La sentencia que cambió la frontera de Ceuta

El “efecto llamada” no fue la regularización de inmigrantes. Fue una decisión del Tribunal Supremo. Es una sentencia muy corta, solo 13 folios que pasarán a la historia. Se ha escrito mucho sobre la crisis de Ceuta, sobre el papel de Marruecos, sobre la deficiente gestión del Gobierno. Muy poco sobre el origen jurídico con el que todo empezó.

El 29 de junio de 2026, un mes antes del colapso de la frontera en Ceuta, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recortó las “devoluciones en caliente”: una polémica excepción legal que solo se aplica en Ceuta y Melilla y que permite devolver inmigrantes a Marruecos por la vía rápida, sin las mismas garantías humanitarias que sí se aplican en el resto de las fronteras de la Unión Europea.

El origen legal de esas devoluciones en caliente está en una crisis anterior: la tragedia del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. Alrededor de doscientos inmigrantes trataron de entrar en Ceuta a nado. La Guardia Civil, esta vez sí, recibió la orden de disparar con material antidisturbios: pelotas de goma, botes de humo y salvas detonadoras. Murieron 14 personas ahogadas. Veintitrés llegaron a tierra, pero la Guardia Civil las devolvió desde la propia playa, saltándose todos los protocolos legales.

La catástrofe en el Tarajal acabó en los tribunales. Estaba en cuestión la responsabilidad de los agentes que dispararon las pelotas de goma –acusados de homicidio imprudente, aunque finalmente fueron exculpados– y también la forma en que se devolvió a los supervivientes que nadaron hasta la playa.

El Gobierno de Mariano Rajoy zanjó el tema un año después. En marzo de 2015 aprovechó otro trámite parlamentario –la aprobación de la infausta ley mordaza– para colar por la vía rápida una importante modificación de la ley de extranjería. Se trata de una disposición adicional que establece un “régimen especial” solo para Ceuta y Melilla: en estas dos ciudades, se puede devolver por la vía rápida a aquellos extranjeros que “intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.

El PSOE y otros partidos de la oposición recurrieron esa reforma ante el Tribunal Constitucional, que en 2021 la avaló. Las polémicas devoluciones en caliente también llegaron en 2020 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también las respaldó. Entre sus argumentos a favor de las devoluciones en caliente, el TEDH subrayó la especial situación de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Y que estos intentos de entrar en España se producían en grandes grupos y con violencia, lo que justificaba esta respuesta.

Pedro Sánchez recurrió ante el Constitucional las devoluciones en caliente cuando estaba en la oposición. Al llegar al Gobierno, mantuvo esa ley y la aplicó. Desde el PSOE ahora justifican este giro con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Si derogamos las devoluciones en caliente, la situación de Ceuta y Melilla sería crítica”, aseguran fuentes del lado socialista del Gobierno.

No ha sido este el único cambio radical de opinión.

Hace diez años, nadie podía imaginar que quien acabaría recortando las polémicas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla no sería el primer gobierno progresista de coalición, ni tampoco la muy garantista justicia europea. Para sorpresa de todos, este cambio ha llegado de un tribunal de mayoría conservadora en el Supremo español.

Cuando se mira quién firma esta sentencia, la sorpresa es aún mayor.

Los nuevos progresistas

El ponente de la reciente sentencia del Supremo que acaba de recortar las devoluciones en caliente es Fernando Román García. ¿Un peligroso juez izquierdista? No. Antes fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el número dos de Gallardón.

El presidente de la sección en el Supremo que aprobó la sentencia es Carlos Lesmes. El nombre no te suena por su activismo en defensa de los inmigrantes. Antes fue director general de Justicia en el Gobierno de Aznar y, más tarde, presidente del CGPJ durante el Gobierno de Rajoy.

La sentencia fue aprobada con el voto unánime de los cinco magistrados de la sección. Junto a Román y Lesmes, hay dos asociados a Juezas y Jueces para la Democracia y una de la conservadora APM. Tres a dos, a favor de la derecha.

Que dos magistrados de JJPD recorten las devoluciones en caliente es algo esperable. Esta asociación progresista siempre las cuestionó, e incluso se pronunció en contra de la sentencia del TEDH que las blindó. Pero que dos ex altos cargos del PP recorten una reforma del PP es algo más raro de ver.

Fuentes jurídicas aseguran que el debate antes de esta sentencia fue intenso. Carlos Lesmes era el más crítico con el texto de la sentencia, aunque finalmente la aceptó. Y quien con más vehemencia defendía recortar las devoluciones en caliente era Fernando Román: secretario de Estado del mismo Gobierno que aprobó esa reforma de la ley de extranjería.

¿Y qué dice esta nueva sentencia del Supremo? Prohíbe las devoluciones en caliente cuando se entra a nado, tras un recurso presentado por un inmigrante argelino. A juicio del Supremo, esas devoluciones en caliente no son legales, ya que la ley habla de “elementos de contención fronterizos”. Y en el mar no hay vallas.

Es curioso el argumento, teniendo en cuenta que esta reforma se aprobó precisamente tras la devolución ilegal de esos 23 inmigrantes que entraron a nado en Ceuta en 2014, en la tragedia del Tarajal. De hecho, la propia reforma sirvió para exonerar de prevaricación a los guardias civiles que participaron en aquella devolución.

En su recurso ante el Supremo, la Abogacía del Estado argumentó que sí hay “elementos de contención” para evitar las entradas a nado: las cámaras térmicas, los drones o el propio espigón. Para el Supremo, esto no cuenta como barrera.

Tras la enorme crisis desatada el 30 de julio en Ceuta, ha sido el propio Supremo quien ha explicado al Gobierno cómo cumplir con la sentencia: basta con instalar unas boyas alargando la línea de frontera desde el espigón para que se consideren “elementos de contención”.

“Todo este lío para que baste con poner una cuerda”, asegura una fuente del Gobierno. Por resumirlo: si un inmigrante sortea por la vía vertical los obstáculos –saltando la valla– sí se le puede expulsar de forma inmediata. Pero si lo hace por la vía horizontal –rodeando a nado el espigón– ya no.

¿Te imaginas –en un suponer– qué habría pasado si esta misma crisis –80.000 personas entrando de golpe en Ceuta, 141 muertos– se hubiera producido durante un gobierno del PP, tras una sentencia aprobada por dos ex altos cargos del PSOE? ¿Qué habría dicho la derecha?

Y una segunda pregunta: ¿habría redactado el Tribunal Supremo esta misma sentencia si en el Gobierno estuviera el PP?

El papel de Marruecos

La noticia sobre el fin de las devoluciones en caliente para quienes entraban a nado se disparó por las redes sociales marroquíes y alentó las primeras llegadas a Ceuta. Así lo recogían varios informes previos que –sin anticipar la magnitud de lo que venía– sí alertaron del aumento de las entradas a nado a raíz de la sentencia.

Pero esta decisión del Supremo, por sí sola, no explica todo lo que pasó. Y en este episodio en concreto, falta por conocer mucho más: si hubo quien manipuló las redes sociales para propagar ese mensaje. Y lo más importante: a qué se debió la inacción de los gendarmes marroquíes en la frontera durante tantas horas.

Los que primero entraron a nado ese día en Ceuta, equipados con flotadores, aletas o neoprenos, lo hicieron impulsados por las noticias sobre la sentencia o por grupos en redes donde se explicaba que “si vas nadando te quedas en España”. Los que llegaron después –por decenas de miles– no sabían nada del Supremo o del cambio con las devoluciones en caliente, según explican varios testimonios recogidos por elDiario.es. Fueron a Ceuta porque les contaban en las redes que la frontera estaba abierta: que los gendarmes marroquíes no estaban parando a nadie.

En el Gobierno, en privado, manejan tres hipótesis para las que dicen carecer aún de pruebas concluyentes.

La primera, que esa inacción de la policía marroquí se deba al volumen de la oleada. Tampoco los policías españoles plantaron cara: porque eran demasiados.

La segunda, que esa inacción responda a una operación de alguna de las corrientes de poder dentro del régimen marroquí, sin autorización ni orden expresa del rey. En un momento delicado para Marruecos, que pronto tiene elecciones.

La tercera, que la operación fuera autorizada por Mohamed VI, pero que, viendo la dimensión de lo ocurrido, después diera marcha atrás.

Pero Sánchez tiene un problema grave: casi nadie en España cree que 80.000 personas se puedan desplazar hacia Ceuta sin el conocimiento o la autorización del régimen autoritario marroquí. Y esto es algo transversal. La derecha no se fía de Marruecos por su rechazo a la inmigración. La izquierda, por el Sáhara.

Al mismo tiempo, el Gobierno no puede solucionar el problema actual sin la colaboración de Marruecos.

La gestión de la crisis humanitaria –miles de personas sin hogar vagando por la ciudad– ha sido también pésima. ¿Qué habría dicho el PSOE si, ante una situación como esta, un Gobierno del PP hubiese pasado tantos días sin un solo campamento y con los vecinos teniendo que darles de comer o protegiendo a las niñas?

Por si fuera poco, tampoco falta la habitual presión contra el Gobierno desde los aparatos del Estado. Como también se demostró esta semana con el episodio del famoso informe policial.

En resumen: una jueza exconcejal del PP pide un informe a una unidad dirigida por un exasesor del jefe de la brigada política del PP que concluye sobre Marruecos lo mismo que está diciendo el PP. La jueza ordena a la policía que no le diga nada al Gobierno, que acaba enterándose de que existe tal informe por la prensa. El presidente y casi todos sus ministros quedan en ridículo –o peor aún, como mentirosos– por una oportuna filtración que solo pudo venir de dos sitios: el juzgado o la comisaría, porque aún no se había dado traslado a la acusación popular.

Y solo llevamos una semana de esta nueva temporada electoral.

P.D. Una última cuestión. Lo de llamar “efecto llamada” a la sentencia en el arranque de esta carta es una pequeña provocación, una burla a ese lenguaje que siempre rechazaré. La verdadera razón por la que tantas personas se juegan la vida para cruzar una frontera nunca está en una sentencia o en una regularización. Siempre es otra: la enorme desigualdad.

Que no lo olvidemos nunca: quienes llegan a esas playas son personas que buscan un futuro mejor.