La autopista Alicante-Cartagena no se incluirá en la sociedad pública de autopistas que el Ministerio de Fomento va a constituir con el fin de rescatar a las autopistas en riesgo de quiebra. Ello será posible gracias al pacto que se ha logrado cerrar con sus bancos, mediante un acuerdo de refinanciación que incluye una quita del 30% sobre la deuda de 240 millones de euros que soporta la vía. Sin embargo, el porcentaje de quita es inferior al del 50% que el Departamento que dirige Ana Pastor preveía aplicar sobre el pasivo, de unos 3.400 millones de euros, que suman el resto de vías con problemas.
La autopista Alicante-Cartagena es la única de todas ellas que no se ha declarado en concurso de acreedores y la menos endeudada. Sus bancos acreedores la consideran viable porque, dicen, genera recursos suficientes para atender a su deuda gracias a la subida de los nueve primeros meses de este año, en los que elevó un 3,25% su tráfico hasta contabilizar unos 18.789 vehículos diarios. Según el acuerdo alcanzado con sus bancos, la deuda que le quede a la autopista tras la quita se estructurará en un plazo de amortización de 28 años y será capitalizable en un 30%, según informaron a Europa Press en fuentes del sector. De esta forma, la autopista, de 76,6 kilómetros de longitud que une Alicante y Cartagena, participada por Ploder, el grupo Fuertes y las antiguas Cajamar, Unicaja y Caja Murcia, sortea finalmente el rescate público diseñado por el Ministerio de Fomento.
En el marco de este rescate, el Departamento que dirige Pastor debe presentar el próximo jueves una propuesta de convenio para los acreedores de dos de las autopistas radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, según dictó el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid a mediados del pasado mes de septiembre. En el caso de que, según lo previsto, Fomento presente el plan que tiene perfilado con la banca acreedora de todas las autopistas en quiebra, se procederá a acumular los concursos de estas vías en un sólo proceso. Esta acumulación será posible gracias a la reforma de la Ley Concursal aprobada por Gobierno a comienzos de septiembre. El proyecto de rescate del Ministerio pasa por integrar todas las autopistas en una empresa pública, tras previamente aplicar una quita del 50% a la deuda que acumulan y convertir el importe restante en un bono a treinta años. De ello se excluye a la autopista Alicante-Cartagena gracias al acuerdo alcanzado con los bancos.
Los expropiados para la construcción de la autopista, unos 700 pequeños y medianos agricultores del Sur y Suroeste de la provincia de Murcia, recibieron con esperanza las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJM en las que se insta al Ministerio a asumir las indemnizaciones de dichas expropiaciones. El pasado mes de agosto, la asociación agraria COAG exigió al Gobierno en una nota de prensa que cumpliera con los expropiados, además de recordar que COAG se había opuesto desde un principio a la construcción de dicha autopista “por los gravísimos daños que se iba a ocasionar a una amplia zona de cultivo, especialmente en el Campo de Cartagena, ya que su trazado discurriría por cientos de fincas de alto valor productivo”.
La autopista Alicante-Cartagena-Vera se ligó a las intenciones del Ejecutivo regional de llevar a cabo un desarrollo urbanístico y turístico de esa zona de la Región de Murcia, colindante con la provincia de Almería, para dar acceso a grandes complejos en proyecto, como el de Marina de Cope. Una vez paralizado dicho proyecto por la justicia, la vía ha ido acumulando deudas y generando mayor malestar entre los agricultores, que se vieron despojados de parte de sus terrenos en una zona de alta productividad.
