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Puigdemont, ¡escucha a todo el pueblo de Catalunya!

Puigdemont

Es patético, si no dramático, que siga gobernando Catalunya un político que no fue elegido por el pueblo. Quizás, por ello, vive de espaldas a él, entendido como los siete millones y medio de ciudadanos que constituyen este país. Y, como vive de espaldas a la mayor parte de la ciudadanía, no les presta atención alguna y, desde luego, le es indiferente cómo viven y qué piensan del actual proceso independentista. Aquel millón de personas del día ocho de octubre fueron completamente ajenos a él.

Pero para seguir jugando, casi ensimismado, con el futuro imperfecto de la independencia, es también sordo -esta vez puede que interesadamente- a una realidad, presente y futura, relacionada con los abusos de poder y la corrupción de su partido. Pronto serán públicas las sentencias por el expolio del Palau de la Música y del "caso Pretoria". El Tribunal de Cuentas investiga de dónde proceden los dos millones que ha pagado Artur Mas por el despilfarro del 9N. Y dos ex altos cargos de CDC admiten que se apropiaron de un millón de euros de la Asociación Catalana de Municipios. ¿Para qué prestar atención a esta realidad, estando refugiado en las leyes independentistas, tan ilegales y antidemocráticas, que tanta satisfacción le producen?

Pero, paralelamente, está muy atento al curso del procés y al enfervorizado seguimiento por la facción de la sociedad que cree, como nacionalistas que son, que todo vale -incluida la violación del ordenamiento democrático- para conseguir su objetivo. El President está ensimismado con ese juguete. Por ello, en la contestación al Presidente del Gobierno, reitera su supuesta voluntad de dialogo -después de las bochornosas jornadas del Parlament de los días seis y siete de septiembre- y atribuye al Gobierno la responsabilidad de decisiones judiciales de prisión, porque al President, después de aprobarse la Ley de transitoriedad jurídica, está acreditado que no le importa nada el principio esencial de un Estado democrático de la división de poderes.

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Adiós a la política

Puigdemont, votando en el referéndum del 1-O.

La puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución es un error mayúsculo y de consecuencias imprevisibles. Y es un error, fundamentalmente, porque supone renunciar a buscar una solución política dialogada y acordada a la cuestión política más grave que tiene planteado el Estado español desde la reinstauración de la democracia, después de la muerte de Franco. La aplicación del artículo 155 va implicar, necesariamente, el uso de la fuerza del Estado para garantizar su cumplimiento ante la más que previsible resistencia pacífica de la ciudadanía a su efectiva aplicación.

Bernard Crick, en su imprescindible, “En defensa de la política”, nos explicaba que si un grupo numeroso de ciudadanos es frustrado en todas sus ambiciones surge el peligro de que abandonen los métodos políticos y nos recordaba que la política es la capacidad de hallar posibles sustitutos a reivindicaciones imposibles. Para el Estado, para el Gobierno, para el PSOE, durante el pleno que aprobó las denominas leyes de de desconexión, las instituciones catalanas se situaron fuera de la política, desbordando la legalidad y para estos mismos actores el derecho a decidir y la independencia son reivindicaciones imposibles. Es su mirada, no la nuestra, ciertamente, pero aceptamos la lógica del Estado y de esos partidos, por unos instantes; y aquello que debemos denunciar entonces es que nadie en el Gobierno y en la oposición mayoritaria quiere asumir que ese "desbordamiento" es el resultado de una negación sistemática a encontrar soluciones a las demandas catalanas durante los últimos 7 años, como mínimo.

Unas demandas que son muy claras y que tienen que ver con dos conceptos fundamentales, tales como reconocimiento y justicia. Reconocimiento como sujeto político de Catalunya, o sea coma nación con plena capacidad de decidir su destino político, o sea el referéndum pactado; y justicia entendida como un trato político adecuado a las legitimas demandas, preferencias y necesidades de la sociedad catalana, especialmente en los ámbitos de la financiación, la lengua, la cultura, la educación y las infraestructuras.

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La no-declaración declarada y el otoño catalán

Diada 2016 en Barcelona.

¿Pero por fin hubo o no DUI, comenzó ya por fin la nueva fase?, se preguntan el país entero y los observadores internacionales. Por supuesto que la declaración unilateral de independencia ha tenido lugar, y ello a pesar del gran discurso único que escucharemos de boca de políticos y tertulianos durante todos estos días. Ha tenido lugar la DUI con la misma fuerza de facto que tuvo la consulta del 1-O. Con la misma verosimilitud con la que ya se ha comenzado a aplicar el artículo 155 antes de su aprobación formal jurídico-parlamentaria. Quienes mantienen puestas únicamente las “gafas de cerca” jurídicas para leer este asunto se extrañarán o se horrorizarán al leer esto. Me explicaré con la intención de transformar la extrañeza y el horror en un posible espacio de reflexión y debate.

El filósofo del lenguaje John Langshaw Austin estudió el poder de los  actos de habla y entre ellos fijó su atención en lo que denominó enunciados performativos, esto es, aquellos discursos que, al momento de nombrar un objeto o hecho, lo fundan, lo inauguran. Dentro de los enunciados performativos, desglosaba toda una tipología en la que se encuentran los enunciados ilocutivos, aquellos que, a diferencia de los locutivos (que se refieren a la frase en su puro significado textual) crean el objeto a través de lo implícito, por la fuerza de la propia intención que los hace aparecer sin nombrarlos. Es en este campo de la acción performativa de las intenciones no formalizadas de iure pero que van generando de facto los objetos y eventos políticos y sociales y no en el campo estrictamente jurídico, en el que se está jugando verdaderamente esta fase de juego en el ajedrez catalán.

El que no haya sido aún ni aprobada ni sancionada por los órganos competentes no priva a la DUI (o la no-DUI, como afirman algunos con una seriedad excesiva y seguramente equivocada ) ni a su antecedente refrendario de poseer efectos totales en la dimensión político-simbólica, aquella en la que se cuece la base material de la conformación de los Estados, que a fin de cuentas era los que perseguía un bloque independentista perfectamente consciente de que por la vía estrictamente constitucional no había espacio alguno para avanzar, y de que la efectiva conformación de una República no es asunto de una legislatura, de esta legislatura. En términos jurídicos se considera que una norma existe cuando tiene efectos normativos; lo mismo sucede, con mayor razón, con los hechos políticos. Así, si la desconexión política ya era un hecho antes del 1-O (a juzgar por la correlación de fuerzas existente en el Parlament de Catalunya en comparación con la que existe en el Congreso) la no-declaración-declarada-sin-llegar-a-declararse es el efectivo y explícito movimiento de jaque que mantiene en una zozobra permanente al régimen político-institucional, mediático y gran-empresarial de la Transición al completo desde hace ya varios meses. Y como no verlo, también a una porción importante de la población residente en España y Catalunya. Y es que no hay eventos históricos de calado que no vengan precedidos de grandes sacudidas sociales.

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Balas de fogueo contra la desigualdad salarial

Un grupo de mujeres trabajando en una conservera.

El día 16 de Octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidos Podemos  instando al Gobierno a adoptar medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta noticia no tiene nada de novedosa; el pasado mes de febrero ya se aprobó, también por unanimidad, una moción similar presentada por el PSOE. 

Pero lo peor es que la noticia tiene aún menos de esperanzadora. Claro que en principio no está mal que el Congreso de los Diputados reconozca que las mujeres cobran mucho menos que los hombres y que deberían tomarse medidas contra esta injusticia manifiesta. Sin embargo, reconocer un problema y decir que hay que hacer algo no es garantía de nada. Más aún, según lo que se haga puede terminar bien o mal. 

El último ejemplo es el del pacto de Estado contra la Violencia Machista, que terminó mal, como se explica en este artículo. Es más, este resultado tan decepcionante de un proceso que ha tenido esperanzadas a tantas personas puede generar la falsa impresión de que, si después de tanto tiempo y energías no se ha arreglado nada, quizás será verdad que se ha hecho todo lo posible por eliminar “la lacra” de la violencia de género pero, ¡ay! quizás será que no tiene solución. Así, ahora solo quedaría pasar a la siguiente “lacra”, que después de mucho ruido puede terminar igualmente desactivada (que no eliminada). 

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A vueltas con la 'Operación Chamartín': un paso adelante, dos atrás

A finales de julio, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y el BBVA (a través de DCN) cerraban el enésimo acuerdo para desbloquear la muy manoseada Operación Chamartín. La presentación de las bases de ordenación de la misma es un hito más en una dilatada historia cuyos inicios se remontan a los primeros años de la década de los 90: más de 25 años dando vueltas, apareciendo y desapareciendo como el Guadiana. ¿Es ésta la última foto? El tiempo lo dirá, pero bueno es, dada la experiencia, albergar muchas dudas al respecto.

En su larga trayectoria, la operación ha serpenteado por los despachos de las diferentes administraciones imponiendo cambios en la legislación urbanística y en el planeamiento de la ciudad. Sería prolijo hacer aquí el recuento. Vale con acudir a la hemeroteca. El dato destacado es que todos los cambios han estado presididos por un único hilo conductor: que las cuentas del BBVA, secundado por la Constructora San José, cuadren.

Otros objetivos que los publicistas-apologistas divulgan han tenido una importancia menor o son simples velos para tapar el objetivo prioritario. Así, por ejemplo, se habla de la urgencia de disponer de una nueva estación de ferrocarril. ¿Urgente? ¿Y llevan 25 años y los que quedan para abordarla? No nos engañemos, de lo que un día sí y otro también se ha tratado ha sido de la rentabilidad económica de una macroactuación que antes que inmobiliaria es una operación de altas finanzas.

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Populismo salvaje: una “infección endémica” muy preocupante

Hoy he decidido migrar momentáneamente de nuestro blog, pues creo que lo que tengo que decir se ajusta mucho mejor a una Tribuna Abierta, aunque mi opinión se apoye parcialmente en hechos científicos.

Como catalán (nacido y criado en Sevilla hasta los ocho meses) que vivo fuera de Catalunya (la abandoné a los 32 años), y viviendo actualmente dentro del Estado español (desde hace 14 años), me encuentro últimamente, y cada vez con más frecuencia, con conversaciones que preferiría no oír, pero que claramente están azuzadas por las circunstancias. Por ejemplo, recientemente, en la cena de clausura de una reunión científica me senté al lado de una pareja; ingeniero él, bióloga ella. Mantendré su zona de origen en el anonimato para contribuir positivamente al mensaje de este post.

Estábamos teniendo una placentera cena, hablando de nuestro trabajo, cuando de repente él saltó y me dijo que el independentismo catalán era nazi. Ella, al darse cuenta de la fuerte falta de empatía de su pareja, le comentó que quizás no era momento de hablar de esas cosas. El caso es que a mí me dio un vuelco el corazón, no sólo porque acababa de llamar sin ningún miramiento nazis a muchos de mis amigos y parte de mi familia, sino porque me di cuenta de que los mantras orwellianos del PP (tergiversando impunemente el significado de las palabras) estaban funcionando.

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Homenaje a Cataluña

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“Pero prefiero ser extranjero en España y no en ningún en otro país”

“En la Central Telefónica habían arriado la bandera anarquista y sólo flameaba el estandarte catalán. Ello significaba la derrota definitiva de los trabajadores”.

(George Orwell: Homenaje a Cataluña, 14 de abril de 1938).

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Los límites constitucionales y democráticos del artículo 155

El consejo de ministros del Reino de España, en su reunión de la pasada semana, activó de forma oficial el mecanismo de protección de la ciudadanía previsto en el artículo 155 de la Constitución española de 1978.

Tal artículo se ha establecido para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y aquellas otras obligaciones que impongan las leyes, en el supuesto de que una comunidad autónoma las incumpliere. Pero también para el caso de que la comunidad autónoma en cuestión “actuare” de forma que atente gravemente contra el interés general de España.

Decimos que es un mecanismo de protección de los ciudadanos y ciudadanas, porque en última instancia en una Constitución como la nuestra, que antepone sobre todo lo demás una serie derechos y libertades fundamentales, son precisamente esos ciudadanos y ciudadanas los que cuentan con la sujeción de las autoridades y de las instituciones (el Estado y la comunidad autónoma como instituciones) al imperio de la ley, en garantía de esos derechos y libertades, y porque las libertades y los derechos fundamentales de sus ciudadanos son el principal interés de España.

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España y el quién de los españoles

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Llegados a este punto, resolver las crisis que están teniendo lugar en nuestro país requiere más cabeza que tiempo y más propuestas que denuncias. Requiere un fuerte anclaje en la materialidad del presente concreto y fuerza para abrir nuevos caminos. En Podemos sabemos mucho de abrir nuevos caminos. Es duro pero su técnica es sencilla: desbrozar y avanzar a partes iguales.

Empecemos por desbrozar. La desobediencia del govern de la Generalitat a los mandatos del Tribunal Constitucional y al Gobierno de España ha transformado la crisis política en Catalunya en una crisis del Estado español. Muy astutamente, el govern de Junts pel Sí se ha encargado de denominar esta crisis como “crisis entre Catalunya y España” y el Gobierno del PP se ha dejado querer. Esta transmutación de las posiciones de los partidos en las posiciones de sus naciones constituye una de las toxinas ideológicas más nocivas del procés y cualquier propuesta de salida requiere su radical erradicación. Hay que repetirlo hasta el aburrimiento: ni todos los catalanes son de Junts pel Sí, ni todos los españoles somos del PP, o lo que es lo mismo, hay muchos catalanes que no son independentistas -incluso puede que la mayoría-, y muchos españoles que no somos del PP, en este caso con toda seguridad somos la mayoría. Aceptar esta subsunción está amenazando la cohesión social en Catalunya y en España porque nos deja sin nación ni patria a los catalanes no independentistas y a los españoles no setentayochistas –denominación a mi juicio más correcta que la de constitucionalistas- en una operación más propia del siglo XX español que del XXI. La crisis política en Catalunya no es un enfrentamiento entre Catalunya y España. Es un enfrentamiento entre dos amplios espacios sociales e ideológicos catalanes, aliados cada uno de ellos con el Govern de Catalunya y el Gobierno de España, y ha sido precisamente su enfrentamiento lo que ha provocado la primera crisis de Estado del siglo XXI. Dejar pasar esta burda manipulación cierra el camino a cualquier solución a la crisis catalana, pero también a la posibilidad de poner en pié el cambio político, económico y cultural que la gente activó en las calles y plazas de todo el país -incluida la plaza Catalunya- el 15M de 2011.

El segundo tóxico ideológico del que debemos desprendernos es el que naturaliza que hay una única crisis. Esto es histórica y políticamente falso. Hoy tenemos sobre la mesa territorial, como mínimo, tres crisis diferentes: la crisis política catalana, la crisis territorial española y la crisis de Estado nacida de la interacción de la crisis catalana y la crisis española.

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Los hombres que no leen a mujeres son peligrosos

Quienes a estas alturas continúan dudando de la pervivencia del patriarcado, entendido no solo como una estructura política sino como un perverso orden cultural que continúa condicionando las subjetividades masculina y femenina, deberían fijarse, de entrada, en las personas que continúan dominando no solo los espacios públicos sino también y muy especialmente los que implican reconocimiento y ejercicio de la autoridad. Es decir, deberían analizar quiénes continúan siendo mayoritariamente los referentes, los que acaparan premios, los que simbolizan la excelencia o los que ocupan, a veces casi en régimen de monopolio, los relatos colectivos. Las imágenes que cada día nos ofrecen los medios de comunicación son la prueba más evidente de cómo nosotros seguimos ocupando los púlpitos y cómo ellas, la otra mitad, continúan siendo en gran medida invisibles. Ahí están el elenco de los premiados en los Premios Nobel, la composición de las tertulias televisivas o el listado de ponentes en cualquier Congreso científico para demostrarlo.

De ahí, por tanto, la necesidad de seguir insistiendo, recordando y haciendo evidente que las sociedades que vivimos, solo aparentemente democráticas, no serán justas hasta que la mitad subordinada que continúan siendo ellas no tenga las mismas oportunidades, no comparta los espacios de poder y autoridad y no se convierta en protagonista de los imaginarios que nos definen como seres sociales. Por ello no es superficial, ni el resultado de una pataleta de esas “histéricas” que es como con frecuencia se sigue calificando a las feministas, que tengamos un día para reivindicar la visibilidad de las mujeres escritoras. Esas que continúan sin aparecer en los manuales que estudian nuestros hijos e hijas, que siempre suelen quedarse en la recámara de los grandes premios y no digamos de las Academias, que todavía hoy se ven obligadas a arrastrar el lastre que supone que entender que lo femenino es parcial y por supuesto devaluado. Porque ya estamos nosotros, los hombres, para definir lo universal y lo que de verdad vale. Entre otras cosas, la Literatura con mayúsculas, la que sin calificativo de ningún tipo, aunque debería llevar en todo caso el de “masculina”, asumimos que habla de los intereses y problemas de la Humanidad entera.

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