Puerto Rico suma a su crítica situación económica una demanda de Walmart

El Gobierno de Puerto Rico, que atraviesa una grave crisis de liquidez, tiene desde hoy sobre la mesa una demanda de Walmart, la mayor cadena de tiendas minoristas del mundo, por elevar el impuesto que grava las compras entre las compañías matrices y sus filiales en la isla.

Walmart presentó ante el Tribunal federal de San Juan una demanda contra la Ley 72, normativa con la que el Ejecutivo trata de incrementar la recaudación para hacer frente a los vencimientos más inmediatos de una asfixiante deuda de más de 72.000 millones de dólares y prestar a la vez los servicios básicos a la población.

La demanda supone un nuevo golpe para el Gobierno que encabeza Alejandro García Padilla, que acumula a los acuciantes problemas financieros una demanda del primer empleador mundial y de la isla caribeña, donde en sus establecimientos trabajan cerca de 15.000 personas.

La demanda, de 36 páginas, presentada contra del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, señala que la Ley 72 viola la cláusula de comercio entre Estados y otras leyes federales, además de advertir de que con el actual impuesto tendría muy difícil mantener sus operaciones en la isla.

La normativa, apunta la demanda de Walmart, aumenta el impuesto a pagar entre las empresas por compras realizadas fuera de Puerto Rico del 2 % al 6,5 %, lo que Walmart entiende es el tributo más alto a pagar en cualquier parte del mundo.

La empresa estadounidense asegura que se trata de una normativa dirigida específicamente contra la multinacional y que no tiene sentido actuar en contra de una empresa que es parte de la solución a los problemas que sufre la isla, que esta semana cumplió con un millonario vencimiento de deuda de 354 millones de dólares.

El pago pudo ser afrontado gracias a la sustracción de fondos de varias empresas públicas, una maniobra que los analistas interpretan como un gesto de buena voluntad con el objetivo de que Washington acceda a la petición del Ejecutivo de García Padilla de que la isla, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU. se pueda acoger al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

La demanda de hoy de Walmart es la primera de las grandes superficies comerciales que operan en la isla, que ya habían advertido hace meses al Gobierno de su oposición a la ley y de que su entrada en vigor pondría en peligro la continuidad de sus operaciones en la isla caribeña.

Walmart defendió hoy la importancia de su contribución a la economía de Puerto Rico, dado que emplea a cerca de 15.000 personas.

La compañía estadounidense cuenta en Puerto Rico cuenta con 55 establecimientos repartidos entre tiendas de las marcas Walmart Supercenters, Walmart, Sam's Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo.

Walmart además contribuye anualmente con cerca de 100 millones de dólares al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y realiza compras a proveedores locales por un valor de 1.600 millones de dólares.

La multinacional asegura que pagó en el último año fiscal 94 millones de dólares en impuestos estatales y municipales.

La Ley 72 del 29 de mayo de 2015 (“Ley 72-2015”) enmendó varias secciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para modificar el IVU y otros tributos.

La noticia de la demanda coincidió con la cancelación por parte del gobernador de una fiesta de Navidad que tenía preparada para los legisladores de su formación política, el Partido Popular Democrático (PPD).

Algunos legisladores habían anunciado su intención de no acudir a la cita por entender que no es momento de celebraciones solo 24 horas después de que la Justicia federal detuviera a 10 miembros de una trama de corrupción presuntamente encabezada por Anaudi Hernández, amigo del gobernador.