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La oposición recuerda al alcalde que su obligación es "fiscalizar" la gestión del PP y "denunciar"

El PRC, el PSOE y el partido independiente AIPC de Santa María de Cayón han recordado al alcalde, Gastón Gómez (PP), que su obligación es "fiscalizar" la gestión del Gobierno municipal y "denunciar" para poner en manos de la justicia aquello que consideren que puede constituir un delito.

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La oposición en el Ayuntamiento ha respondido así a las declaraciones del regidor 'popular' tras declarar, ayer, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medio Cudeyo por un presunto delito de prevaricación administrativa en torno a varias contrataciones municipales. Gastón acusó a los tres grupos de "judicializar la vida política".

Regionalistas, socialistas e independientes han manifestado este jueves en un comunicado que ven "muy nervioso" a Gómez al tener que declarar ante el juez por su actuación en la contratación de personal "en contra de las advertencias de los informes de los técnicos municipales".

El PRC, el PSOE y AIPC han incidido en que "lo único" que han hecho es poner en conocimiento de la justicia unos hechos -que alcanzaban 14 causas agrupadas en una denuncia- "recogidos en informes y documentos municipales que podrían constituir dos posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa".

"Nuestra labor, y así lo prometimos cuando tomamos posesión, se centra en vigilar la buena gestión del dinero público", han subrayado. En este sentido, han recordado que esta actuación de "vigilancia" ha posibilitado el reembolso de dinero público a las arcas municipales.

Así, el Ayuntamiento ha ingresado el dinero de las facturas "mal pagadas" por el móvil del ex concejal Jesús Alonso y de las "comidas y proyectos" abonadas a Juan Badolato.

"Es el reintegro de estas cantidades lo que ha evitado que Gastón Gómez tenga que dar explicaciones por estos hechos, pero no ha evitado, porque así lo ve el tribunal, que continúe el expediente por la contratación de personal", han apuntado.

Por ello, han incidido en que "no se trata de una persecución", sino del ejercicio de su labor basado en los informes redactados por los funcionarios municipales, entre los que citan "los más de 96" de reparo a las nóminas de personal firmados por el interventor.

"Es esta forma de actuar del alcalde, la que obliga a la oposición a acudir a los tribunales porque si no vamos nos convertiríamos en sus cómplices", han asegurado.

Por último, el PRC, el PSOE y AIPC han mostrado su confianza en la justicia y han instado al alcalde a que "deje de hacerse la víctima" y a que recuerde que "solo 20 votos le evitaron perder la mayoría absoluta".

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