Ya hay fecha para el juicio por el conocido ‘caso Arroyo’, en Valladolid, en el que se juzgará a Jesús García Galván, portavoz del PP en la Diputación Provincial vallisoletana, por los delitos de cohecho y prevaricación urbanística. También se juzgará al alcalde de esa localidad, José Manuel Méndez, que ahora es el regidor por Independientes por Arroyo y militante del PP cuando saltó el escándalo; al arquitecto de Arroyo, Buenaventura Conde; y a tres representantes de la empresa Mahía Grupo Inmobiliario.
La Fiscalía de Valladolid reclama para García Galván dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por supuesta prevaricación urbanística, así como 18 años de inhabilitación.
Para el alcalde de Arroyo, el Ministerio Público pide 10,5 años de prisión, 27 años de inhabilitación para ejercer cargo público y multas de más de 535.000 euros por dos delitos de cohecho, dos de prevaricación y uno de malversación.
El juicio comenzará el día 24 de junio, en la Audiencia Provincial de Valladolid y se han reservado otros cuatro días más para la continuación de la vista oral.
Las investigaciones judiciales han definido como “trama” la urdida por dos representantes de Mahía Grupo Inmobiliario –Ramón López y José Presas- y el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, que supuestamente se pusieron de acuerdo para “beneficiar” a la empresa a través de licencias urbanísticas, para que construyeran en la localidad. Para ello, la empresa, afincada en Galicia, se constituyó “un entramado de sociedades mercantiles” que estaba relacionado con el grupo empresarial a cambio “de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos”.
El auto judicial por el que se decretó la apertura de juicio oral determinó que era el alcalde, nacido en Galicia, la pieza clave en ese entramado empresarial y que beneficiaron a la empresa Mahía para que se instalara en Arroyo a partir de 1999.
Según el juez, estos cuatro acusados “llevaron a cabo conductas” que consistían en “informar de forma favorable a las solicitudes” de la empresa, “votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la Sociedad Municipal del Suelo –Emuva-, potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior”.
La posible participación del hoy portavoz del PP en la Diputación Provincial de Valladolid, Jesús García Galván, en estos hechos se centran en la Comisión Territorial de Urbanismo, de la que fue presidente.
Es más, el juez reveló, en su auto de imputación, que la empresa Mahía regaló a García Galván un chalé en la localidad gallega de Mugardos (A Coruña) de casi 200 metros cuadrados, por un precio de 148.000 euros, firmado en el año 2004. Según el auto judicial, “aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por las gestiones” de García Galván “a favor de la empresa” Mahía.
Hace un año, el portavoz del PP en la Diputación vallisoletana anunció al presidente de los populares que dimitiría si se abría juicio oral. Por ello, y ante el conocimiento de la fecha del juicio, el PSOE de Valladolid, a través de su secretario provincial Javier Izquierdo, ha exigido la “dimisión inmediata” de Jesús García Galván, una decisión que ya es “inaplazable.
Respecto al resto de acusados, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, y multas de 851.500 y 180.000 euros. Para el exarquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, pide cuatro años de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación; y para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.
