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El PP cree que está probado que los exalcaldes de Ciempozuelos recibirían 40 millones

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El PP cree que está probado que los exalcaldes de Ciempozuelos recibirían 40 millones

El PP cree que está probado que los exalcaldes de Ciempozuelos recibirían 40 millones

El abogado del PP que ejerce la acusación popular en el "caso Ciempozuelos", Juan Ramón Montero, ha dicho hoy que hay correos que acreditan que los excalcaldes socialistas de Ciempozuelos (Madrid) Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro iban a recibir comisiones por valor de 40 millones de euros.

Así lo ha expresado a los periodistas en la Audiencia Provincial de Madrid antes del comienzo de la declaración de los doce acusados en esta causa, entre los que figuran los dos excalcaldes, por los presuntos delitos continuados de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad en documento público.

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel y multas por valor de 29 millones para Pedro Antonio Torrejón y seis años y medio de cárcel y multas por valor de 23 millones para Joaquín Tejeiro.

El letrado del PP ha explicado el procedimiento comenzó por la disposición y desviación de fondos, que se hallaron en Andorra, por actuaciones urbanísticas, en las cuales dos alcaldes de Ciempozuelos habían llevado a cabo unas recalificaciones en contraprestación a unas cantidades.

Montero ha considerado que, durante el juicio, se perfilarán las circunstancias, pero ha recalcado que está claramente acreditado que, para justificar las cantidades que ingresaron en una entidad bancaria de Andorra, los dos exalcaldes socialistas enviaron unos correos que acreditaban las comisiones de hasta 40 millones de euros que iban a obtener por recalificar terrenos.

Por su parte, Marino Turiel, el abogado de Pedro Antonio Torrejón, ha pedido la libre absolución de su defendido y ha negado que su cliente haya cometido delitos de cohecho y blanqueo de dinero.

Los fondos de la cuenta en Andorra procedían de las actividades profesionales de Torrejón en el sector de la enfermería, por impartir cursos de formación y participar en consejos profesionales, según Turiel.

Julio Aranda, representante legal de Antonio Tejeiro, también ha solicitado la libre absolución de su cliente al considerar que "no tiene nada que ver" con los delitos que le atribuyen las acusaciones.

Los 106.000 euros que Tejeiro ingresó en una cuenta en Andorra, ha resaltado su letrado, provenían de "ahorros familiares" y las contribuciones que sus hijos solteros hacían a la familia por estar en su casa, tal como sostuvo el exalcalde de Ciempozuelos durante la instrucción.

Aranda ha reconocido que Tejeiro cometió el "error" de enviar, a requerimiento del banco de Andorra, un contrato "falso", "sin contenido", por el que aparentemente justificaban que iban a recibir hasta un total de 40 millones de euros.

El fiscal, José Grinda, acusa a Tejeiro -alcalde entre 1991 y 1995- y a Torrejón -desde 2003 hasta 2006- de delitos continuados de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad de documental.

Según el relato del Ministerio Público, el 4 de febrero de 2006 Torrejón y Tejeiro abrieron una cuenta cifrada cada uno en el banco andorrano "Andbanc", donde el primero ingresó 11.500 euros y el segundo 6.000.

La Fiscalía considera que Torrejón y Tejeiro viajaron a Andorra con la intención de "ocultar una parte del dinero que durante años habían estado recibiendo de particulares en consideración a sus cargos públicos".

En concreto, ambos recibieron el dinero en relación a las decisiones en las que debieron participar como miembros del equipo de gobierno y del Ayuntamiento de Ciempozuelos.

Los exalcaldes socialistas obtuvieron alrededor de ocho millones de euros de constructoras con intereses urbanísticos en Ciempozuelos como Sanedi, Edificaciones Tifan y Bitango Promociones desde 1999 hasta 2007, precisa el fiscal.

Las imputaciones están relacionadas con un supuesto pacto de una comisión de 40 millones de euros entre Tejeiro y la inmobiliaria Esprode por la recalificación urbanística de un sector del municipio incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado provisionalmente por el Consistorio, y con Torrejón como alcalde.

A raíz de este caso, el Partido Socialista de Madrid forzó la dimisión de Pedro Torrejón como alcalde.

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