Y después de la no consulta, ¿qué?

A diez días del referéndum de Escocia, a los líderes británicos de los principales partidos políticos –el primer ministro conservador, David Cameron, el laborista Ned Milliband y el liberal Nick Clegg– les ha dado un ataque de pánico ante la posibilidad, vaticinada en las encuestas, de que el día 18 gane el sí a la independencia y se han ido a Edimburgo a proclamar su amor por los escoceses. Reaccionan un poco tarde. Han perdido dos años jugueteando con amenazas de que una Escocia independiente saldrá de la Unión Europea y de que la echarán de la libra esterlina. Dos argumentos negativos, uno más claro que el otro, parecidos a los que se utilizan aquí para tratar de ¿convencer? a los catalanes que ahora optan por la independencia de que es mejor seguir juntos. Les dicen que Cataluña saldrá de Europa y sobre todo que su matrimonio con el resto de España es indisoluble porque la Constitución no permite la secesión. Así que juntos para siempre, pero nada de se nos parte el corazón que les dijo Cameron a los escoceses el pasado miércoles.

En el mes de junio, el intelectual y expolítico canadiense Michael Ignatieff explicaba en Madrid que importantes políticos ingleses le habían pedido que les recordara qué argumentos positivos en favor de la unidad de Canadá se utilizaron en Quebec con la intención de utilizarlos en Escocia. En el mismo ciclo de diálogos, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid, el notario catalán Juan José López Burniol afirmaba dos meses antes que no entendía, desde los intereses generales del Estado, que no se esgrimiera ningún tipo de proyecto común para responder al proceso soberanista catalán en lugar de utilizar solo argumentos negativos.

Pero ni los británicos habían reaccionado hasta ahora, ni el presidente Mariano Rajoy parece dispuesto a abandonar su habitual estrategia de esperar a ver si el simple transcurrir de los días lo arregla todo, con la única ayuda, en este caso, de los recursos al Tribunal Constitucional para impedir que se celebre la consulta del 9 de noviembre. La derecha político-mediática parecía incluso convencida de que el caso Pujol haría fracasar la celebración de la Diada y que ese pinchazo iba a ser el preámbulo de la disolución del ímpetu soberanista. Que se equivocaban respecto a la Diada se ha visto este jueves. Sobre lo segundo aún habrá que esperar unas semanas.

Lo que sí parece evidente a día de hoy es que el 9 de noviembre no habrá consulta, porque el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional y este la prohibirá. La desobediencia civil a la que apela el líder de ERC, Oriol Junqueras, tendrá poco valor, porque como dijo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, una Cataluña independiente sin reconocimiento internacional no sirve para nada y una consulta sin censo oficial, sin más legalidad que la ampare que una ley del Parlament de Catalunya que lleva por título “ley de consultas populares no refrendarias”, es decir, sin refrendo, y sin el reconocimiento del mundo mundial no valdrá más que una pataleta.

Se equivocará, sin embargo, el Gobierno si piensa que la no celebración de la consulta acaba con el problema del separatismo catalán. Generará frustración, seguro, sensación de fracaso, tal vez, pero también muchísima irritación y hasta el momento ha quedado demostrado que el rechazo a las decisiones del Tribunal Constitucional lejos de desinflar las ansias independentistas de un sector amplio de la ciudadanía catalana las ha inflamado. La prohibición de la consulta forzará a moverse a Mas. Podría dimitir, pero no parece que contemple la posibilidad. Así que lo más probable es que, aun a riesgo de que le desborde ERC, convoque unas elecciones anticipadas con la intención de convertirlas en un plebiscito sobre la independencia, conseguir una mayoría parlamentaria a favor de la secesión y proceder a la proclamación unilateral de la independencia. Si es así, se agravará el problema y Rajoy solo parece tener una manera de evitarlo, dejar de mirar para otro lado y sentarse con Mas y el resto de los dirigentes de partidos españoles y catalanes para buscar una solución pactada, una reforma de la Constitución que mejore el encaje de Cataluña en España, por ejemplo. ERC no la apoyará, pero seguramente sí muchos de esos catalanes que ahora apoyan la independencia convencidos de que no les queda otra salida.