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Qué diferencias hay entre la intervención en la banca italiana y el Banco Popular

El ministro de Economía y Finanzas italiano, Pier Carlo Padoan.

Marta Garijo

Con poco más de 15 días de diferencia, el mecanismo europeo de supervisión bancaria ha vuelto actuar. Si en la noche del 7 de junio fue intervenido Banco Popular, este fin de semana era el turno de dos bancos italianos, Banco Popolare di Vincenza y Veneto Banca.

Los tres bancos han sido considerados por el Banco Central Europeo “en quiebra o a punto de la quiebra” aunque su forma de resolución en el caso de Popular ha sido obra de Bruselas y en el italiano se ha regido por las normas italianas. En el caso del español, la Junta Única de Resolución consideró que había “interés público” para dar este paso vía el Mecanismo Único de Resolución, mientras que en el caso de los italianos no consideró que este existiera lo que permitió que pudieran ser liquidados conforme a la normativa italiana.

¿Cómo han sido las intervenciones?

La resolución de Popular se hizo en el marco del Mecanismo Único de Resolución mientras que los italianos han sido disueltos de acuerdo a la normativa italiana. Una vez que el BCE estableció que Popular era inviable, después de haberse quedado sin liquidez, la Junta Única de Resolución estableció la venta de la entidad. Solo Santander realizó una oferta de un euro por la que finalmente se quedó con la entidad. 

En el caso italiano, Intesa San Paolo ha comprado solo los activos buenos de estos dos bancos con ayudas públicas y algunas salvedades que han hecho que el Estado italiano tenga que destinar hasta 17.000 millones de euros de ayudas públicas. Mientras que en el caso de Banco Popular, la entidad compradora (Banco Santander) se ha quedado con todos los activos y realizará una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para sanear el balance. En principio, en la resolución de Popular no hay ayudas públicas.

¿Qué diferencias existen entre los bancos intervenidos?

Existe una diferencia importante en el tamaño de los bancos italianos y el Popular, y por tanto, en el impacto que estos podrían tener en el resto del sistema financiero y en la economía. Banco Popular era el sexto banco del sistema financiero español con unos activos que ascendían a 160.000 millones de euros, mientras que en el caso de los italianos tenían juntos alrededor de 60.000 millones. Banco Veneto contaba con un balance ligeramente inferior a los 30.000 millones y el de Banca Popolare di Vicenza de algo menos que 35.000 millones. La intervención en los bancos italianos se suma a la débil situación que atraviesa el sistema financiero del país. 

¿Pierden los accionistas su inversión?

En ambos casos, los accionistas pierden su inversión, aunque en el caso de Popular la decisión la tomó Bruselas y en el caso de los italianos lo hizo Roma. La diferencia también reside en que Popular cotizaba en bolsa y los bancos italianos no.

Para vender Popular a Santander, en primer lugar se amortizaron la totalidad de las acciones en circulación. Es decir, las acciones de Popular que hasta ese momento cotizaban en Ibex 35 dejaron de hacerlo porque dejaron de existir. También se amortizaron las acciones resultantes de la conversión de los bonos convertibles, lo que se suelen conocer como CoCos. Así que esos instrumentos también desaparecen y pierden todo su valor. Los accionistas y los tenedores de deuda perdieron toda su inversión en una noche. 

En el caso de los bancos italianos, la comisaria Margrethe Vestager aseguró en el comunicado, tras dar luz verde a la operación propuesta por el Gobierno italiano, que los accionistas y bonistas perdían su inversión. “Los accionistas y los acreedores junior han contribuido totalmente, reduciendo los costes para el Estado, mientras que los depósitos se mantienen totalmente protegidos”, dice el texto. “Los accionistas actuales de Veneto Banca y Popolare di Vicenza así como los tenedores de deuda subordinada serán los primeros en asumir el desfase patrimonial (pérdidas) que conlleva su liquidación”, explican los analistas de Bankinter en un informe. “Los tenedores de deuda senior y los depositantes no sufrirán pérdidas con el mecanismo de liquidación iniciado por las autoridades italianas”, añaden.

¿Qué ha ocurrido con los depósitos?

Los depósitos en los dos casos están garantizados en su totalidad. Ambas soluciones han tenido como objetivo que los bancos pudieran abrir al día siguiente y no hubiera limitaciones en los depósitos.

¿Quién se ha quedado con las oficinas y los empleados?

Las entidades compradoras en los dos casos se han quedado con oficinas y empleados. En el caso italiano, se espera el cierre de unas 600 oficinas y una reducción de unos 4.000 empleos. Además, Intesa pidió que el Estado corra con el coste de una ampliación del fondo para las prejubilaciones. En el caso de Santander, el grupo procederá a la integración de Popular dentro de su marca, aunque esto podría durar alrededor de dos años.

¿Qué ayudas públicas ha comprometido Italia?

La compra de las dos entidades por parte de Intensa está ligada a ayudas públicas de hasta 17.000 millones de euros. El primer manguerazo de estas será de casi 5.000 millones como un anticipo de caja para garantizar los ratios de capital y reforzar patrimonio. El resto se irá movilizando en función de lo que vaya aflorando.

El ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, aseguró en la comparencia para explicar el movimiento que la intervención estatal no repercutirá en la deuda pública, puesto que estos recursos están contemplados en el decreto que aprobaron en diciembre con el objetivo de garantizar liquidez a los bancos con problemas y que está dotado con 20.000 millones de euros.

¿Cuáles son las críticas tras la intervención en Italia?

Algunas voces señalan que la diferencia entre la intervención de Banco Popular y la de los italianos genera diferencias en la unión bancaria. Otras voces hablan del compromiso de dinero público para salvaguardar la actividad de bancos privados. Por si acaso, Intesa ha incluido una cláusula en el acuerdo para guardarse las espaldas. En este apartado se establece que si en el trámite parlamentario (se abre ahora un plazo de 60 días) se incluyen cambios en el acuerdo, este no se llevará a cabo.

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