eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Los tribunales ratifican la legalidad de la ruptura con la federación madrileña de IU

La dirección federal acordó en 2015 la "desvinculación" de IUCM, relacionada con algunos escándalos de corrupción, y creó una nueva estructura en la región

El secretario de Organización de IU pide al actual dirigente José Antonio García Rubio, uno de los demandantes, que dimita, pero este lo rechaza

- PUBLICIDAD -
Lara quiere unidad popular pero sin que nadie, ni Podemos, imponga cómo sumar

Cayo Lara y Alberto Garzón, durante el Consejo Político de IU que aprobó la "desvinculación" de IUCM. EFE

Dos años después, la Justicia ha dado carpetazo al proceso abierto por la desvinculación de IU y el que fue durante casi 30 años su referente en Madrid, IUCM. Los tribunales han dado la razón a la anterior dirección federal de IU, que dirigía Cayo Lara, y han ratificado la legalidad de la expulsión del partido IUCM de la coalición IU decidida por el Consejo Político de la organización el 14 de junio de 2015.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso eldiario.es, fue dictada el pasado mes de abril y permitía un último recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo, pero los demandantes han optado por no insistir, según ha podido confirmar este medio. 

La Audiencia Provincial desestima el segundo recurso interpuesto por los demandantes. El documento ratifica ya la primera sentencia, dictada en noviembre de 2015, y asegura que el acuerdo del Consejo Político de IU que dictó la expulsión de IUCM  "no privó a los demandantes de su participación en la actividad política ya que podían seguir participando bien a través de su partido político Izquierda Unida da la Comunidad de Madrid (que es distinto de Izquierda Unida) o bien integrados en la federación Izquierda Unida sin voluntariamente así lo deseaban".

El ponente de la sentencia, pone dos ejemplos en la sentencia para corroborar esta afirmación: la del actual dirigente federla de IU, José Antonio García Rubio, y la de Lali Vquero, veterana militante de IUCM y hoy integrada en la estructura de IU de Madrid. Ambos han ejercido como demandantes en el proceso y, como sostiene la sentencia, forman parte de IU.

García Rubio es además miembro de la Comisión Colegiada de IU, la  ejecutiva que lidera Alberto Garzón. Este hecho, que el dirigente forme parte de la dirección de la organización contra la que va dirigida la demanda y los recursos, ha motivado que se pida su dimisión por "coherencia".

El secretario de Organización de IU, Ismael González, reconoce en conversación con eldiario.es el "derecho constitucional" de García Rubio para recurrir a los tribunales, pero también le pide que reconsidere su presencia en la Colegiada: "Yo en su lugar no formaría parte de la dirección".

González considera "incoherente ser miembro de la dirección y formar parte de una denuncia que va contra la organización". Y recuerda que en la demanda "hay gente que quiere presentarse en las elecciones contra IU", en referencia al partido Convergencia de la Izquierda, promovido entre otros por el que fuera mano derecha de Cayo Lara durante su mandato, Miguel Reneses, uno de los dirigentes o exdirigentes de IUCM señalados, junto a Ángel Pérez, Antero Ruiz o José Antonio Moral Santín, por su gestión en Caja Madrid/Bankia.

La  ejecutiva de IU ha decidido informar el próximo mes de septiembre a la Coordinadora Federal, el máximo órgano entre asambleas, "para dar la información a los afiliados y afiliadas" y "para explicar que este proceso ha terminado", explica González. "Allí cada uno tendrá que dar explicaciones", zanja.

García Rubio, en conversación con eldiario.es, ha negado que vaya a dimitir. "A mí me han elegido los miembros de IU en una asamblea en una lista que obtuvo una mayoría" explica. Y añade: "Formar parte o no de una dirección depende de lo que las personas que me eligieron puedan estimar". 

El dirigente federal asegura que sigue "convencido de que se hizo algo que no se debería haber hecho y que debilitó a IU". Pero da el tema "por muerto". "Hemos acordado no recurrir la sentencia porque la dirección actual es diferente a la que colectivamente originó el problema", explica. Pese a que la demanda se interpuso cuando Cayo Lara era aún el coordinador federal, el último de los recursos se han interpuesto ya bajo el mandato de Alberto Garzón y la nueva dirección.

Carpetazo a una etapa de IU

Más allá de las diferencias en el seno de la actual dirección de IU, la decisión judicial de ratificar la legalidad de la sentencia y la del grupo de demandantes de no acudir al Tribunal Supremo supone el cierre de uno de los capítulos más complicados para IU desde los años 90.

El promotor de la demanda, el histórico dirigente de IUCM Julián Sánchez Vizcaíno, explica a eldiario.es que su implicación en el proceso "obedecía a razones de protección de derechos de los afiliados que entiendo atropellados y de lucha por el derecho, no de instrumentalización política del tema en favor de unas u otras partes". 

Vizcaíno, que recuerda que está "fuera de todo partido político", remata: "Después de 30 años dando todo mi esfuerzo a esa organización, como tantos otros, sin haber pasado ni una comida, me sentía humillado y maltratado desde la total arbitrariedad, por desgracia amparada ahora por un sistema judicial profundamente deteriorado".

La pugna política larvada durante años, dirimida ahora por los tribunales, brotó a la superficie con el estallido del caso de las tarjetas  black de Caja Madrid/Bankia, donde desde los tiempos de Miguel Blesa mantenía un asiento como vicepresidente José Antonio Moral Santín. El exdirigente de IUCM ha sido condenado por sacar más de 400.000 euros sin justificar de una tarjeta opaca de la que disfrutaban los directivos de la entidad.

La participación de varios dirigentes en el reparto de cuotas en Caja Madrid primero, en Bankia después y en sus empresas participadas sirvió para intentar un relevo al frente de IUCM que fue imposible. El desastre de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, con candidaturas enfrentadas en varios municipios y un enfrentamiento abierto entre las direcciones federal y regional, llevaron a una decisión radical: la expulsión de todo el partido en Madrid. Dos años después, ese movimiento cuenta con todo el respaldo legal.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha