Ángel Luna, Síndic de Greuges: “Las quejas en vivienda han aumentado un 100% en cuatro años y la conselleria no nos responde ni a nosotros”

El defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, se cree fielmente la institución. Síndic de Greuges desde 2019, el exportavoz del PSPV en la Cámara se muestra muy crítico con el funcionamiento de los servicios sociales, algo que ya hizo con el gobierno de izquierdas, y especialmente preocupado con el problema de la vivienda. En los casi ocho años que lleva encabezando la institución estatutaria ha emitido cientos de resoluciones sobre problemas de la población más vulnerable, y alerta de que la falta de respuesta lleva a la desafección política. “Evidentemente no se está haciendo todo lo que se debería hacer por sacar de su situación a las personas que están en situación de vulnerabilidad. A veces es tan simple como respetar las leyes”, sostiene.

Luna presentó la memoria anual en las Corts a finales de marzo, en un acto en el que alertó de la deriva institucional de la Cámara, gobernada con mayoría de PP y Vox, que ha reformado el reglamento y vertido numerosos ataques sobre organismos estatutarios.

Cuando presentó la memoria en Corts, alertó de una deriva institucional peligrosa. ¿A qué se refería?

Comentaba en concreto la reforma del reglamento de la Cámara, que introduce una serie de cambios que amenazan, de alguna manera, el control presupuestario de las instituciones estatutarias. De acuerdo con el reglamento de las Corts, cuando se rechazan las enmiendas de totalidad al presupuesto, quedan fijados los estados de gastos de las diferentes partes de la Administración; eso ya no se puede mover. Sin embargo, con la reforma del reglamento hacen una excepción y dicen que excepto los de las instituciones estatutarias. Esto, cuando se ha oído en algún debate anterior el intento de recorte a la Academia Valenciana de la Llengua, nos pone sobre aviso de que se puede intentar algún tipo de recorte a los presupuestos de las instituciones estatutarias.

En relación con el Síndic de Greuges, además, establece que la presentación de la memoria anual se hará ante la comisión de peticiones de la Cámara [antes se hacía en el Pleno]. Evidentemente, no tiene la misma repercusión pública ni política si el debate de la memoria anual del Síndic se hace ante el Pleno que si se hace ante una comisión reducida. Además de eso, está el hecho constatado de que durante el año 2025 no nos han llamado a exponer la memoria del año 2024, que se ha quedado sin exponer a las Corts.

¿Es la primera vez que una memoria se queda sin exponer?

No, ha ocurrido otras veces, pero siempre ha tenido que ver con circunstancias excepcionales. Por ejemplo, con la pandemia o en los años electorales. La disolución de las Corts suele coincidir, y entre el debate de investidura y la constitución de gobierno, en esos años, a veces no ha habido exposición del informe anual. Este año 2025 no hay un motivo que lo justifique.

¿Hay un interés en ocultar, o en no dar tanta visibilidad a las críticas que hace el Síndic?

No quiero juzgar intenciones. El hecho es el hecho, y el hecho es que el Síndic recoge las quejas, que en este año han sido 5.600 de los ciudadanos, y expone el contenido de esas quejas y las alternativas, las soluciones o las recomendaciones en relación con cada una de ellas. Eso es lo que no se ha permitido durante el año 2025, que el síndic vaya a exponer a las Corts.

¿Es una institución incómoda?

Sí, su propia naturaleza, con este Gobierno y con todos. Con los gobiernos municipales y las diputaciones. Nosotros recogemos quejas de los ciudadanos, no recogemos alabanzas. Necesariamente es una institución incómoda.

También realizan quejas de oficio, 12 en el último año.

El año 2025 es un poco extraño para nosotros, porque hicimos tres quejas de oficio que luego refundimos en un informe especial, y eso nos limitó las posibilidades de abrir quejas de oficio en otros sectores.

En este sentido, el PP les ha acusado, de cierta manera, de politizar la institución, de hacer una especie de oposición. Después de que presentara la memoria, el portavoz del PP hizo un comentario sobre la posibilidad de devolver remanentes de la institución a la Cámara. ¿Esto lo interpretan como una amenaza?

No, yo no interpreto nada como amenaza. El tratamiento de los remanentes está en la ley del Síndic, y por tanto, si quieren que haya otro tipo de tratamiento, que la modifiquen.

Buena parte de las quejas tienen que ver con el empleo público...

Ha tenido que ver mucho con los procesos de regularización que ha habido en la Administración. Nosotros no entramos en cuestiones de legalidad ordinaria, sí que entramos en lo que es la defensa de derechos fundamentales, en el derecho fundamental a una buena Administración se aplica tanto a los ciudadanos como a los empleados públicos. Este año el problema ha sido que muchos han visto vulnerados sus derechos a la hora de oposiciones, concursos, el respeto a las normas fundamentales del derecho de acceso a la función pública mediante los principios de publicidad, mérito y capacidad.

Uno de los informes especiales tenía que ver con vivienda pública, son más de 400 quejas de vivienda...¿Qué recomendaciones se han hecho en este sentido?

Son amplias las recomendaciones. Llevamos muchos años discutiendo la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana. El primer problema es la escasez de vivienda pública. La Ley de Función Social de la Vivienda, que está en vigor desde el año 2017, ya estableció un mandato de que se fuera ampliando el parque de vivienda pública. No se ha producido esa ampliación.

El segundo problema tiene que ver con que la ley establece el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, algo que no pasa en otras comunidades autónomas. En la Constitución, el artículo 47 reconoce el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica del Gobierno, pero en la Comunitat Valenciana la ley va un paso más allá y reconoce el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo cuando uno está en determinadas circunstancias de vulnerabilidad. Eso quiere decir que si yo reúno los requisitos de vulnerabilidad que establece la ley, si voy a un juzgado y planteo un pleito contra la Generalitat, me tienen que dar una vivienda o una solución alternativa.

Como la Generalitat no tiene viviendas suficientes, la salida que daba la ley es una ayuda al alquiler de manera que el ciudadano pueda tener una vivienda alternativa gracias a esa ayuda. En este asunto nos hemos encontrado con un problema: después de una larga batalla con el Gobierno anterior, al final introdujo un procedimiento para regular ayudas extraordinarias al alquiler en situaciones de vulnerabilidad, que se estuvo aplicando en los años 2023 y 2024. Eso despareció en los presupuestos del 2025, que son los que están en vigor. El grave problema en estos momentos es que una persona solicita una vivienda, se encuentra en situación de vulnerabilidad, no le dan una vivienda porque no hay, y tampoco hay un procedimiento para solicitar esa ayuda al alquiler en situación de emergencia.

La conselleria nos ha reconocido que fue un error que desapareciera ese procedimiento. Planteó que en el decreto ley de simplificación se iba a introducir; sin embargo, se aprobó el decreto y no se ha introducido.

"El grave problema en estos momentos es que una persona vulnerable solicita una vivienda, no se la dan porque no hay, y tampoco hay un procedimiento para solicitar ayudas al alquiler en situación de emergencia"

Hay muchos ciudadanos, sobre todo en materia de vivienda, que acuden al Síndic porque la Administración ni siquiera le responde a sus demandas. ¿Estas peticiones se han incrementado en los años que han fiscalizado?

De hecho, prácticamente se han aumentado al 100% en los últimos cuatro años las quejas de vivienda. El problema que estamos detectando este año 2026 es que la consellería no solamente no responde a ciudadanos, sino que tampoco nos responde a nosotros. Desde que empezó el año, de 20 resoluciones, la consellería no nos había respondido en 15.

En servicios sociales también hay un volumen importante de quejas. ¿Sucede lo mismo?

Los ciudadanos vienen aquí cuando han solicitado, por ejemplo, la declaración de dependencia, o han solicitado la rentabilidad e inclusión o discapacidad, y han pasado dos años y no han recibido ningún papel de respuesta. Entonces acuden al Síndic. Al Síndic, en estos casos, sí que se les suele contestar por parte de la conselleria.

Si tomamos como referencia el año 2019, cuando usted asume el cargo, del volumen de quejas y en función de su tipología, ¿Se puede desprender un deterioro de los servicios públicos u obedece a otras cuestiones?

Creo que los servicios sociales claramente no funcionan, hay un error de diseño. La ley de servicios sociales que está en vigor establece formalmente una cierta autonomía de los ayuntamientos, pero en la práctica los ayuntamientos están permanentemente tutelados por la consellería, controlados en su autonomía. Pero el control en las administraciones públicas supone burocracia, hacer informes y discutir esos informes. Eso va desde la financiación de los servicios sociales a los ayuntamientos, a través de los contratos programas, hasta la aplicación del derecho a la dependencia o de la renta valenciana de inclusión. La burocracia que genera el sistema de servicios sociales que tenemos es ingente y eso lastra su funcionamiento. De las quejas que recibe el Sindic, el 47% aproximadamente, son de servicios sociales.

La burocracia que genera el sistema de servicios sociales que tenemos es ingente y eso lastra su funcionamiento

Resultan también significativas las quejas que tienen que ver con la falta de transparencia de los ayuntamientos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de València, donde son los concejales de la oposición los que tienen que acudir al Sindic, o entidades sociales como las asociaciones de vecinos, que terminan acudiendo a la institución porque el Ayuntamiento no les facilita una información.

Es una constante de muchos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, no solo del Ayuntamiento de València, y es una constante que no tiene que ver con colores políticos. Al Síndic acuden ciudadanos a los que no se les ofrece la información pública a la que tienen derecho, y también acuden concejales de todos los partidos políticos del espectro a los que no se les facilita la información pública a la que tienen derecho. Desde luego que pasa en el Ayuntamiento de Valencia, pero también pasa en otros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

En esas resoluciones han abroncado a los ayuntamentientos sobre lo que implica la opacidad. Por ejemplo, en una respuesta reciente sobre emergencias, relativa a las actas del Cecopal (el centro de coordinación municipal), decían que si no se publicaban estos documentos los mecanismos de control son muy complicados.

Sin transparencia no hay democracia. Y como yo soy convencido de que la gestión pública en democracia funciona mucho mejor que en dictadura, creo que la transparencia es fundamental.

La queja sobre el Cecopal es muy curiosa, porque la primera queja por las actas la presentó ante el Sindic el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Y le dimos razón. Y ahora, estando el PP en el gobierno local, ha sido la oposición la que ha presentado la misma queja en relación con las actas, donde hemos sostenido la misma tesis, lógicamente, porque nosotros no cambiamos de criterio en función de quién esté gobernando.

¿Cómo está afectando esta opacidad de los ayuntamientos a los derechos de la oposición, a la fiscalización?

En el fondo depende de creerse o no creerse la democracia. La democracia supone, en el Estado de Derecho en concreto, el pensar que el que está en la oposición tiene el mismo derecho que tú a conocer la información pública y el mismo derecho que tú a acceder al gobierno en las siguientes elecciones. Si uno no se cree eso, no se cree la democracia.

Hay otra cuestión que tiene que ver con la transparencia y que también ha sido bastante polémica en el Ayuntamiento de València, que es la negativa del consistorio y del concejal responsable de contratación a compartir información relativa a las empresas con las que trabaja en su actividad privada. ¿Qué análisis hace de esa negativa?

Ahí se ha producido una disparidad de criterios entre el Síndic y el Ayuntamiento de València. El Síndic ha entendido que, en la medida en que el concejal se abstiene en un procedimiento de contratación, debe de informar a lo que nosotros entendemos como su inmediato superior administrativo del motivo de la abstención, para lo cual tiene que dar el nombre de la empresa a la que hace referencia. El Ayuntamiento no lo entendió así. Si se hubiera informado, evidentemente sería información pública y la oposición tendría derecho a conocerla. El Ayuntamiento sostiene que no es información pública y que la oposición no tiene que conocerla. Nosotros mantuvimos nuestro criterio hasta el final y no ha habido acuerdo.

También mantuvieron una discrepancia sobre el uso del coche oficial de la alcaldesa, reclamado también por la oposición, que el consistorio rechazó por razones de seguirdad.

Nosotros argumentamos que si se pedían trayectos que se habían realizado en el pasado, evidentemente las razones de seguridad no podían ser acogidas.

¿Debería clarificarse más en la legislación sobre transparencia qué información debe ser pública? ¿Es un problema de interpretación o es un problema de voluntad?

Yo creo que está bastante claro. Cualquiera que respete lo que son los conceptos fundamentales de la vida democrática, tiene que entender claramente lo que es información pública y lo que no es con las leyes españolas.

Otra cuestión que motivó un informe especial a raíz de quejas de las entidades sociales ha sido el tema de los empadronamientos sociales, del trato que se da a las personas sin hogar. ¿Las administraciones autonómica, local y estatal están fallando a las personas más vulnerables?

Evidentemente no se está haciendo todo lo que se debería hacer por sacar de su situación a las personas que están en situación de vulnerabilidad. A veces es tan simple como respetar las leyes. En los empadronamientos, la norma establece claramente que a los tres meses de haber solicitado el empadronamiento, si no se ha producido respuesta, el silencio es positivo. Tanto la persona debe de quedar empadronada y debe recibir una respuesta en ese sentido en el plazo de tres meses. Si luego se demuestra que la persona no reside en el municipio, el ayuntamiento tiene que iniciar un procedimiento de nulidad de oficio del acuerdo de empadronamiento, pero la norma es clarísima.

Hemos abierto quejas en el Ayuntamiento de València y en otros ayuntamientos también. La última que abrimos, cuyo cierre está en la memoria del año 2025 precisamente, el Ayuntamiento aceptó las recomendaciones del síndic de establecer unos protocolos y de dotar de suficiente personal y medios al área de empadronamiento para que se pueda resolver el tema.

Evidentemente no se está haciendo todo lo que se debería hacer por sacar de su situación a las personas que están en situación de vulnerabilidad. A veces es tan simple como respetar las leyes.

En estos ya casi ocho años que lleva al frente de la institución, ¿qué balance se puede hacer respecto al funcionamiento del Estado de Bienestar, de la cobertura de estos derechos? ¿Evoluciona favorablemente? ¿Hay problemas estructurales?

Yo creo que no evoluciona favorablemente. Tenemos un Estado de Bienestar bastante potente, pero que requiere de unos análisis del resultado de las políticas de bienestar que creo que nos están haciendo de la manera rigurosa en que se debería hacer, y no por falta de datos o por falta de estudios, sino por falta muchas veces de coordinación, colaboración política entre diversas fuerzas políticas para replantearse la manera de abordar algunas situaciones de vulnerabilidad.

La falta de respuesta de las administraciones, tanto al ciudadano como al propio Síndic, ¿Alimentan como cierto clima de desafección o de desconfianza en las instituciones?

Si el ciudadano acude en demanda de algún tipo de prestación o de reconocimiento o de derecho a la administración pública y la administración no le responde, pues evidentemente el ciudadano contento no va a estar, y no va a estar contento con el sistema. Y eso implica desafección.

En 2027 vence su mandato. ¿Qué prevé?

La ley establece que no es renovable el mandato. Creo que razonablemente el mandato debería de acabarse cuando toque, que es en diciembre de este año, para lo cual tiene que ponerse de acuerdo una mayoría suficiente de diputados de la Cámara. Mientras tanto, yo estaré aquí al pie del cañón y desde luego con el mismo tesón que el primer día que entre aquí. Mientras sea síndic, bien en plenitud de mandato, bien en funciones, actuaré con la misma voluntad y con la misma dedicación.

Creo que las instituciones públicas requieren de un mínimo de seriedad y de rigor. Y no voy a dejar descabezada una institución como el Síndic de Greuges, que a mí me parece una institución fundamental para un Estado de derecho, un Estado democrático como el nuestro.

¿Qué legado te gustaría dejar o haber dejado en estas dos legislaturas?

Aquí se deja un estilo de trabajo, una manera de afrontar los problemas y luego el que venga detrás establecerá el suyo, que podrá coincidir con lo que yo haya hecho en algunos supuestos y en otros no.