Arturo Fasana, el contable suizo de Gürtel, vuelve a enfrentarse a la justicia española
La justicia española reclama de nuevo a Arturo Gianfranco Fasana. El contable suizo de la Gürtel está citado este jueves en la Audiencia Nacional como imputado en la pieza separada que investiga el mayor pelotazo de la trama: las parcelas en Arganda del Rey que reportaron a Francisco Correa beneficios de 25 millones de euros. Será la segunda vez que se siente delante de un juez el banquero suizo por cuyas manos han pasado 15.000 millones de euros de clientes españoles.
Fasana y Ramón Blanco Balín fueron los encargados de gestionar el dinero del cabecilla de Gürtel. Blanco, expresidente de Repsol y amigo de José María Aznar, actuó como arquitecto financiero de la trama, encargado de diseñar la maraña de empresas que ocultaba a sus verdaderos propietarios. Fue él quien llevo a Correa ante Fasana, que trabajaba en Credit Suisse, la persona que le podría garantizar inmunidad frente a la investigación que había comenzado contra él.
Correa explicó en la confesión que le entregó a eldiario.es las ventajas que le expuso Blanco: “me dijo que la importancia de los clientes y de uno en concreto hacía imposible cualquier problema judicial, y que me quedase muy tranquilo”. Correa admitió que él no pudo beneficiarse de esa inmunidad, pero que sí lo han hecho otros de esos importantes clientes. Conoció la identidad de algunos de ellos, pero en el juicio de Gürtel se negó a dar el nombre del más importante: “No lo voy a decir porque saldría esta tarde en todos los periódicos”.
Fasana fue detenido el 20 de mayo de 2009 en el aeropuerto de Barajas. Antonio Pedreira, el juez que se encargaba entonces de dirigir la investigación de un recién nacido caso Gürtel, le tomó declaración y le dejó libre sin ninguna medida cautelar. Dos días después, agentes de la Policía se presentaron en su despacho y comprobaron que su cuenta bautizada como 'Soleado' acogía el dinero de importantes clientes españoles. Su identidad no ha trascendido porque los agentes solo tenían permiso para recabar información sobre Correa.
El banquero Suizo ha estado desde entonces imputado en el caso Gürtel y se ha visto salpicado por otros casos. Durante la investigación del caso Emperador contra la mafia china, un empresario le identificó como la persona que ayudaba a Gao Ping y sus socios a mandar el dinero negro a su país de origen. Fasana se libró de la imputación en este caso.
Ahora es el juez José de la Mata el que le ha imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Lo hace en la pieza separada que investiga los negocios de la Gürtel en Arganda del Rey, donde dieron su mayor pelotazo. Correa se embolsó 25 millones de euros en comisiones por su papel en la adjudicación a Martinsa de la parcela UE-124.
La operación se realizó en noviembre de 2004. El dueño de la constructora Martinsa, Fernando Martin, pagó 77 millones por una parcela para construir viviendas, y meses después vendió un tercio del terreno por 73 millones. El precio total de la parcela se elevaba así hasta los 219 millones, un negocio perfecto para el empresario, aunque nunca llegó a materializarlo. Martinsa planeaba construir viviendas y sacar en total más de 500 millones de euros.
El entonces alcalde de la localidad madrileña, Gines López, habría modificado presuntamente las condiciones de adjudicación de esa parcela y el número de viviendas que se podían construir en ella. El juez sospecha que recibió atenciones en forma de viajes, estancias en hoteles y dinero en efectivo a cambio. De eso se ocupó Correa, que a su vez cobró por el trabajo a Martinsa y otro empresario.
Arganda del Rey fue durante aquellos años la mina de oro para Correa y sus socios. Sacaron beneficios hasta de las olimpiadas infantiles que organizaba el Ayuntamiento, un caso por el que ahora se investiga a una diputada de Cristina Cifuentes. Cada contrato público era una oportunidad de negocio para la trama: la piscina municipal, las flores de las fiestas patronales y hasta el concierto del Rock in Rio.
Según el auto de citación del juez, Fasana tiene que declarar junto al empresario Luis Bremond por su participación “presuntamente irregular” en la adjudicación e “indebido” pago de distintos servicios a la Constructora Hispánica, propiedad del empresario Alfonso García Pozuelo. La investigación desveló que él y otros empresarios pagaban a las empresas de Gürtel el importe de los contratos concedidos por el Ayuntamiento, a cambio de obtener otras licitaciones.
En concreto, el juez investiga ahora el amaño a favor de Constructora Hispánica de los servicios de “conservación y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones deportivas” de Arganda del Rey. La Sociedad de Fomento -la empresa pública de la localidad- habría beneficiado de forma “arbitraria e injustificada” a la empresa de García Pozuelo.
