La Xunta publicita su código ético, sin más consecuencias que las leyes vigentes
El pasado marzo, en pleno escándalo por las revelaciones vinculadas al sumario del caso Pokémon, el presidente de la Xunta realizaba el ademán político de dar un paso adelante en la lucha contra la corrupción anunciando la puesta en marcha de un “código ético” que, como novedad más reseñable, explicaba, iba a prohibir los regalos a los altos cargos y demás personal al servicio del Gobierno gallego. Obviando que esas “dádivas” llevaban prohibidas en Galicia desde el año 2006, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia impulsada por el bipartito, el presidente siguió adelante con su plan pasándolo por el Consello da Xunta en el mes de abril y aprobándolo en el mismo órgano en julio. Seis meses después del inicio del proceso, el Ejecutivo publicita ahora un código que, como al principio, no tiene más consecuencias para quien lo incumpla que las ya estipuladas en las leyes vigentes.
Atendiendo a lo fijado en el propio código, el Diario Oficial de Galicia de este viernes publica un texto que, como se había anunciado, incluye la prohibición de recibir regalos que vayan más allá de la cortesía y que, en todo caso, no podrán superar los 90 euros de importe. En caso de que se incumplan estas condiciones, la persona que hubiera recibido el regalo tendrá que devolverlo anexando un formulario de agradecimiento, o bien ponerlo en conocimiento del “órgano competente” que proceda si, por ejemplo, duda del precio real del regalo. Y, ¿qué pasa si esto se incumple? “Se procederá a la apertura de una información reservada”, esto es, de un expediente secreto, para “dilucidar” si la conducta “puede ser constitutiva de infracción disciplinaria de acuerdo con la normativa vigente”.
El código no especifica ninguna sanción para los regalos (“se escalonará en función de los perjuicios que se ocasionen al interés público, de su repercusión y de su entidad”) y tampoco lo hace para el resto de casos excepto en uno, el de los “miembros del Consello da Xunta y altos cargos” que sean “titulares de cuentas en países o territorios con calificación de paraíso fiscal”. Así, si se detecta que un miembro del Gobierno es un defraudador fiscal, tendrá que cesar en su cargo. A pesar de todo, tampoco en este caso se modifica ninguna ley, por lo que la repercusión será la que ya marca la legislación existente. En este sentido, el código evidencia que si los “órganos competentes” detectan “conductas (...) que puedan ser constitutivas de delito” tendrán que remitirlas a la Asesoría Jurídica General “para los efectos de valoración de su posible remisión a la Fiscalía”.
Las críticas del PP a la Ley de transparencia
Así las cosas, lo que el Gobierno gallego define como un “impulso de la transparencia, de la rendición de cuentas ante la ciudadanía” y de la “vocación de servicio” no viene a aportar grandes novedades, al margen de unificar en un único texto normas ya existentes y otro código ético, el de los viajes institucionales. Se reitera también lo ya fijado en el marco legal gallego a través de la mencionada Ley de transparencia, una norma que el PP, ya con Feijóo al frente, acabó por apoyar en su trámite final pero a la que antes le había presentado una enmienda a la totalidad por considerarla insuficiente e incluso ridícula.
Aquella enmienda, firmada por quien era entonces portavoz parlamentario de los conservadores, José Manuel Barreiro, señalaba que “la normativa aplicable hasta lo de ahora”, esto es, en los tiempos de Manuel Fraga, “regulaba de forma suficiente y clara la materia de que se trata”. Para los populares, la Ley de transparencia no contenía “ninguna novedad” y por eso la calificaban irónicamentne de “ley de la página web de la Xunta”, por fijar en su articulado deberes como la publicación en internet de las remuneraciones de los principales cargos públicos o de los procesos de contratación.
