Los notarios arremeten contra la “privatización” del Registro Civil

El presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, ha arremetido hoy contra la propuesta del Ministerio de Justicia de “privatización” de un servicio público esencial como el Registro Civil para entregarlo a los registradores de la propiedad y mercantiles.

García Collantes ha calificado de “sobrecogedora” la reforma del Registro Civil planteada por el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que propicia “un intervencionismo atroz”.

Durante un encuentro informativo en la Ley-Wolters Kluwer, el presidente del Consejo General del Notariado ha señalado que la exposición de motivos del borrador de la ley se basa en la idea de que “el ser humano es intrínsecamente perverso, necesita una vigilancia permanente para no caer en el engaño a sus semejantes y es necesario un poder superior que regule la vida privada de los ciudadanos”.

Se ha preguntado qué sentido tiene cambiar “los principios configuradores” de la ley del Registro Civil de 2011, antes de su entrada en vigor prevista el 1 de julio de 2014, cuya bondad no ha sido probada todavía y que ha sido aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

El presidente del Consejo General del Notariado ha estimado que no es necesario modificar la ley porque el Registro Civil, el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil “nunca han funcionado mal” en España.

En su intervención, ha indicado que la atribución de la gestión de los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles supone la “privatización” de un servicio público, que, hasta ahora, era pagado por el Estado y, a partir de la reforma, va a ser sufragado por los ciudadanos.

Si los registradores de la propiedad y mercantiles van a establecer un sistema de arancel para llevar el Registro Civil y ganar dinero, García Collantes ha defendido que lo haga directamente el Estado “en beneficio de todos los españoles” mediante el establecimiento de un sistema de tasas, al tratarse de “un servicio público esencial por el cual pasamos todos los ciudadanos varias veces en nuestra vida”.

Además, ha censurado la creación de un marco-registro interconectado de forma telemática, que permitirá acceder a todos los registros de contenido jurídico existentes en España.

Ha considerado peligroso que un funcionario pueda acceder a datos de la vida de los ciudadanos como domicilio, propiedades, sociedades mercantiles, testamentos, seguros o fundaciones.

El presidente del Consejo General del Notariado ha precisado que tan solo serán gratuitas las inscripciones de nacimientos y defunciones, pero aumentará el número de actos que habrá que inscribir como el domicilio, los poderes o el régimen económico del matrimonio.

Para García Collantes, la reforma “minusvalora” a los notarios, porque reciben las competencias para celebrar bodas o tramitar expedientes de nacionalidad en unas condiciones “deshonrosas” debido a que su labor queda subordinada a la calificación de los registradores de la propiedad y mercantiles.

Ha reconocido que, en el fondo, puede haber algo de “lucha corporativa” entre notarios y registradores en sus críticas a la reforma del Registro Civil, pero ha tachado de “nefasta” la propuesta del Gobierno.