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Contra el fariseísmo constitucional, nuevas palancas para el cambio

Rajoy en una imagen de archivo

El aniversario de la Constitución ha pasado con más pena que gloria. Como en el viejo chiste, no puede decirse que la situación sea seria, pero no grave. Al revés: es grave, y poco seria. Como se ha visto recientemente en el Congreso, el fariseísmo constitucional del PP no reconoce límites. Pero si lo puede exhibir con impunidad es porque no ha estado solo en la demolición de los elementos más garantistas del texto del 78. Sacrificó los derechos sociales a los intereses del poder financiero reformando el artículo 135 junto al PSOE. Ha encubierto su propia corrupción gracias a la inhibición de Ciudadanos. Y ha dinamitado la Constitución territorial  activando de manera abusiva el artículo 155 con el visto bueno de Coalición Canaria, Ciudadanos y los propios socialistas. 

Esta instrumentalización del texto de 1978 ha deteriorado profundamente la cultura de la legalidad. Si desde la cúspide del Estado se la vulnera de manera sistemática, la sensación es que todo vale y la anomia social e institucional crecen.

El caso de Catalunya es paradigmático. Convergència i Unió no estuvo en la reforma exprés del artículo 135. Pero aplicó la austeridad incluso antes de dicha reforma. La Ley Ómnibus impulsada por Artur Mas en 2011 desactivó decenas de leyes progresistas y generó recortes sociales que nunca se revirtieron. Muchas de estas afinidades continuaron con el PDeCAT. La nueva marca convergente apoyó a Rajoy en votaciones clave del Congreso. Y Carles Puigdemont llegó a admitir en su entrevista con Jordi Évole que tenían mucho en común con el PP en temas socio-económicos.

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Un nuevo modelo para la Sanidad

Estado de las urgencias de La Paz en la tarde del 11 de diciembre.

Nuestra sanidad sufrió un duro revés con la crisis. Lo que no sabemos es si esta crisis fue la causa o el pretexto que se utilizó para deteriorar la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta duda cabe porque el gasto en sanidad pública no se ha aumentado lo más mínimo, sino todo lo contrario. Mientras que, supuestamente nuestra economía se iba recuperando, los ajustes en sanidad pública no han parado de crecer.

La inversión en Sanidad el año 2009 fue de 73.130,6 millones, disminuyendo hasta los 70.635,7 millones en 2016. Para 2018, nuestro gobierno ha enviado el Plan Presupuestario a Bruselas en cual se contempla para sanidad un 5.8% del PIB. Una cifra que supone un mínimo histórico, muy lejos del porcentaje en PIB de lo que destinan el resto de los países europeos a sanidad.

La situación actual es la siguiente: las necesidades de nuestra población en protección a la salud va aumentando, entre otros factores, por el envejecimiento de la población. Nuestra esperanza de vida está a la cabeza del mundo después de Japón y el presupuesto destinado a ello va disminuyendo. Esta situación se traduce en menos puestos de trabajos y mayor temporalidad, con lo que esto supone para la atención a los pacientes, menor mantenimiento de las estructuras y recursos en general. Lo que nos lleva a listas de espera importantes, tanto para consulta como para pruebas complementarias, y en esto llega la oferta de la empresa privada.

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Actúa ahora para salvar la internet como la conocemos

Aunque no lo creamos, las redes sociales juegan un papel importante en política (Foto: geralt | Pixabay)

Este jueves, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) votará una propuesta que podría acabar con la neutralidad de red en los Estados Unidos. Esto sería un desastre para internet.

La neutralidad de red -el principio por el cual los proveedores de servicios de internet (ISPs, por sus siglas en inglés) tratan todo el tráfico por igual- es la base de internet tal como la conocemos en la actualidad. Esto ha permitido a millones de estadounidenses montar negocios, conectarse con amigos y familiares, lanzar movimientos sociales y compartir sus ideas libremente.

Cuando inventé la World Wide Web en 1989, no tuve que pagar nada ni pedirle permiso a nadie para hacerla disponible en internet. Lo único que tuve que hacer fue diseñar una nueva aplicación y conectar mi ordenador a la red. Si se revocan las leyes de neutralidad de red en Estados Unidos, los futuros innovadores tendrán que primero negociar con cada ISP para que el nuevo producto entre en un paquete de internet. Eso significaría eliminar los espacios libres de permisos que existen para la innovación. Los proveedores de internet tendrían el poder de decidir qué sitios web puedes visitar y a qué velocidad cargarán. En otras palabras, podrían decidir qué empresas tendrán éxito en internet, qué voces son oídas y cuáles son silenciadas.

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Un diálogo abierto, necesario y urgente para Madrid

En 2012, el huracán Sandy dejaba a oscuras Manhattan. Solo permanecía completamente iluminada la torre de Goldman Sachs.

El suceso no pasaría de la pura anécdota si no fuese por dos cuestiones básicas. Es una buena metáfora de la vulnerabilidad de las ciudades ante los riesgos que comporta la combinación de cambio climático, declive de energía y materiales y desigualdad creciente. En segundo lugar, es la prueba material de que el poder económico se está adaptando y blinda sus intereses ante un contexto incierto, mientras asistimos a una exasperante y lenta reacción por parte de quienes tienen la obligación de proteger el interés común.

Los datos que proporciona la mejor información científica disponible nos hablan de escenarios de futuro sombríos, a no ser que acometamos procesos urgentes de transformación económica, social, política y cultural que se orienten a la sostenibilidad y a la protección de las personas, sobre todo las más empobrecidas y vulnerabilizadas.

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¿Cómo conseguir que las ganancias de productividad se conviertan en más empleo?

La coexistencia de aumentos en la productividad del trabajo y relativamente altos niveles de desempleo nos emplaza a un debate alrededor de la pregunta que encabeza el texto. Este debate, de alcance europeo, cobra especial relevancia y actualidad en la economía española, cuando vemos que, en los últimos años, los indicadores de productividad y empleo han evolucionado en direcciones opuestas; el sustancial aumento del primero ha ido de la mano de una masiva destrucción de puestos de trabajo.

Para el relato dominante, el de los poderosos, el nexo entre productividad y empleo está garantizado, siempre que las fuerzas del mercado actúen sin trabas ni interferencias; en esas condiciones, se da una secuencia virtuosa entre la productividad, los beneficios, la inversión y el empleo. Según esta secuencia, los aumentos de productividad tienen una incidencia positiva sobre los márgenes empresariales, que, al activar la inversión productiva, aumentan los niveles de ocupación de la economía.

Una primera e importante fisura en esta hoja de ruta es la evidente desaceleración, observada en las últimas décadas, en el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo. Una evidencia empírica que obliga a preguntarse por los factores estructurales, más allá de la coyuntura de la crisis, que explican los magros resultados obtenidos en materia de productividad y las consecuencias que todo ello tiene en materia de crecimiento y bienestar. En las líneas que siguen, retomando la pregunta inicial, me centro en otro asunto, no menos importante: identificar algunos mecanismos que podrían establecer un nexo sólido entre productividad y empleo.

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Una Constitución sin mujeres no es Constitución

Tapas de un ejemplar de la Constitución

En estos momentos en los que para la mayoría –excluyendo al PP, claro–  parece evidente que es urgente una reforma de la Constitución de 1978, debería serlo también que uno de los grandes déficits que arrastra ese pacto de convivencia es la ausencia de las mujeres no solo en el poder que la generó sino también en su contenido. Ello no quiere decir que no hubiera mujeres en el proceso constituyente. Claro que las hubo: 27 pioneras que en aquellas Cortes elegidas en 1977 tuvieron que batallar con lo que entonces todavía era un patriarcado coactivo.

27 mujeres absolutamente invisibles en los libros de historia, en las conmemoraciones y en un imaginario colectivo en el que solo ha habido lugar para los padres de la Constitución. La más radical expresión de eso que Celia Amorós denomina “pactos juramentados entre varones” o, si lo prefieren, como vergonzante demostración práctica de que el patriarcado es el gobierno de los padres. Afortunadamente los trabajos de la constitucionalista Julia Sevilla y el magnífico documental Las constituyentes, de Oliva Acosta, nos han servido, por lo menos a algunos, para completar la fotografía y tener presente como, por ejemplo, aquellas pioneras practicaron una sororidad que ya quisiéramos que hoy se hubiera convertido en práctica cotidiana. Algo que, por cierto, debería haber tenido reflejo en la recientemente constituida Comisión para los festejos del 40 aniversario del texto de 1978, la cual vuelve a ser manifiesta expresión de que aquí el poder, como el “soberano” de hace varias décadas, es cosa de hombres.

Pero es que además las mujeres no están en la Constitución como sujetos políticos y, por lo tanto, como ciudadanas de pleno derecho. En un texto marcado por un lenguaje androcéntrico y por tanto excluyente, las mujeres solo aparecen en cuanto esposas –art. 32– o en cuanto madres; art. 39. Todo lo demás es un silencio abrumador, que resulta todavía más flagrante si tenemos en cuenta que veníamos de un régimen, el franquista, que las había mantenido social, política y jurídicamente domesticadas.

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Rajoy en Londres o la oportunidad perdida

Rajoy en Londres con Theresa May

Sorprende que un proceso como el de las negociaciones del Brexit -sin duda el mayor escollo destituyente que haya conocido el proyecto europeo desde el Tratado de Roma- haya generado tan poco debate público en España. Hubo, es cierto, un arrebato inicial subido de tono sobre Gibraltar- que en seguida fue reconducido y rebajado con buen tino por todas las partes implicadas.

Oficialmente, la posición del gobierno no difiere de la de muchas otras cancillerías y capitales europeas: prudencia, discreción, unidad en torno a las posiciones del negociador europeo, y una hasta ahora exitosa táctica que consiste en esperar los errores, contradicciones e incongruencias de la posición británica que van marcando el ritmo de las negociaciones. El trabajo parlamentario sigue la misma tónica - en la subcomisión del Brexit de momento estudiamos documentación, escuchamos a los expertos (cuyas comparecencias empiezan irremediablemente por un "es imposible saber lo que va a suceder") y esperamos la información que Bruselas anuncia a cuentagotas y el devenir de los acontecimientos.

Si la prudencia (que se lo digan a cualquiera que haya vivido los últimos meses en España) puede ser buena consejera ante procesos tan delicados y sensibles, no es sin embargo una buena noticia que no exista un grado de conciencia en el debate público proporcional a la importancia de lo que está en juego. En primer lugar, porque, aunque el Gobierno sigue sin tener cifras fiables sobre emigración - pese a nuestros múltiples y reiterados requerimientos - sabemos que Reino Unido es el principal destino de la emigración española. Según los datos de la Seguridad Social Británica, 40.473 españoles/as se dieron de alta sólo en el último año; esto son 110 altas de españoles al día. A estos hay que añadir los que fueron a estudiar o están trabajando sin contrato (que, por desgracia, es algo relativamente común, especialmente en los empleos más precarios).

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Salvar vidas no es un delito

35 Comentarios

Quería dar las gracias por esa oleada de cariño, solidaridad y compromiso con la defensa del derecho a la vida que he recibido de miles de personas. Me reconforta saber que estáis ahí y vuestro amor me sostendrá ante el tribunal si me flaquean las fuerzas. No puedo creer cómo he llegado a esta situación en la que se me tacha de criminal por hacer llamadas a servicios de Salvamento Marítimo. 

Me miro en casa al lado de mi perro, mi gata, con la mesa camilla puesta y después de recoger a mi hija de teatro. Me paro en la foto de mi hijo cuando era pequeño y en las cenizas de mi madre que presiden el pequeño altarcito improvisado en casa.

He hecho una llamada a Salvamento Marítimo para saber algo de la patera desaparecida desde hacía dos días, y desgraciadamente me explican que hay un fallecido. Entonces se me caen las lágrimas por otra muerte más. Le digo a uno de los controladores de Almería que tal vez esta sea una de las últimas llamadas que les hago. 

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Esto no es una violencia

El cuadro 'Esto no es una pipa', de René Magritte

Resulta desolador que, en un mal remedo del conocido ardid del poli bueno y el poli malo, el auto que el Tribunal Supremo dictó para Forcadell y otros miembros del parlamento catalán se haya venido a configurar ante la opinión pública como “garantista” frente al de la Audiencia Nacional para el Govern. En una democracia no se trata de que los polis –no digamos los jueces– sean buenos o malos, se trata de que sea imposible que haya polis malos y de que las instituciones no se dejen arrastrar por la intensidad de las pasiones políticas. Y no sé si estamos pasando la prueba.

El apartado conformado por los Fundamentos Jurídicos números 8 y 9 de ese auto, en los que el juez del Supremo desarrolla las razones por las que entiende que lo sucedido en Catalunya en los últimos meses fue un “alzamiento violento” es especialmente preocupante desde los presupuestos del Estado de Derecho. No solo estamos ante una decisión llamativamente endeble desde un punto de vista jurídico, sino sobre todo ante lo que parece ser una cesión más que preocupante desde una perspectiva política. Pero vayamos por partes.

Jurídicamente, el instructor está obligado a demostrar la existencia de “violencia” en los hechos que califica para poder así imputarles el tipo penal de Rebelión, que la conlleva necesariamente. Para ello procede a una estrategia argumental que solo nos queda esperar que alguien desmonte durante el juicio y que procede como sigue.

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Carlo Formenti, la variante populista

Imagen de una manifestación nacionalista

No se trata de un fantasma, es algo más material, más molecular, más consistente: la emergencia de una izquierda soberanista. Entendámonos, una izquierda que pretende reconciliar de nuevo emancipación social, soberanía popular y reconstrucción de un Estado democrático avanzado. Lo de volver a reconciliar tiene que ver con invertir la ruta que durante más de treinta años ha opuesto estos valores a la izquierda realmente existente considerándolos como reliquias de un pasado que no volverá o, aún peor, obstáculos que hay que superar para enfrentarse a los retos de esta modernidad tardía.

Lo vivimos cada día, a veces, como aquí y ahora en España, dramáticamente. Primero, se toma nota con gran alarma del renacimiento de viejos y nuevos nacionalismos y de la tendencia en diversos Estados a la fragmentación y a la ruptura territorial; segundo, se defiende vehementemente la globalización y su específico modo de concretarse en nuestro continente, es decir, la Unión Europea entendida siempre como algo irreversible e inevitable a la que solo cabe modular, atemperar o democratizar; tercero, se propone profundizar en la integración supranacional y en la progresiva pérdida de soberanía de los Estados en la perspectiva de un lejano momento donde se iría, más o menos, a unos Estados Unidos de Europa. Como se puede entender, la clave de este argumentario es que estos tres supuestos no se relacionen entre sí.

¿Cómo nos vamos a extrañar de que cuando planificadamente se está deconstruyendo los Estados europeos realmente existentes, renazcan o se revitalicen nacionalismos nuevos o viejos? ¿Cómo no entender que cuando la democracia como autogobierno de la ciudadanía pierde peso e influencia ante poderes económicos oligárquicos o no democráticos, como las instituciones europeas, renazcan demandas de soberanía, de identidad, de protección? ¿Cómo no comprender la desafección ante instituciones y partidos políticos tradicionales cuando se han ido rompiendo las reglas de un pacto implícito que ligaba capitalismo regulado con democracia política y derechos sociales?

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