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El juez Pedraz admite una querella contra el embajador español en Kabul por el atentado de 2015

Las familias de los dos policías fallecidos acusan al embajador y a su segundo de un delito de homicidio por imprudencia y siete en grado de tentativa

La denuncia recoge que se informó en numerosas ocasiones de las deficiencias de seguridad de la embajada

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Evacuados los atrapados por el ataque cerca de la embajada española en Kabul

Militares afganos que participaron en la defensa de la embajada. EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una denuncia presentada contra Emilio Pérez de Agreda, embajador de España en la capital de Afganistán, Kabul, por el atentando del pasado mes de diciembre en el que murieron dos policías españoles. La querella le acusa a él y a su segundo, Oriol Solá Pardel, de un delito de homicidio por imprudencia y siete en grado de tentativa por la falta de medidas de seguridad.

La denuncia la han presentado las familias de las víctimas mortales y las de los otros siete policías que resultaron heridos en el ataque. La Audiencia ha notificado la resolución a la Abogacía del Estado por si pretende personarse en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y del de Interior.

Según la denuncia, se había informado al Ministerio de Exteriores y al embajador de las deficiencias en materia de seguridad de la legación diplomática española. Según el auto, que recoge los hechos en los que se basa la denuncia, entre 2012 y 2013 la protección de la embajada pasó de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO), que la custodiaban por la peligrosidad de la zona, a la Policía Nacional. En ese momento aumentaron los informes sobre la falta de seguridad.

En ellos se recogía que las garitas de seguridad eran de paja, con ventanas de plástico y puertas de madera, que se acabaron cambiando por unas de latón. Tampoco se cumplía el perímetro de seguridad del edificio, ubicado fuera de la "zona verde", el complejo de edificios más protegido dentro de la capital afgana, donde sí estaba ubicada la vivienda del embajador.

Este "nunca atendió" las demandas de una mayor seguridad y mantuvo "un mutismo absoluto" frente al Ministerio. Cuando ocurrió el ataque, se encontraba de vacaciones en España, por lo que el encargado de la seguridad era su adjunto, Solá Pardel. Los denunciantes le acusan de "poner constantemente en riesgo la seguridad del edificio" permitiendo el trasiego frente a la sede diplomática.

El atentado se produjo el pasado 11 de diciembre. Comenzó durante la tarde con la explosión de un coche bomba y el asalto a la embajada por parte de un grupo de insurgentes. La explosión fue de grandes dimensiones, hasta el punto de que los edificios de la zona quedaron muy dañados y que las comunicaciones con la representación diplomática se vieron afectadas.

El personal español que se encontraba en la embajada en ese momento logró refugiarse en el búnker del recinto. El personal de seguridad intentó repeler el ataque de los asaltantes, que entraron por el hueco que abrió el coche bomba.

Según la denuncia, ese mismo día los servicios secretos franceses alertaron del riesgo de atentado, pero no se tomaron medidas extra de seguridad. En el asalto murieron los dos policías españoles y 10 miembros de la seguridad de nacionalidad afgana.

El atentado se produjo en medio de la campaña de las elecciones generales. En un primer momento, Mariano Rajoy aseguró en un acto de campaña que el atentado no tenía por objetivo la embajada española. Al día siguiente el Gobierno terminó reconociendo que había sido "un ataque contra España".

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