Las sicav pierden protagonismo político ante el riesgo de fuga de capitales

La tributación de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) ha perdido progresivamente protagonismo en el debate político, un declive que los asesores fiscales achacan al posible riesgo de fuga de capitales.

En la campaña electoral de este año, Podemos ha sido el único de los grandes partidos que ha aludido en su programa a este vehículo de inversión, para instar a poner “fin” a su “tributación privilegiada”, sin más detalles.

El presidente de la Comisión financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, cree que esta pérdida de interés se debe a que ahora los partidos son conscientes de que una subida de la fiscalidad supondría que estas sociedades se fueran del país, lo que redundaría en “menos beneficio”.

En ese mismo sentido, el secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), Ricardo Perpiñán Girol, asegura que “no hay voluntad política” de cambiar su situación por el riesgo de fuga de capitales.

“Cargar la sicav de tributación es un absurdo porque se van a llevar las inversiones fuera”, subraya Pedraza, un punto en el que coincide Perpiñán, que además asegura que el futuro Gobierno “no va a tocar” estas sociedades porque “habría una fuga muy importante de capitales”.

Las sicav disfrutan de una fiscalidad muy baja, del 1 % de su beneficio, y sus partícipes solo tienen que tributar cuando venden su participación, que de tener plusvalía supone una ganancia patrimonial.

Sin embargo, aunque las sicav constituyen una inversión muy ventajosa -un “chollo” para Perpiñan-, tanto su número como su patrimonio encadena tres años consecutivos a la baja, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco).

Al cierre de 2018 había 2.734 sociedades de este tipo en España, 638 menos que en 2015, con un patrimonio de 28.382 millones de euros, 5.700 millones menos que tres años antes, un descenso que la asociación achaca directamente a la “incertidumbre regulatoria” tras años en que ha habido cierto consenso político sobre la necesidad de modificar su tributación.

Sin embargo, Pedraza considera que se debe a que los inversores se están decantando vehículos menos transparentes, ya que las sicav están obligadas a publicar una gran cantidad de información sobre los partícipes y las inversiones que está accesible “para todo el mundo”.

La constitución de sicav está sujeta a una serie de requisitos, entre ellos contar con un patrimonio de al menos 2,4 millones de euros y un mínimo 100 partícipes.

Esta es precisamente una de las cuestiones más polémicas, ya que a menudo solo unos pocos son los verdaderos propietarios de los fondos -frecuentemente, una familia- y el resto, popularmente denominados “mariachis”, solo constan para que se cumplan los requisitos y acceder a esta fiscalidad más ventajosa.

“Hay abogados que constituyen las sicav y buscan los cien partícipes sin problemas”, reconoce Perpiñán, lo que conduce a una “discriminación” de unos contribuyentes, que tributan por las ganancias patrimoniales de sus inversiones, frente a otros que no lo hacen, según el secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales, Luis del Amo.

Ya en 2016, PP y Ciudadanos se comprometieron en su pacto de investidura a devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de estas sociedades y a que solo computaran como accionistas quienes tuvieran una participación superior al 0,55 % para evitar esos “inversores de paja”.

Estas medidas nunca se adoptaron, pero el objetivo se retomó en el decaído proyecto presupuestario de 2019, que pretendía devolver a la Agencia Tributaria el control sobre el número de accionistas de las sicav, que ahora está en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para Del Amo, “tiene sentido que el control de unos requisitos fiscales esté en la Agencia Tributaria”, ya que “el espíritu de estas instituciones es que los ciudadanos normales podamos acceder a una gestión profesional de nuestro dinero”, pero si el 99 % de la sicav está en manos de una persona o una familia “no es verdaderamente una institución de inversión colectiva”.