La ministra de Empleo, madrina del premio que otorga una empresa multada por hacer un ERE encubierto

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, acudió este miércoles al décimo aniversario de la Fundación Konecta y presidió la entrega de sus “Premios al Compromiso Social”. Un acto que podría pasar como una cita más en su agenda si no fuera porque la empresa de telemarketing de la que depende esa fundación, Konecta, acumula al menos siete informes de la Inspección de Trabajo entre octubre de 2013 y mayo de este año, uno de ellos por hacer un ERE encubierto. La empresa suma, además, decenas de condenas en la jurisdicción laboral. Se trata de la misma compañía que a finales de 2013 despidió a una trabajadora por faltar a su puesto el día de su desahucio.

En enero de 2014, la Inspección de Trabajo impuso una sanción grave a Konecta BTO por tramitar como despidos individuales lo que debería haber sido un expediente de regulación de empleo. CGT y UGT denunciaron que se trataba de un ERE encubierto, algo que la inspección ratificó. Hasta ese momento, la empresa acumulaba 189 sentencias en los juzgados de los social, muchas de ellas condenatorias, incluso por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores.

El expediente más reciente de la Inspección de Trabajo sobre Konecta data de mayo de este año. En él la Inspección comprueba que la empresa ha llevado a cabo una evaluación de riesgos psicosociales de los trabajadores adscritos al servicio de información tributaria básica, que la Agencia Tributaria adjudicó a Konecta BTO. La evaluación se llevó a cabo después de que un inspector así lo requiriera. El examen dio como resultado que el 71% de los trabajadores consideraba que los riesgos emocionales derivados de la exigencia en su trabajo eran elevados o muy elevados.

A pesar de estos resultados, la empresa no tomó la medida que tanto la plantilla como los representantes de los trabajadores recomendaron: que existiera un tiempo mínimo entre las llamadas que atienden los empleados. En su informe, la Inspección requiere a Konecta a que adopte las medidas necesarias para aliviar la carga, y que garantice un tiempo mínimo de 23 segundos entre llamada y llamada.

Otra de las sanciones recientes es la que la Dirección General de Trabajo de Madrid confirmó en febrero de este año: una “infracción grave en grado medio” por no comunicar a los representantes de los trabajadores en los plazos legales los contratos firmados con las ETT para la puesta a disposición de personal. “Dicho plazo es de extraordinaria importancia si tenemos en cuenta que en la mayoría de ocasiones se tratará de contratos de corta duración, de manera que es fundamental el conocimiento inmediato de la contratación por los representantes de los trabajadores”, dice el expediente sancionador, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Aunque la empresa recurrió la primera resolución del inspector, la Dirección General de Trabajo de Madrid asegura que sus alegaciones no están acreditadas y que ni siquiera cuestionan los hechos. Otro expediente sancionador fechado en enero de 2014 multaba a la empresa por no facilitar toda la información legal a los representantes de los trabajadores durante un proceso de extinción de puestos de trabajo. Esa falta de información, decía el inspector encargado del caso en su informe, “dificultó o impidió” las funciones del comité de empresa.

Durante la entrega de los premios de este miércoles, Báñez ignoró esta situación y destacó “el fuerte compromiso” de Konecta y su fundación “por la creación de una comunidad basada en la solidaridad con el objetivo de que las oportunidades lleguen a todos”. “Esta noche se premian diez años de iniciativas que iluminan la realidad, diez años de una visión empresarial responsable, diez años de trabajo para dar trabajo a los demás. No hay mayor responsabilidad que el empleo”, dijo la ministra.

El ministerio asegura que desconocen estos expedientes y que, en cualquier caso, la ministra acudió a un acto de su Fundación al que también asistió, por ejemplo, la infanta Elena.

Un modelo para Báñez

No es la primera vez que la ministra de Empleo visita Konecta, una empresa que emplea a 6.000 personas sólo en sus delegaciones de Madrid y Sevilla y que está presente en toda España. En marzo, junto con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, visitó su sede en Sevilla y allí hablaron de la reforma del sistema de formación que el Ejecutivo aprobó esos días. Báñez afirmó entonces que el modelo de formación de Konecta “tiene mucho que ver con el que quiere el Gobierno para que España compita en los mercados internacionales, apostando por la innovación, el talento y por el capital humano”.

Curiosamente, el año pasado, los trabajadores de Konecta destinados al servicio de información permanente de la Agencia Tributaria denunciaron que la empresa estaba eliminando la especialización de los operadores y les negaba formación. “Quieren que haya polivalencia, que ya está comenzando a funcionar. Para eso haría falta una formación a los trabajadores que no están dando”, decían desde la sección sindical de UGT en Konecta. “Siempre hemos tenido formación periódica para dar una atención de calidad. Ahora no, cualquier novedad la tenemos que estudiar nosotros por nuestra cuenta, mirarnos el BOE, no nos dan ni manuales”, aseguraba otro trabajador.

El coordinador estatal de Telemarketing de CGT, Santiago Alonso, asegura que Konecta “está continuamente precarizando el empleo”. “Crea mucho empleo y al mismo tiempo lo destruye. Crean mucho empleo basura, cuando podría ser de calidad porque muchas de sus campañas son estables. Hay, además, una gran presión sobre los trabajadores, la política es quemar a la gente.. Si no aguantas, te despiden y contratan a otro. Si hace falta pagan la improcedencia, al fin y al cabo la indemnización por un trabajador con dos o tres años de antiguedad es ridícula. Hay también muchos despidos por absentismo. Y si hacen todo esto es porque ganan dinero así”, denuncia Alonso.

Despidos

Hace solo unos días, el Grupo Konecta, una filial del Banco Santander que da servicio a muchas grandes empresas (se encarga de atender el teléfono de atención al cliente de Iberdrola, por ejemplo), anunció 157 despidos de su servicio de activación de tarjetas. La dirección comunicó que había decidido implantar un sistema automático de activación que hacía innecesaria la presencia de trabajadores: si un cliente del banco llamaba para activar su tarjeta sería atendido en la mayoría de los casos por una máquina. CGT convocó una huelga indefinida y, finalmente, la empresa retiró este jueves todos los despidos. Mantiene, eso sí, otros 25 despidos en el servicio de retención de tarjetas de Madrid.

“Estamos contentos por la retirada de los despidos, pero la reflexión de fondo no puede ser buena. Si los retiran de repente y sin que prácticamente hubiéramos iniciado la huelga es porque la política de la empresa es esta, plantear despidos porque sí, porque les vienen bien”, subraya Santiago Alonso, de CGT. El ministerio de Empleo sí conocía que Konecta había anunciado estos 157 despidos.

En octubre de 2013, el nombre de Konecta se hizo conocido después de que despidiera a Amaya Muñoz, una trabajadora que faltó a su puesto el día de su desahucio. Aunque sus ausencias estaban justificadas, la empresa, en la que llevaba contratada cuatro meses, la despidió igualmente con el aval de la última reforma laboral, que considera un “despido objetivo” el que se produce porque el empleado acumula nueve faltas justificadas en dos meses.