Vientos xenófobos desde Extremadura

Se acaba de publicar el acuerdo firmado por el Partido Popular y VOX para gobernar conjuntamente en Extremadura. La presidenta Guardiola, que hace poco decía que no podía dejar entrar en el gobierno a quienes deshumanizan a los inmigrantes, no solo lo ha hecho, sino que se ha sumado a ello.

El acuerdo es xenófobo. Sin duda. No por las medidas que prevé, sino por el lenguaje que utiliza y las ideas que evidencia. Cualquier jurista que lo lea entenderá inmediatamente que tanto VOX como el Partido Popular querrían adoptar toda una serie de normas que implican una discriminación por razón de origen, religión o raza. Pero no lo van a hacer en Extremadura. Esencialmente porque ninguna de ellas es competencia de la comunidad autónoma. En ese sentido, la única manera de aplicar en esa región el programa excluyente de los ultras que ahora ha asumido también el partido conservador sería saltándose la ley. Como los firmantes -que no son tontos- lo saben, el texto del acuerdo está lleno de requiebros y medias palabras que demuestran que efectivamente, desde el punto de vista jurídico es tan solo papel mojado.

Efectivamente, el documento firmado tiene mas forma de folleto propagandístico que de un programa de gobierno. Literalmente, el compromiso en la mayoría de puntos es ‘instar’ o ‘exigir’ al gobierno de España a cambiar las normas; ‘trabajar activamente’ para conseguir sus objetivos. A lo sumo, ’poner el máximo celo’ en determinadas cuestiones.

Un buen ejemplo está en los relativo al reparto de menores inmigrantes tutelados por el Estado. El real decreto que regula la materia establece un mecanismo de ejecución forzoso, de modo que las comunidades autónomas no pueden negarse a recibir a un menor. El acuerdo firmado entre ultras y conservadores, recalca que la junta de Extremadura se opondrá a este reparto “por todos los medios legales, jurídicos y políticos”, especialmente no participando en reuniones destinadas a reformar o aplicar el sistema. Es decir, en la práctica toda esa oposición se plasmará en una declaración indignada por la que la junta dirá que se opone al reparto. Con eso se habrá cumplido el acuerdo, incluso aunque Extremadura continúe aplicando la ley y acogiendo a los menores que se le asignen.

Tampoco hay prevista ninguna medida que venga a modificar las normas de empadronamiento. Más allá de los titulares que leemos estos días, lo máximo a lo que se comprometen los nuevos gobernantes extremeños en este punto es a pedir al gobierno que reforme la ley de bases del régimen local. Y ya se sabe lo que hay contra el vicio de pedir…

Uno de los principales hallazgos propagandísticos de este acuerdo es la inclusión de expresiones de dudosa eficacia jurídica que dan a entender la posibilidad de adoptar normas discriminatorias. Así en los apartados referidos a la vivienda y la seguridad, se habla del “principio de prioridad nacional”. Sin embargo, al leer la letra pequeña del acuerdo, este principio se traduce tan solo en exigir un tiempo de empadronamiento previo en Extremadura para acceder a determinados servicios, como vivienda protegida. Esa restricción no afectará necesariamente a extranjeros, sino a cualquier ciudadano que se traslade a vivir a esa comunidad autónoma. Más aún, conscientes de que eso dificulta el retorno de los extremeños, que emigraron a otros lugares, se modera con el criterio de que también se puede acceder si se tienen familiares viviendo ya en Extremadura. Aplicado a los residentes extranjeros viene a ser una especie de procedimiento de arraigo o unificación familiar. Nada que se oponga a las leyes españolas en materia de inmigración; más bien lo contrario.

Incapaces de negar demasiado la evidencia, en otro punto los firmantes reconocen que la junta de Extremadura tiene “limitadas competencias ”para, promover acuerdos con países de origen. Así, a lo largo de todo el texto, hay compromisos de fomentar, promover, intentar, o similar. Se han aprobado directrices comunes políticas pero no jurídicas. No estamos ante un acuerdo que se vaya a concretar en gran medida en normas extremeñas en vigor, sino en posicionamientos de su gobierno. Básicamente la señora Guardiola se compromete a defender frente al gobierno de la nación y a su propio partido, los posicionamientos xenófobos de Vox en materia de inmigración.

Siendo rigurosos, sí es cierto que en un puñado de apartados se habla de medidas concretas que adoptará el gobierno o el parlamento extremeño. Sucede así, sobre todo, en materia de protección al medio ambiente que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Lamentablemente, los partidos firmantes quieren cambiar las leyes de protección ambiental, de caza, de pesca y de espacios naturales, siempre fomentando el desarrollo desaforado y reduciendo la garantía del medio ambiente. Ahí podrán causar daños irreversibles. Sin embargo, en materia de migraciones y extranjería, por ahora, la falta de competencias hace imposible que desde Extremadura se amenace a la igualdad y los derechos humanos.

Esta vez disparan las salvas con munición de fogueo, pues. Pero estos fuegos artificiales son un anuncio de lo que podría pasar si tras las elecciones generales, se llegara a un acuerdo similar en el gobierno de España. Lo que anuncia ahora el Partido Popular es que está dispuesto a poner en marcha una legislación extremista y xenófoba si algún día su líder llega a la Moncloa. En este sentido, las aspiraciones que se reflejan en el acuerdo van mucho más allá de lo que prevén las normas en vigor en la mayoría de países europeos. Las reglas sobre inmigración y extranjería que le gustaría aplicar a la alianza entre populares y VOX solo tienen parangón, si acaso, en las de gobiernos extremistas, como los de Hungría o Polonia.

Más allá, las ideas que de pronto ha abrazado el que hasta ahora era un partido conservador democrático (de centroderecha, en su propia denominación) son en gran medida inconstitucionales. Algunas ideas que no se ha atrevido a plasmar de modo vinculante en el acuerdo, pero que defienden al presentarlo públicamente suponen una auténtica discriminación por origen prohibida por la constitución.

Si el partido popular en esta nueva deriva xenófoba llegara al poder en próximas elecciones generales, solo podría aplicar este programa que ahora anuncia modificando previamente la Constitución y reduciendo el ámbito de protección en España de los derechos fundamentales. Está por ver si se atreverán a tanto, pero este acuerdo anuncia un cielo muy oscuro para los derechos humanos en nuestro país.