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La tarifa plana de 100 euros que explicó Rajoy cuesta en realidad 205

La tarifa plana en las cotizaciones a la seguridad social anunciada por Rajoy sólo se aplica a las contingencias comunes, pero la empresa aún tendrá que pagar la parte de formación profesional, el desempleo y el Fogasa

Para un sueldo de 20.000 euros, la empresa pagará 205 de cuota al mes, no 100

Rajoy compara en su discurso dos sumas que no tienen nada que ver, para exagerar los beneficios de la medida

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El presidente del Gobierno, durante el debate en el Congreso. / Efe

Como ya es habitual, tras los rimbombantes anuncios en la tribuna del Congreso hay una letra pequeña que suele rebajar el éxtasis provocado. En el caso de la tarifa plana para las cotizaciones sociales, medida anunciada el martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es algo más que un pequeño error.

El presidente deslizó la idea de que los empresarios no tendrán que pagar más que 100 euros mensuales por los nuevos contratos indefinidos que hagan, siempre y cuando creen empleo neto. Pero se le olvidó añadir que esta medida sólo se aplica al coste laboral de las contingencias comunes, esto es, básicamente, las que dan cobertura a las pensiones y dan derecho a la bajas por enfermedad.

Hay otras cotizaciones, sin embargo, que los empresarios deberán seguir pagando y que duplican esa factura si se toma el ejemplo de los 20.000 euros anuales que puso el presidente en la tribuna: las empresas no pagarán 100 euros al mes, sino 205.

Así, para financiar las contingencias comunes se aplica un tipo del 23,6% del sueldo. Pero a este gravamen hay que sumar la parte que los empresarios pagan para costear las prestaciones por desempleo, y que en el caso de un contrato indefinido es del 5,5%; y también lo que aportan al Fogasa, otro 0,20%, o a la formación profesional, un 0,6%. En total, estos otros costes suponen 1.260 euros al año, otros 105 euros al mes (ver tabla), que se suman a los 100 euros mensuales de las contingencias comunes.

Faltaría sumar las cotizaciones por Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo (AT y EP) que solo paga el empresario y que van directamente a las Mutuas. Estas cotizaciones varían según las actividades y los años del trabajador. Además, y pese a que la medida se ha vendido como una tarifa fija, las cotizaciones, obviamente, fluctuarán en función del sueldo, ya que el resto de las cuotas son variables. 

Mariano Rajoy hizo en su discurso un uso de las estadísticas difícilmente justificable. Literalmente, esbozó estos cálculos: "Esto supone, por ejemplo, para un sueldo bruto al año de 20.000 euros y que el importe de su cotización a la Seguridad Social es de 5.700 euros, cada nuevo empleo creado, la empresa pasará a ingresar solamente 1.200 euros, es decir, en este caso concreto estaríamos hablando de una rebaja en las cotizaciones sociales de un 75%".

El coste de las contingencias comunes de un sueldo de 20.000 euros es de 4.720 euros (ver tabla). Sin embargo, el presidente le ha aplicado a ese hipotético sueldo el tipo global de las contingencias comunes, esto es, lo que paga el empresario, pero también lo que paga el trabajador. En total, un 28,3%.

En la Seguridad Social recuerdan que la parte que afecta al trabajador no se toca, así que esta cifra está equivocada, puesto que comparan dos conceptos que no se pueden comparar. Desde Empleo emitieron una nota correcta, pero en Moncloa reconocen que utilizaron el tipo del 28,3%.

En términos homogéneos, y siempre teniendo en cuenta ese sueldo de 20.000 euros tomado como ejemplo, la reducción de lo que paga el empresario será del 60%. Cabe resaltar que cuanto más alto sea el sueldo, como el elegido por Rajoy para el ejemplo, más se ahorrará el empresario con la medida. Para un sueldo con la base mínima de cotización, el ahorro apenas será de 77 euros. Con la base máxima, el ahorro llega hasta 700 euros mensuales.

Además, la cuota obrera, la que abona el trabajador, se lleva un 6,35% del sueldo, que como se ha mencionado, no se toca. 

En cualquier caso, la medida ha creado polémica, como no podía ser menos. La patronal la ha considerado muy interesante y los sindicatos y expertos la han puesto en entredicho. La caja de la Seguridad Social atraviesa un momento muy delicado, y todo lo que sea sustraer aportaciones debilita el sistema y puede pasar factura en el futuro en el pago de las pensiones.

Para protegerse de un mal uso de esta propuesta, el Ejecutivo exige que el empleado esté al menos tres años en el puesto de trabajo y que en los seis meses anteriores a su contratación no se haya hecho ningún despido improcedente.

Es, además, una medida contradictoria con las que ha tomado el Gobierno en los últimos dos años: flexibilizar y bonificar la contratación a tiempo parcial, la temporal, así como los contratos de prácticas y formación.

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