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El fiscal investigador, el vuelco al modelo penal que planea Catalá

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El fiscal investigador, el vuelco al modelo penal que planea Catalá

El fiscal investigador, el vuelco al modelo penal que planea Catalá

La reforma del proceso penal para que el fiscal asuma la dirección de las investigaciones es un reto que los últimos gobiernos han puesto encima de la mesa pero no han sido capaces de sacar adelante y que aparece como propuesta estrella en la hoja de ruta del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La idea no es nueva, como atestiguan los borradores redactados durante los mandatos de Francisco Caamaño (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP), pero en ambos casos acabaron en cajones del Ministerio y en esta ocasión existe la determinación de que no sea así.

Dicha propuesta será uno de los ejes principales que mañana expondrá Catalá ante la Comisión de Justicia del Congreso en la que comparecerá para dar cuenta de su 'hoja de ruta' en el departamento.

Su propuesta estrella se resume en que el peso de la investigación en los períodos de instrucción recaiga en el fiscal y no en el juez, que asumiría una función garantista para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y resolvería finalmente sobre si procede o no llegar a juicio.

Es el modelo que se aplica en el resto de Europa, por el que luchan las asociaciones de fiscales desde hace años y que ahora ha recibido el respaldo del ministro de Justicia, del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado.

De hecho, el responsable de Justicia justificó la llegada de José Manuel Maza a la Fiscalía en lugar de Consuelo Madrigal en que es el más adecuado para impulsar ese cambio en el modelo procesal.

Maza lo considera un cambio "inaplazable" e "imprescindible", entre otras cosas para agilizar las investigaciones y reducir los plazos. El Gobierno comparte esa urgencia y no se descarta que lo impulse en la próxima primavera con idea de que en dos años esté completamente implantado.

Uno de los problemas es de recursos humanos, dado que en tanto que la plantilla fiscal (que ahora mismo es de 2.500) debería aumentar sensiblemente, sobrarían jueces de instrucción.

De hecho, se baraja la idea de ofrecer a estos jueces la posibilidad de reconvertirse en fiscales instructores, lo que requeriría un cambio legal.

Otro de los problemas es el del papel de las acusaciones populares, una figura que puede quedar engullida casi completamente por el papel del fiscal instructor, de modo que su acción se limite a casos puntuales, como en el modelo francés.

La idea es que solo una asociación u organización que represente a un colectivo afectado directamente por un delito pueda ejercer la acusación, no como ocurre ahora en España, en la que las asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado a favor de limitar el peso de las acusaciones populares.

El caso Manos Limpias -un pseudosindicato que ha presentado cientos de querellas y cuyo secretario general, Miguel Bernad, está ahora en prisión preventiva acusado de extorsión- ha sido el exponente más llamativo de esta controvertida figura acusatoria.

También se prevé dificultar la personación de los partidos políticos como acusación, tal y como planteó el exfiscal general del Estado y actual magistrado del Supremo Cándido Conde-Pumpido en su instrucción del caso de Rita Barberá.

En el plano político, PSOE y Ciudadanos ven con buenos ojos las líneas generales de esta reforma y en el caso de los socialistas recuerdan que fueron ellos quienes pusieron por primera vez sobre la mesa la figura del fiscal instructor.

A Podemos no le parece mala la medida del fiscal, pero tiene un "pecado original": la dependencia de la Fiscalía del Ejecutivo, que les lleva a sospechar que se puedan "teledirigir" investigaciones penales desde el Gobierno, sobre todo en casos de corrupción.

Creen que si el fiscal fuera independiente completamente, sería una medida "muy interesante", pero afirman que Catalá no lo concibe así. Tampoco comparte el partido morado la idea de limitar las acusaciones.

En 'la legislatura de la mano tendida', las negociaciones y/o concesiones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios serán inevitables, más aun cuando este nuevo modelo procesal aspira a poner patas arriba la Justicia, como es el deseo de todos los que trabajan en ella.

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