¿Hasta cuándo?

Inicio estas líneas compungido por el dolor que la fría consulta estadística ofrece: 50 mujeres y cinco hijos e hijas de éstas, han sido asesinadas por violencia de género en 2017 en España (Fuente: Ibasque.com). Habrá quien prefiera acogerse a las estadísticas del gobierno, que cifra en 44 las víctimas, ignorantes seguramente de que la única diferencia viene marcada por la lentitud de la agencia oficial por certificar lo obvio. La última de las mujeres asesinadas era una joven de 28 años, muerta de varios tiros en la cabeza, no hace aún dos semanas, a la puerta del colegio en el que estudiaba su hijo, presente en la tragedia.

Ningún político podrá colocarse vergonzosas condecoraciones por señalar su territorio libre de agresiones sexistas, porque no lo hay: el listado no deja provincias, ni Comunidades autónomas intactas; las víctimas, como si de un juego macabro se tratara, se movían en un segmento de edad capicúa: de 19 a 91 años; los hijos y las hijas, entre 5 y 11 años.

Quienes se dedican a analizar esta lacra que nos sonroja como sociedad ante la ineficacia de las medidas adoptadas, señalan, entre otras posibles causas, la falta de credibilidad colectiva en las normas dictadas para promover la igualdad de mujeres y hombres en pleno siglo XXI. A nivel nacional, las Cortes españolas aprobaban la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en marzo de ese año. En el preámbulo justificativo de la norma se especificaba que era el desarrollo necesario del artículo 14 de la Constitución española, aquel que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. En síntesis, que España, a través de sus representantes políticos, necesitó 19 años para acordar una norma que desarrollase tal precepto constitucional, señal inequívoca de que la propia sociedad esta(ba) aún verde para semejante guiso.

En honor a la verdad, sin embargo, como siempre hay gente sensible ante estas generalizaciones, es más correcto precisar que este proceso normativo recorrió la mayoría de las comunidades autónomas, que fueron volcándose hacia su propia ley de igualdad; algunas de ellas, caso de la CAPV, tienen a gala señalar que fueron pioneras y referentes para otras muchas del resto del país, incluida la propia norma nacional, aunque no explicitan que bebieron a su vez de otras anteriores, como las de Navarra (2002), Castilla y León y Comunidad Valenciana (2003) o Galicia (febrero 2005).

Precisamente la CAPV, a través de Emakunde ('La Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres a examen… Logros y retos de las Políticas de Igualdad'. Julio, 2017), realizó en julio de este año, una evaluación de la ley vasca, diez años después de su implantación. En la presentación, el lehendakari, en la línea oficial de valorar los éxitos propios, señaló con orgullo ese 5º puesto europeo que en materia de igualdad se le atribuye a nuestra comunidad, tras Suecia, Finlandia, Islandia y Países Bajos. En un plano más secundario quedó el dato de que, aún así, nuestro índice de igualdad real está aún en un justito 58,5%. El equipo investigador de la UPV, que realizó el estudio, entrevistó a más de 400 agentes, entre responsables políticos, técnicos/as de Igualdad, Consultoras, trabajadoras y educadores sociales, asociaciones de mujeres y feministas, medios de comunicación y agentes sociales. Además, fueron revisados un elevado número de boletines oficiales, páginas webs, informes de impacto de género, así como planes de igualdad. Entresaco dos conclusiones del amplio estudio presentado.

La primera de ellas se refiere a la participación femenina en los ámbitos educativo y laboral. El primero certifica que la presencia femenina como alumnado presenta los datos más pobres en la Formación Profesional (36%, en Grados Medios, 39% en Superiores, en datos de 2014) y en los grados universitarios entre las diversas ingenierías. A nivel laboral, la mujer representa el 85% de las personas que trabajan sin contrato, el 78% de quienes trabajan con jornada parcial o el 93% de las personas que solicitan excedencias por el cuidado de hijas/os. Nada desconocido, aunque la certificación del análisis no alivie la dureza de los datos ofrecidos. Una vez más, aparece con insolente fuerza el famoso techo de cristal social.

La segunda conclusión, más relacionada con el artículo presente, se refiere a la violencia ejercida sobre las mujeres en nuestra comunidad. Los datos, muy preocupantes, nos hablan de un incremento exponencial en el número de victimizaciones entre 2003 y 2015: un 76% de aumento en 15 años de análisis. Es argumento común adjudicar tal crecimiento a la mayor concienciación social para visibilizar este tipo de violencia. Pero tiene el riesgo de actuar como sedante en la lucha por combatirla. Genera la sensación de reducción de la alerta que deberíamos mantener intacta. Es muy positivo que el estudio universitario aplauda la mayor concienciación que asistentes sociales y Ertzaintza (por citar colectivos muy vinculados con la violencia machista)que denota una formación cada vez más especializada. Sin embargo, cuando se leen experiencias como la que se relatan en el estudio (“Llegan –las víctimas- al juzgado y es ahí cuando el palo es abismal, porque entra el tema de los derechos del agresor, que es lo primero que les dicen”) se es consciente del largo camino que queda aún por recorrer a esta sociedad.

Igor Ahedo, uno de los investigadores firmantes de la investigación, concluía lacónicamente en la presentación del trabajo que la pervivencia del espejismo de la igualdad es una rémora que debemos combatir tenazmente. Esa sensación de que la igualdad ha impregnado la sociedad y que impide una regresión en la vigilancia de la violencia machista es falsa y debe mantenernos alerta. Especialmente con la juventud, piedra angular de la próxima generación de adultos que regenerará –esperemos- los hábitos sociales.

Un reciente estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, dentro del Barómetro 2017 del Proyecto Scopio, tras entrevistar el pasado mes de abril a más de 1.200 personas de entre 15 y 29 años, concluía que una de cada cuatro personas comprendidas en estas edades cree que la violencia es una conducta normal en el seno de una pareja. Esta idea reafirma el sentido de culpabilidad íntima que muchas jóvenes, incapaces de reaccionar ante los primeros síntomas de violencia. Un sentimiento negativo muy presente aún en esta sociedad, que se ufana de vivir mirando hacia el futuro, cuando no ha resuelto aún problemas básicos de convivencia.

Esta sensación de derrota femenina, cuando la pareja fracasa, en ocasiones ha sido –es-insinuada desde la propia familia (“La mujer no ha nacido para estar sola”, dogmatizaba Rosa María Sarda en el representativo papel de madre consentidora de Pilar -Laia Marull-, la triste víctima protagonista de la excelente y premiada película de Iciar Bollaín 'Te doy mis ojos' (La Iguana, 2003). En otras ocasiones, es la propia sociedad –amistades, ambiente laboral- la que alienta la culpabilidad. Recomendable la lectura del libro de Nuria Varela, continuamente reeditado, 'Íbamos a ser reinas' (Ediciones B, 2017), crisol de mecanismos sociales, educativos, legales y hasta religiosos que se convierte en cómplices eficaces de una violencia machista que ingenuamente cree estar combatiendo. “Ni reinas de la casa, ni reinas del hogar, ni reinas de corazones ajenos… La felicidad de las mujeres sí importa, sus sueños, sus deseos y, sobre todo, sus vidas”, concluye con rotundidad la propia autora.

Otra idea reseñable del estudio del Centro Reina Sofía es la advertencia de que parte de la juventud encuestada sostiene que esta violencia contra la mujer crece porque el tema continúa politizándose, aumentando así su exageración. Y se insiste en esta idea de cobertura mediática excesiva argumentando que tal aumento, en todo caso, es debido a la progresiva implantación de la población inmigrante en nuestra sociedad. De nuevo, ingredientes xenófobos en culpabilidades siempre ajenas.

Es urgente mantener el pulso en el combate de las falsas verdades, como en las recogidas en este asunto. Aumentar la conciencia colectiva es responsabilidad de toda la sociedad. De ahí que sea imprescindible divulgar cuantos trabajos e ideas ayuden a centrar el término en su justa medida. Un nuevo ejemplo –y reciente- es la película 'Volar', de Bertha Gaztelumendi, presentada en el Zinemaldia 2017 de Donostia. En ella, nueve mujeres deciden afrontar con valentía el relato de sus vidas truncadas por la violencia de género en un deseo común: visibilizar el problema para tener un futuro ilusionante. Algunas de las frases de las protagonistas son cargas de profundidad contra la línea de flotación de nuestra propia cultura masculinizada: “Él estaba preso entre rejas; yo estaba presa sin rejas”. Ellas, distintas en cultura, procedentes de entornos más o menos integrados, caídas y muchas veces erguidas otra vez, manifiestan una idea-fuerza que atraviesa la película como una apisonadora y que aparece en una de las canciones: “Tengo que volar aunque solo tenga un ala”¿Hasta cuándo?