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El suicido del presunto homicida de la abogada cierra vía penal y deja abierta la civil

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Se suicida el policía encarcelado por la muerte de una abogada de Granada

Se suicida el policía encarcelado por la muerte de una abogada de Granada

El suicido del policía local que se encontraba en prisión provisional por la muerte de la abogada de Granada Rosa Cobo cierra el procedimiento por la vía penal, para el que ya se había decretado apertura de juicio oral con jurado popular en fecha aún por señalar, aunque deja abierta la civil.

El letrado Fernando Almendros, que representaba al Colegio de Abogados de Granada, personado en la causa como acusación popular, ha manifestado a Efe que no esperaban lo ocurrido.

Tras la muerte en la cárcel castellonense de Albocàsser del único acusado por el crimen, que ingresó en prisión en septiembre del pasado año como supuesto autor de la muerte de la letrada, el Juzgado de Instrucción 3 de Granada deberá decretar ahora el archivo del procedimiento penal, ha explicado el abogado.

A la familia le quedará no obstante la posibilidad de reclamar por la vía civil.

El presunto autor de los hechos fue localizado horas después del crimen en estado semiinconsciente y somnoliento por una patrulla de la Guardia Civil en el interior de un vehículo en Purullena (Granada), en lo que se interpretó como un intento de suicidio.

La Fiscalía había pedido en sus conclusiones provisionales 22 años de cárcel para el acusado de asesinar a la abogada Rosa Cobo, a la que atacó en el garaje de su vivienda y metió en el maletero de su coche antes de prenderle fuego por no quedar satisfecho con la forma en la que se resolvió el caso por el que contrató sus servicios de letrada.

También pedía para el acusado, un policía local de profesión que en el momento de su arresto se encontraba en periodo de excedencia voluntaria, que indemnizara a cada una de las dos hijas de la abogada con 180.000 euros y con el pago de los 4.800 euros en los que han sido cifrados los daños causados al vehículo de la víctima.

El Colegio de Abogados de Granada, que al igual que una plataforma cívica en defensa de la abogacía estaba personada en la causa como acusación popular, había pedido por su parte 28 años de cárcel por un delito de asesinato y otro de daños e indemnización.

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada decretó recientemente la apertura de juicio oral, que iba a celebrarse en la Audiencia de Granada con jurado popular en fecha aún por señalar.

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