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Los detenidos por amaño en contratos pasan hoy a disposición judicial

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Los detenidos por amaño en contratos pasan hoy a disposición judicial

Los detenidos por amaño en contratos pasan hoy a disposición judicial

Los quince detenidos ayer por la Guardia Civil en Melilla, Málaga, Madrid y las Palmas de Gran Canaria relacionados con una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, comenzarán hoy a prestar declaración en sede judicial.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, comenzará hoy a tomar declaración a los detenidos, entre los que se encuentra el número dos de la Consejería de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, o la gerente de la sociedad pública Promesa, Carolina Gorgé.

En total, el procedimiento judicial afecta a 35 personas, ya que, además de los quince detenidos, el juez irá citando en los próximos días a varias personas para que presten declaración en calidad de imputados.

Según las fuentes, entre los implicados hay políticos y técnicos de la Ciudad Autónoma, así como responsables de varias empresas, fundamentalmente relacionadas con el sector del agua y la seguridad, a quienes se relaciona con presuntos delitos contra la administración pública, como prevaricación, malversación, fraude y cohecho.

En concreto, se citará a consejeros y técnicos de tres áreas del Gobierno melillense, a los que se relaciona con estos presuntos delitos.

El Ejecutivo de Melilla, vía comunicado, manifestó ayer su tranquilidad y su conciencia limpia ante la investigación, que se remonta a finales del año 2012 y que ya en octubre de 2013 motivó la detención de varios altos cargos de la Ciudad Autónoma, entre ellos el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig.

El objeto de la investigación, que inició la jueza María José Alcázar, anterior titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, es el de esclarecer las presuntas irregularidades de determinados órganos de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de contratación pública.

Aunque inicialmente la instrucción se centró en los contratos menores -aquellos que no exceden los 18.000 euros para la prestación de servicios o 50.000 euros para las obras-, que eran supuestamente fraccionados para eludir la contratación mediante concurso, se ha ampliado al resto de contratos en los que sí habría sido necesario un procedimiento público.

Para los investigadores, existen indicios de que podría haberse producido una "concertación previa" entre los responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la administración autonómica para determinar el resultado del concurso.

Todo ello, según las fuentes, con la connivencia entre las personas físicas y jurídicas encartadas y los responsables de la Administración contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios "recíprocos", en perjuicio del erario público.

La investigación, en la que participan agentes del Grupo de Delitos contra la Administración, dependientes de la Unidad Central Operativa (UCO), está realizando, además, el análisis patrimonial de los implicados, especialmente de los responsables públicos.

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