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Ibarra defiende la “actualización” del modelo organizativo de la justicia

El presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, en su intervención en recuerdo de Lidón.

Aitor Guenaga

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que este miércoles comparece en comisión en el Parlamento a petición del PSE-EE, ya dejó claro en la apertura del año judicial que el mantenimiento de las políticas de austeridad en Europa desde el inicio de la crisis está “afectando al orden económico global”. Y por ende a la justicia.

Entre esa actualización del modelo organizativo, Ibarra considera prioritario “poner fecha cierta al expediente judicial electrónico” y dar un impulso en la gestión para acabar “con la ausencia de interoperabilidad de nuestra plataforma informática de gestión procesal y de gestión gubernativa con la plataforma del Ministerio de Justicia, con las de las demás autonomías y con la de la Fiscalía.

“El objetivo de una Administración de Justicia que opere como un instrumento de tutela efectivo y eficiente se presenta, hoy, seriamente obstaculizado por los impactos del programa de reformas estructurales, de medidas de reducción presupuestaria y del gasto social, así como de recorte en el ejercicio de los derechos sociales y de las garantías jurisdiccionales”, añadió en su intervención ante la comunidad judicial y los principales cargos políticos vascos.

Los socialistas consideraron entonces que las ideas expresadas en la apertura del año judicial bien merecían ser conocidas de primera mano para saber qué salidas defiende Ibarra y la sala de Gobierno de alto tribunal vasco para optimizar la justicia. Entre otras, Ibarra considera que “la solución requiere de la creación de los tribunales de primera instancia y de la redefinición de las competencias del Tribunal Superior de Justicia, atendiendo a criterios de adaptación al Estado de las Autonomías”. Algo que como suele recordar Ibarra ya se definió como una necesidad “urgente” en 2001, cuando se selló el Pacto de Estado para la modernización de la Justicia. 14 años más tarde continúa siendo una asignatura pendiente.

Problemas con la informática

La implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), iniciada en la etapa del lehendakari socialista, sigue su camino, aunque quedan las plazas más complicadas: las capitales. “La experiencia nos permite afirmar que la redefinición de servicios que comporta la NOJ facilita la colegialidad entre los jueces, así como las prácticas de coordinación en la gestión de los servicios comunes”, considera Ibarra. Pero este avance tiene su talón de Aquiles: los retrasos en la infraestructura informática.

“Debemos reconocer que la informática judicial del País Vasco, que fue durante muchos años la punta de lanza del programa de modernización, se ha convertido en el problema de mayor gravedad en relación con la implantación de las nuevas oficinas judiciales”, llegó a señalar Ibarra en la apertura del año judicial. “Necesitamos, sin demora, de herramientas de gestión informática que nos permitan operar con cuadros de mandos para la distribución de recursos disponibles en orden a la mayor eficiencia y calidad de la actividad judicial y de la oficina judicial”, ha apuntado el presidente del alto tribunal, que este año deberá optar a la reelección en un proceso que culminará antes del verano.

A buen seguro que al igual que entonces el lehendakari Urkullu escuchó de primera mano las necesidades presupuestarias, Ibarra vuelva sobre esa idea en su comparecencia. Reforzar la inversión presupuestaria para “superar el actual déficit infraestructural en nuevas tecnologías”.

 

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