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Díaz Tezanos reclama al Estado 65 millones de euros de 2015 de prestaciones por dependencia

Enviará el lunes una carta a Báñez recordando que el Estado debe financiar el 50% de Atención a Dependencia y "solo aporta el 18%"

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Díaz Tezanos reclama al Estado 65 millones de euros de 2015 de prestaciones por dependencia

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, va a reclamar al Estado 65 millones de euros que, según dice, debería haber aportado durante 2015 para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia.

Díaz Tezanos ha anunciado que enviará este lunes una carta a la ministra con competencias en Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fátima Báñez, trasladando su reivindicación y formalizando su rechazo al "recorte brutal" que ha aplicado el Gobierno de España, "incumpliendo" con ello la ley de Atención a la Dependencia que impone una cofinanciación al 50% del sistema.

Según recuerda en nota de prensa, en el año 2015, la Administración del Estado aportó a la financiación de la Ley de Dependencia el 18% del total, es decir, 18.052.324 euros, cuando la norma impone que debe aportar el 50%.

Por ello, Cantabria financió en 2015 el 82% del Sistema de Atención a la Dependencia, es decir, tuvo que hacer frente a 83.465.843 euros, añade.

Díaz Tezanos explica que desde el año 2011, la financiación estatal "se ha reducido en un 23%", pasando de 1.567 millones de euros a 1.206 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, tras la supresión del nivel acordado y la disminución del nivel mínimo que perciben las autonomías.

La vicepresidenta se refiere al RD-ley 20/201, que aprobó el Gobierno central y que ha motivado, señala, "un recorte acumulado" en dependencia de 2.865 millones de euros, "tal y como queda recogido el Plan de Estabilidad y en los Planes de Reformas remitidos a Bruselas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy", apostilla.

"Las CCAA en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, con una fuerte caída de los ingresos y una creciente demanda de servicios sociales, hemos tenido que hacer frente, con fondos propios, a la financiación de las prestaciones de la Ley de Dependencia, porque es un derecho de los ciudadanos que tenemos que seguir garantizando a todas las personas que lo necesiten, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy incumpla su obligación de financiar la mitad de la atención a la dependencia", afirma.

A fecha 1 de septiembre, Cantabria cuenta con 19.238 personas en situación de dependencia y con derecho a prestación, de las cuales 15.111 la están recibiendo.

Además, Díaz Tezanos explica que el gasto público por beneficiario asciende a 8.500 euros al año, de los que 7.000 euros los aportan las CCAA y 1.500 euros la Administración General del Estado.

UN GRAVE QUEBRANTO PARA LOS CIUDADANOS

La vicepresidenta sostiene que este "incumplimiento" del Estado está provocando un "grave quebranto" a Cantabria y a su ciudadanía. Señala al respecto que con los "más de 65 millones de euros" que dejó de aportar el Estado a Cantabria, en 2015 se podría atender a 7.696 personas más, reducir significativamente el copago e incrementar los precios públicos de las plazas de residencias o centros de día, lo que redundaría en una mayor calidad de vida y bienestar de las personas dependientes y un incremento del empleo en el sector.

Además, esos 65 millones de euros permitirían a Cantabria pagar la nómina de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (la ayuda mensual a las personas cuidadoras) durante 37 meses; financiar 265.909 terminales más de teleasistencia (el doble de la población mayor de 65 años de Cantabria); prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio a 14.795 personas más, es decir, multiplicar por 16 las 920 beneficiarios actuales, o incrementar el número de personas atendidas en Centros de Día en 7.898, multiplicando por 5 las 1.556 actuales, añade.

"Cantabria también podría incrementar en 4.410 el número de plazas en residencias para personas mayores con una dependencia grado I, sumar 3.834 plazas a las actuales que atienden a personas mayores con dependencia grado II o aumentar en 3.405 el número de plazas para mayores con una dependencia grado III", concluye la vicepresidenta.

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