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Los campos en Libia financiados por Reino Unido detienen indefinidamente a los solicitantes de asilo

Personas refugiadas interceptadas por la guardia costera libia © MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images

Patrick Wintour

Los campos de refugiados libios financiados por Reino Unido están deteniendo de forma indiscriminada e indefinida a los solicitantes de asilo en el país desgarrado por la guerra civil, según ha advertido el organismo oficial británico de vigilancia de la ayuda humanitaria.

En un informe publicado este viernes, la Comisión Independiente para el Impacto de la Ayuda ha expresado su preocupación por que la ayuda británica entregada a Libia cause daños no intencionados a las personas desplazadas y les impida llegar a un lugar seguro. El órgano también critica al Gobierno por haber decidido aparentemente sobre el plan de financiación sin haber estudiado antes las implicaciones de derechos humanos en un país que sigue luchando por contener su larga guerra civil.

“En Libia, donde la situación limita gravemente las opciones, Reino Unido ha identificado algunas con el potencial para mejorar las condiciones de los inmigrantes detenidos”, señala. “Sin embargo, nos preocupa el riesgo de que Reino Unido esté contribuyendo a un sistema que impide a los refugiados llegar a un lugar de asilo seguro”.

Reino Unido se gastará en Libia aproximadamente 11 millones de euros este año para cortar el flujo migratorio desde el norte de África a Europa. La ayuda incluye dinero para los guardacostas libios y para mejorar las pésimas condiciones de los campos donde van a parar muchos de los refugiados.

“Aunque reducir el número de muertes en el mar es fundamental, nos preocupa que el programa devuelva a los inmigrantes a un sistema que lleva a la detención indiscriminada e indefinida y que niega a los refugiados su derecho al asilo”, señala el informe.

El órgano de vigilancia, creado y financiado por el Gobierno para informar sobre los resultados del presupuesto británico de ayuda humanitaria, también ha expresado su preocupación por que los departamentos gubernamentales correspondientes no han sido capaces de demostrar que se han realizado previamente evaluaciones del riesgo en materia de derechos humanos.

“No hemos visto pruebas de que los departamentos responsables y los socios de implementación [de la ayuda] hayan analizado las condiciones económicas y políticas del sistema libio de centros de detención con el suficiente detalle”, afirma. “Esto es importante porque hay informes creíbles de que algunas autoridades libias están involucradas en el tráfico de personas y en la extorsión de los inmigrantes detenidos”, añade el documento.

El órgano del Gobierno concluye que existe el riesgo de que el apoyo material o financiero —incluso apoyo humanitario neutral— a los centros de detención infrinja el principio humanitario de “no hacer daño” y, por tanto, ponga a los solicitantes de asilo en una situación de riesgo.

El informe revela que autoridades gubernamentales reconocen la legitimidad de estas preocupaciones en privado pero creen que no hay alternativa, debido a la política del Gobierno y a la grave crisis de seguridad en Libia. La guerra civil que golpea al país se ha intensificado en los últimos días por la lucha en la que se encuentran ambos bandos por el control de lucrativas plantas petrolíferas.

El grupo también critica el programa británico para cortar el flujo de refugiados desde África, afirmando que todavía está en sus inicios y que las autoridades británicas no han desarrollado aún una estrategia, y mucho menos los planes prácticos correspondientes sobre el terreno. Aparte de un programa de 140 millones de euros en Etiopía con el objetivo específico de llegar a aquellos con mayor riesgo de dejar sus países en dirección a Europa, advierte, el programa migratorio británico está “lejos de tener algún impacto”.

A nivel europeo, los políticos cada vez hablan más de un nuevo Plan Marshall para África, pero el plan británico todavía está en una fase de diseño, afirma el informe. El Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad de 1.100 millones de euros, bajo control del consejo de seguridad nacional, ha destinado 32 millones de euros para cortar los flujos migratorios en África.

El órgano de vigilancia afirma que las autoridades están bajo la presión de obtener resultados, pero que no existe consenso sobre las principales causas del flujo migratorio, y mucho menos una idea para reducir la cifra de decenas de miles de personas que dejan sus países para llegar a Europa.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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