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Las fake news que fabrica el Congreso

Políticos y periodistas tendríamos que esmerarnos mucho más para evitar que el Parlamento español pierda toda credibilidad y acabe convertido en una verdadera fábrica de fake news

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El Congreso define mañana la ubicación de los diputados en el hemiciclo y decide si envía a CDC al 'gallinero'

Hemiciclo del Congreso.

En España ya no existe la prisión permanente revisable, se ha derogado la nefasta ley mordaza, se está preparando la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, Hazte Oír ha dejado de ser una entidad de utilidad pública, se han devuelto 3.000 millones de euros incautados a los republicanos, se ultima una ley que regule los deberes escolares, se han retirado las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla y ya no está en vigor la criticadísima reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy a comienzos de 2012. 

Ninguna de estas noticias es real y, sin embargo, millones de españoles están convencidos, a estas horas, de que algunas de ellas son absolutamente ciertas. La razón hay que buscarla en el oportunismo de algunos políticos por protagonizar un bonito titular o por intentar demostrar que «se puede gobernar desde la oposición»; pero además (y sobre todo) deberíamos poner el foco en la inmediatez, la brevedad y también la ligereza con la que los medios de comunicación, en demasiadas ocasiones, transmitimos la información que sale del Parlamento. Veamos un decálogo de ejemplos reales y relevantes, con titulares y frases extraídas de televisiones, radios y diarios impresos y digitales:

4 de octubre de 2016 “El Congreso aprueba derogar la prisión permanente revisable”

13 de diciembre de 2016 “El Congreso inicia los trámites para derogar la reforma laboral”. “La reforma laboral del Gobierno de Rajoy ha comenzado a ser historia”. 

14 de diciembre de 2016 “El Congreso de acuerdo en regular los deberes escolares con el rechazo del PP”

2 de febrero de 2017 «El Congreso aprueba una renta mínima de 426 euros para las familias sin recursos»

15 de febrero de 2017 “La Iglesia más cerca de tener que pagar el IBI”

15 marzo de 2017 “El Congreso aprueba quitar la utilidad pública a Hazte Oír” 

21 de marzo de 2017 “El Congreso aprueba derogar o reformar la ley mordaza”

11 de mayo de 2017 “El Congreso aprueba sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos”

27 de junio de 2017 “La Comisión de Interior aprueba la retirada de las concertinas” 

28 de junio de 2017 “El congreso ordena devolver 3.000 millones de euros incautados a los republicanos”

Hay un último ejemplo, todavía más reciente. Este martes numerosos medios trasladaron a la ciudadanía la idea de que “el Congreso anula las sentencias dictadas por los tribunales franquistas”. Al igual que en los casos anteriores, este titular bienintencionado no es cierto. Lo que hizo el Parlamento fue una declaración, en una proposición no de ley, en la que decía que esas sentencias eran nulas. Ya sé que es un rollo tener que entrar en tanto detalle, pero es que la diferencia entre “anular” y “declarar que son nulas en una proposición no de ley” no es cosa menor.

Así me la explicaba gráficamente esta mañana un prestigioso jurista: “Declarar que son nulas las sentencias tiene el mismo valor jurídico que si el Congreso hubiera declarado que Elvis Presley está vivo. El Congreso puede declarar lo que quiera, pero si no se establece esa nulidad por ley, todo lo demás no sirve para nada, jurídicamente hablando”. Ese importante matiz, probablemente, lo sabían ayer los políticos que defendían la iniciativa y los periodistas que informaron sobre ella… sin embargo quedó diluida, cuando no ignorada, en buena parte de las intervenciones y de las informaciones que leyeron o escucharon los ciudadanos.

En mayor o menor medida, algo parecido ha ocurrido en los temas que he incluido en el decálogo. Buena parte de ellos se convirtieron en noticia tras aprobarse proposiciones no de ley en las que, con los votos de toda la oposición, el Congreso  “pedía al Gobierno” o “instaba al Gobierno” a hacer tal o cual cosa.  Todos sabíamos que Rajoy y los suyos podían cumplir ese mandato o pasárselo por el forro, cómo finalmente han hecho en todos los casos, pero ese hecho tan relevante pocas veces fue destacado en las declaraciones de los políticos proponentes o en el contenido de nuestras crónicas. 

Quienes sigan al minuto la actualidad de nuestro país pueden pensar que estoy exagerando porque ellos conocen la mecánica parlamentaria y, además, leyeron el epílogo que Rajoy escribió, días o meses después de aprobarse estas iniciativas: «El plan B del Gobierno para no derogar la reforma laboral», «el Gobierno guardará en un cajón la exhumación de Franco», «el ministro Zoido mantendrá la utilidad pública de Hazte Oír», «La ley mordaza sigue vigente dos años después de su aprobación»… Mi pregunta es… ¿cuántos ciudadanos están sumidos en la confusión? ¿cuántos han optado ya por no creerse nada? y, finalmente, ¿cuántos se enteraron realmente del frustrado destino de todas estas iniciativas? Me temo que la proporción sería similar a la que se da cuando un diario tradicional rectifica en un breve, publicado en un rincón de una página par, la información falsa que publicó, a cinco columnas, en su portada. 

Quizás todo esto no deje de ser sino un daño colateral provocado por nuestra inexperiencia al movernos en el inédito escenario político actual, después de una larga sucesión de mayorías absolutas y semiabsolutas;  tal vez provenga del afán por informar y estar informado a través de mensajes de 140 caracteres… pero no deberíamos perseverar en el error. Políticos y periodistas tendríamos que esmerarnos mucho más para evitar que el Parlamento español pierda toda credibilidad y acabe convertido en una verdadera fábrica de fake news.  

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