contra el Fraude (OLAF), la Comisión Europea y el vicepresidente de la JUR dadas las “presuntas violaciones de sus deberes como funcionaria europea”.

A la luz de su actuación “difícilmente puede justificarse su eventual renovación en el cargo por cinco años más”, y añade que ya han solicitado que se le apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes, lo que podría derivar en la suspensión de su cargo.

Cremades y Asociados, que también ha transmitido copia del escrito ante la Oficina de Ética y Cumplimiento de la JUR y la Dirección General de Estabilidad Financiera de la Comisión Europea, considera que la resolución se produjo por “un problema de liquidez, no de solvencia” causado por las filtraciones de las instituciones europeas.

Éstas habrían provocado un “pánico generalizado” que llevó al Popular a una “espiral de caos” en la que su acción se desplomó y los clientes retiraron masivamente sus depósitos.

Unas filtraciones entre las que destaca las declaraciones hechas en televisión por la presidenta de la JUR sobre la supervisión de la entidad, entonces presidida por Emilio Saracho, y que continuarían durante días “de manera que las administraciones españolas retiraron miles de millones de euros en depósitos”.

En este sentido, remite al propio reglamento europeo, que dispone total confidencialidad para todos los miembros de la JUR ya que “la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en éste”.

Asimismo, desde el despacho de abogados creen que el organismo comunitario “estaría incumpliendo sus deberes de entregar el expediente administrativo de la resolución del Popular a los accionistas y bonistas afectados por la misma”, situación “contraria” al reglamento, según el cual “las personas sujetas a las decisiones tendrán derecho a acceder” al documento.

Este nuevo procedimiento se suma al resto de vías iniciadas por Cremades y Asociados, que ya ha presentado tres demandas de anulación y responsabilidad extracontractual ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y la Comisión; un procedimiento de acceso al expediente ante el Panel de Recurso de la JUR; un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, así como demandas civiles contra el Popular en tribunales españoles.