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El Consejo de Transparencia ya puede resolver reclamaciones de los ciudadanos de Cantabria

Funcionará como un órgano independiente con competencias en el conocimiento de las quejas que presenten los habitantes de la comunidad.

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El Consejo de Transparencia ya puede resolver reclamaciones de los ciudadanos de Cantabria

El Consejo de Transparencia velará desde este miércoles por el cumplimiento de las normas de la Ley de Transparencia, en virtud del acuerdo firmado este miércoles por el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, y la presidenta de este órgano, Esther Arizmendi.

Con Cantabria son ya tres las comunidades autónomas que han suscrito un convenio para que el Consejo de Transparencia resuelva sus reclamaciones. En los próximos días también lo harán La Rioja, Extremadura y la ciudad de Ceuta, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Según se recoge en el convenio, que tendrá vigencia todo este año, Cantabria destinará 6.200 euros al Consejo de Transparencia, que funcionará como órgano independiente competente en el conocimiento de las reclamaciones que presenten los ciudadanos de la Comunidad, en el ámbito del ejercicio del derecho de acceso a la información y el control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

De este modo, podrá tener conocimiento de las resoluciones dictadas sobre esta materia por la Administración Autonómica y su sector público, y por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial.

Estas reclamaciones, una de las principales novedades que aporta la Ley de Transparencia, tienen carácter potestativo y son previas a la impugnación en vía contencioso-administrativa.

El consejero ha destacado que, con este nuevo proceso, Cantabria ha dado cumplimiento a una de las principales exigencias establecidas por la Ley de Transparencia nacional, culminando además la primera fase de la implantación de las políticas de transparencia en nuestra autonomía

De cualquier forma, ha adelantado que será la futura norma sobre transparencia a nivel regional la que decida finalmente si Cantabria continúa con este convenio regulador o bien crea un órgano propio que asuma las competencias de control del cumplimiento de la ley.

De la Sierra mantiene el compromiso del Gobierno de presentar en el Parlamento de Cantabria un proyecto de Ley de Transparencia para la región durante el presente periodo de sesiones, una norma que regulará todo lo relacionado con la transparencia pública y en la que se buscará el "máximo consenso" de los grupos parlamentarios.

"Queremos implantar un nuevo modelo público de gestión administrativa y política, basado en la transparencia, un aspecto de la vida pública que es fundamental para el ciudadano", ha remarcado.

La presidenta del Consejo de Transparencia ha destacado la importancia del convenio firmado hoy con Cantabria, como los suscritos anteriormente con Principado de Asturias y Castilla-La Mancha, porque "estas ccaa, con independencia de su color político, han decidido no crear su propio organismo independiente y depositar su confianza en el Consejo de Transparencia estatal para que atienda las reclamaciones de sus ciudadanos", ha dicho.

Una decisión que, para el Consejo de Transparencia, significa "un ejercicio de confianza" y un reconocimiento a su independencia, acreditada en su primer año de funcionamiento, además de representar un ahorro considerable del gasto público para estas ccaa.

A la firma del convenio con el Consejo de Transparencia en Madrid también han acudido el director general de Servicios Generales y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, y la directa de Gabinete de la Consejería de Presidencia, Paula Fernández.

APLICACIÓN DE LA LEY EN CANTABRIA

De la Sierra ha subrayado que hasta su llegada al departamento no se había avanzado en la aplicación de la ley nacional, cuando ya llevaban transcurridos dos años para la adaptación normativa.

Además de un órgano independiente que vele por su cumplimiento, también "contamos con un Portal de Transparencia adaptado a las recomendaciones del organismo Transparencia Internacional y a las exigencias de la Ley estatal".

Esta web (alojada en la página del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es) o en la dirección 'transparencia.cantabria.es') incluye datos actualizados sobre la organización administrativa, los altos cargos, presupuestos, contratos y gastos públicos, entre otros muchos, con el fin de facilitar toda esta información en un único punto y de una manera más directa y accesible.

GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES

La Ley de transparencia, en su disposición adicional cuarta, contempla que las ccaa pueden atribuir al Consejo de Transparencia estatal la competencia para la resolución de las reclamaciones que los ciudadanos puedan presentar contra resoluciones dictadas por la administración autonómica, su sector público o las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial firmando el correspondiente convenio.

Con la firma del convenio, sin renunciar a sus competencias, Cantabria transfiere al Consejo de Transparencia estatal la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones que presenten sus ciudadanos, en los casos en los que el solicitante de información no encuentre satisfecha su demanda, bien porque se le deniegue la información o no se le responde a la petición formulada.

Cantabria, con 585.179 habitantes, 102 municipios, 22 mancomunidades y 524 entidades locales menores, viene a sumarse ya al Principado de Asturias y Castilla-La Mancha. El Consejo de Transparencia, por tanto, atiende ya las reclamaciones de toda la Administración General del Estado y, además, las que puedan presentar contra resoluciones de sus administraciones territoriales los 3.695.599 ciudadanos de estas tres comunidades y las que puedan registrarse en sus 1.099 municipios, 171 mancomunidades y 605 entidades locales menores.

Los ciudadanos de estas autonomías podrán presentar sus reclamaciones bien directamente al Consejo de Transparencia, a través de los cauces habituales (sede electrónica próximamente, correo electrónico o correo ordinario) o a través de cualquier registro público de las administraciones públicas.

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